La jueza federal Laura Cosidoy sostuvo que no hubo ni hay “decisión política de combatir seriamente la droga” en la ciudad. La afirmación fue pronunciada a este diario en tren de ampliar el contenido de una acordada del Tribunal Oral en lo Criminal que ella integra por la cual avisaron formalmente al gobierno provincial que el problema llegó a un nivel de complejidad “inédito y alarmante”.

“Fue como una culminación en nuestra decisión, porque no es la primera vez que ocurre, ocurre mas seguido de lo que la gente cree. Lo que queda es que cada uno levante el sayo que se le caiga. Realmente nosotros no podemos investigar, somos un tribunal oral donde llega un juicio a juzgar con los elementos de la investigación ya culminados, como ciudadanos sabemos lo que está pasando con las drogas, que no se condice en absoluto con lo que a nosotros nos llega al tribunal” dijo a LT10 la magistrada.

El documento del Tribunal Federal Nº 1 está dirigido a Carlos Reutemann y a su ministro de Gobierno, Carlos Carranza, pero también a los fiscales del fuero. El motivo que llevó a Cosidoy y a sus pares Santiago Harte y Otmar Paulucci a redactarlo fue la árida cotidianeidad de villa La Lata que quedó expuesta en un juicio oral de finales de octubre.

Los jueces advirtieron que en ese asentamiento situado entre Corrientes, Garay, Presidente Roca y Rueda “se ha producido una alarmante difusión del comercio y consumo de sustancias estupefacientes”. La novedad de esa opinión estriba en la investidura de quienes la suscriben. Y ejemplificaron con los “serios impedimentos” que experimentó una brigada de policías federales encomendados a investigar un caso de narcotráfico. Por caso, citaron que los testigos civiles convocados para el procedimiento en cuestión fueron apedreados y amenazados de muerte por terceros que “procuraban impedir el accionar policial”, según reza el texto de la acordada.

“No conozco nombres de quienes están detrás del negocio, pero en este momento estoy hablando y levantando la voz, armando revuelo porque quiero conocer los nombres. Yo no puedo hablar de que esto esté enquistado en el poder provincial, está enquistado en todos los estamentos. En algunos casos se puede hablar de poder económico y en otros casos de corrupción. Creo que todos estamos involucrados en esto”.

En particular, fue el relato de una madre en el juicio oral lo que conmovió a los magistrados. Esta mujer contó “la facilidad con la que se obtienen estupefacientes” en ese asentamiento, y cómo eso propicia que “muchos jóvenes y niños, entre ellos sus dos hijos menores, hayan caído en la drogadicción y la delincuencia”. Esto se transforma en un caso muy parecido al de Norma Castaño en nuestra ciudad.

Ayer, la magistrada no tuvo ambages para declarar en diálogo telefónico con este diario que la advertencia que su tribunal envió al gobernador y a los fiscales ha sido un síntoma de que “el vaso rebalsó” y que la gota que lo hizo fue los extremos detalles de esos allanamientos en La Lata. “El relato de esa mujer fue conmovedor, como intolerables las dificultades presentadas a la policía en su accionar: testigos apedreados en un territorio prohibido. Es una situación tan grave que no podemos callarla. Pero antes de darlo a publicidad, lo comunicamos antes al gobernador”, señaló Cosidoy.

El jefe de policía pidió los cassettes de la audiencia en la que se denuncia lo anteriormente expuesto. Allí está la órden del ministro de gobierno para que se produzcan informes cada 2 semanas de la situación (esto lo encargó el ministro saliente, la jueza espera que esto tenga una continuidad).

La acordada del tribunal reclama al Ejecutivo provincial que tome cartas en el asunto. En una entrevista publicada el 29 de noviembre, el subjefe de la policía antidrogas provincial, comisario mayor Hugo Baigoría, justificó el crecimiento del narcotráfico con una teoría: la de la multiplicación de la venta de estupefacientes en cientos de pequeños distribuidores que, ante la crisis y el desempleo, hallan en eso una alternativa laboral. “Sí, también percibo ese fenómeno –concedió la jueza–; pero cuando no había crisis y la situación era distinta, no se fue al fondo de la cuestión”.

—¿Y qué implica «ir al fondo de la cuestión»?

—Tomar la decisión política de combatir seriamente la droga, de que haya
tareas de prevención serias y lugares de rehabilitación que existan realmente.

—¿Quiere decir entonces que eso no ocurre?

—Sí.

—¿Qué le hace concluir eso..?

—(Interrumpe) No se cuáles son los factores, pero se qué tipo de procedimientos nos llegan a los tribunales orales: causas con mucho cargamento de droga y un solo detenido, o seis detenidos y escasa cantidad de droga. Mientras tanto, seguimos desconociendo exactamente quiénes son los grandes distribuidores, el origen del delito.