El fallo fue emitido desde un tribunal de El Cairo y ordena la prohibición de las actividades de la influyente cofradía islamista en Egipto, su organización no gubernamental y cualquier grupo que derive de ellos y esté financiado o reciba apoyo o subvención de ellos. Los fondos y propiedades de la Hermandad y sus respectivas organizaciones serán administrados por un comité creado por el Consejo de Ministros, según ordena la sentencia, que es apelable.

La decisión deja a la Hermandad, que hace sólo tres meses controlaba el gobierno, con el presidente y la mayoría de ministros salidos de sus filas, en una situación aún peor que bajo la gestión del ex presidente Hosni Mubarak, que la reprimió durante los treinta años que estuvo en el poder hasta ser depuesto, en 2011. El Tribunal de Asuntos de Urgencia de El Cairo justificó su decisión señalando que la organización utiliza el Islam para dar cobertura a sus actividades contradiciendo el verdadero Islam e infringiendo las leyes.

En su justificación, el tribunal también sostuvo que durante el gobierno “arrogante” de Mursi, que perteneció a la organización islamista hasta que accedió a la presidencia –el 30 de junio de 2012–, las condiciones de los egipcios empeoraron. La Hermandad Musulmana calificó el fallo de totalmente político y un acto de venganza, que permite seguir con los arrestos de los líderes islamistas bajo la excusa de que mantienen sus actividades pese a la prohibición.

Islam Taufiq, miembro de la oficina de prensa de la Hermandad, dijo que la organización va a apelar la sentencia, tras denunciar que fue emitida “por un tribunal no competente”, ya que debería haber dictado el fallo una corte administrativa. El pronunciamiento del tribunal se produjo en el marco de una denuncia presentada por el partido izquierdista Al Tagamo, cuyo miembro Mahmud Abdallah mostró su “satisfacción”, tras conocer el fallo.

“El juicio confirma que la Justicia egipcia es el escudo que nos protege de cualquier peligro”, afirmó ante una multitud de periodistas el abogado, que agregó que “la Hermandad pagó el precio de su comportamiento desviado contra el pueblo”. Según Abdallah, la orden judicial emitida ayer afecta también al brazo político de los Hermanos Musulmanes, el Partido Libertad y Justicia (PLJ), que estuvo liderado por Mursi y se ubicó como principal fuerza política tras la revuelta que depuso a Mubarak.

El grupo islamista, de gran influencia en la región, acostumbrado a trabajar en la clandestinidad, tuvo una serie de encuentros y desencuentros con el poder desde su fundación, en 1928, por Hasan el Bana, bajo el lema “El Corán es nuestra Constitución y el profeta nuestro jefe”. Fue ilegalizado en 1954 por el líder egipcio Gamal Abdel Nasser, situación que se mantuvo durante el gobierno de Mubarak (1981-2011), cuando estuvo semitolerado e inclusive logró 88 escaños de candidatos que concurrieron como independientes en las elecciones legislativas de 2005.

Desde el derrocamiento de Mursi, los islamistas reclaman su retorno con marchas y campamentos que fueron duramente reprimidos por el gobierno de facto, lo que causó centenares de muertos.