En los últimos días se ha conocido un informe realizado por una ONG revelando datos sobre bienes y empleados de los legisladores nacionales. Esta clara acción en favor de una mayor transparencia institucional puede darse a nivel nacional a partir de la existencia de la Ley Nº 25.188 de Etica en el Ejercicio de la Función Pública y Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales, en la provincia de Santa Fe esta información está vedada.

El Diputado Provincial por el Nuevo Espacio Radical (NER) Hugo Marcucci, es autor de una iniciativa legislativa para adherir a dicha ley nacional (Expte. 11.955, de fecha 25/02/04). Este proyecto tenía un pedido de preferencia para ser tratado en la última sesión de la Cámara de Diputados, pero lamentablemente no fue habilitado para su tratamiento.

La adhesión a esta ley nacional –que tiene su origen en el artículo 36 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, prevé incorporar un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, deberes y pautas de comportamiento ético, un régimen de declaraciones juradas patrimoniales, antecedentes laborales y profesionales de los funcionarios, incompatibilidades y conflicto de intereses, un capítulo específico que regula el régimen de obsequios a funcionarios públicos, entre otras de gran importancia.

Pero fundamentalmente, establece que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, dejen de revestir el carácter de confidenciales y secretas como hoy sucede en nuestra provincia.

En Santa Fe sólo rige un Régimen de Declaraciones Juradas de Bienes de Funcionarios Públicos que se encuentra regulado por Ley Nº 7.089, que obliga a los funcionarios políticos de los tres poderes a presentar en sobre cerrado y lacrado sus declaraciones juradas; y el Decreto 584/1998, más reciente, que reglamenta aquella vieja ley, ampliando la nómina de funcionarios obligados, extendiéndolas a los organismos descentralizados y autárquicos, las fuerzas policiales y de seguridad, los entes reguladores y las empresas y sociedades del Estado entre otros.

En los primeros días de su nuevo mandato, el Ing. Obeid, dictó un Decreto mediante el cual se establecen algunas normas relacionadas con la declaración de bienes de los funcionarios policiales por un lado, y modificando el art. 2 del Decreto Nº 584/98 que establece quienes son los funcionarios alcanzados por la normativa por otro. Pero no deroga el artículo 16º del mismo Decreto, que establece el carácter confidencial y secreto de las declaraciones, ni mucho menos incorpora otros preceptos -de igual importancia-, establecidos en la legislación nacional.

Es por eso que hemos insistido con una nueva preferencia de cuatro semanas intentando convencer al justicialismo de la necesidad de poder contar con esta normativa en nuestra provincia.

Por esa razón es necesario que actuemos desde el plano institucional, pero también y fundamentalmente, desde el plano de la cultura política. Por un lado, poder concretar una legislación que obligue a los políticos a rendir cuenta de sus actos, a dar explicaciones del aumento injustificado de sus patrimonios, a abstenerse de realizar actos incompatibles éticamente con la función que desempeñan, etc.. Por otro lado, poder aumentar los grados de participación y control de los ciudadanos sobre el sistema de poder, jerarquizando las instituciones democráticas para incrementar la calidad y la eficiencia de la política.