No hace falta reiterar en detalle los problemas que la inflación en niveles elevados e impredecibles le genera a una economía: mayor pobreza, aumento de la desigualdad, menor inversión y pérdida de competitividad, entre otros. Tarde o temprano, ello deriva en menor crecimiento y un desarrollo rezagado. A varios, particularmente en el campo oficialista, esto les parecerá falso, teórico o sesgado. A esos escépticos quizás les convenga, entonces, concentrarse en los dos grandes problemas que el gobierno está intentando resolver: la continua demanda de dólares y el crecientemente impagable costo que acarrea el sistema de subsidios de los servicios públicos que beneficia principalmente a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Detrás de ambos inconvenientes se esconde una misma causa: la inflación.

A fines de 2004 la moneda estadounidense valía 3 pesos; hoy vale 4,30. Ello significa que ha tenido una suba acumulada del 40%, lo que equivale a tan sólo un 5% por año. Es casi imposible encontrar algún otro bien cuyo precio haya crecido menos. Así, exportar es cada vez más difícil e importar cada vez más barato, aunque las autoridades se empeñen en dificultar el ingreso de mercadería a nuestro país. Con precios locales que continúan subiendo, el dólar deberá indefectiblemente aumentar su valor.

Durante estos años la economía ha crecido fuertemente, millones de compatriotas están mejor, y muchos tienen mayor capacidad de ahorro. Sin embargo, no existe ningún lugar fácilmente accesible donde destinar ese ahorro para preservar el poder de compra, ya que la tasa de interés de un plazo fijo resulta negativa. En ese marco resulta entendible que el dólar, con su sesgo alcista, se transforme en la inversión elegida. Al llevar el tema a las tapas de los diarios y desviar esa demanda al mercado paralelo, la respuesta de política económica implementada por el Gobierno sólo consiguió elevar en el corto plazo el frenesí y confirmar las sospechas respecto de la evolución natural del dólar a futuro.
Parecidos, pero diferentes

Hay una sola cosa cuyo valor ha subido menos que el del billete verde en todos estos años: las tarifas de los servicios públicos, al menos para algunos afortunados. En un contexto fuertemente inflacionario, los costos de producción de esos servicios sí se han incrementado. pero lo que abonan esos usuarios ha permanecido constante. La diferencia creciente entre ambos componentes va generando un déficit cada vez mayor, que se cubre mediante subsidios crecientes. El monto total del que el Estado debe hacerse cargo por esta vía pasó de $1.500 millones en 2003 a $15.000 en 2007, es decir que se multiplicó por un factor de diez. Y desde entonces lo hizo por cinco, hasta alcanzar los $75.000 millones del año en curso, nada menos que cincuenta veces el volumen original.

Durante un tiempo, la mayor disponibilidad de recursos fiscales -ya sea por el precio creciente de la soja, por la estatización de las AFJP y el uso de los fondos de ANSES, o por la utilización de las reservas del BCRA- permitió no sólo financiar el dislate de los subsidios para ricos sino también ocultar el costo social de la inflación en términos de pobreza e indigencia. Y ello, junto con el colchón de competitividad y rentabilidad de ciertos sectores, brindaba un reaseguro en lo que hacía a los ingresos reales y el poder adquisitivo de gran parte de la población, aún con fuertes aumentos de precios. Hoy esos elementos no existen o tendrán cada vez menos entidad, por lo que guiarse por cómo ha funcionado la economía en el pasado constituye un serio riesgo. Quienes discrepan con esta visión o minimizan el efecto macroeconómico de la inflación, harían bien en notar que las dos cuestiones que los mantuvieron desvelados en el último mes -dólar y subsidios- fueron ocasionadas ambas por la dinámica inflacionaria.

En estos días hubo algún revuelo porque la Presidenta utilizó finalmente la palabra inflación en un discurso. Cada analista hizo su interpretación. Algunos entendieron que vendría una etapa de ajuste. Otros advirtieron a los primeros que no habría ningún cambio de rumbo y que el combate al aumento de precios no devendrá en eje de la política económica. Demasiada dispersión, injustificados desacuerdos. Y todo por apenas una única y escueta mención. Muy poco para el principal problema de nuestra economía.