Un serio problema aqueja a productores del Noroeste Santafesino, concretamente a pequeños productores del departamento Nueve de Julio que están siendo desalojados de sus tierras y en otros casos con remates judiciales.

Según los relatos, desde hace 10 años aproximadamente empezaron a aparecer juicios iniciados por empresas y particulares contra pequeños productores que por años han estado viviendo y ocupando tierras, de las cuales hasta esa fecha nunca se habían conocido dueños. Las demandas se iniciaron reclamando la posesión de esas tierras, acompañadas de escrituras que desde lo legal no parecen tener objeciones, pero que desde lo social han ido acarreando graves problemas, como es la expulsión de muchas familias que de la noche a la mañana debieron abandonar esos campos, que por generaciones ocuparon, llegando en varios casos a ocupaciones de más de 50 años.
Existen algunos casos paradigmáticos como por ejemplo Los Algodonales, en el Distrito Gregoria Pérez de Denis, con 30 mil hectáreas propiedad de un grupo extranjero, con cerca de 70 familias que reclaman parcelas ya que por años han vivido allí. En su gestión (que terminó en el 2011) el senador Hugo Terré impulsó un proyecto de Colonización que hoy busca aprobación de la Legislatura.

Pero mientras esto transita el camino parlamentario, existe un caso que generó la movilización de los productores, que evitaron el remate de un campo el pasado martes 22 de mayo. Se trata de tierras ubicadas en El Palmar. Son alrededor de 15 mil hectáreas ubicadas en el distrito Gato Colorado y que hoy son reclamadas por un abogado -otrora militante en la Federación Agraria-, quien según las versiones 5.000 hectáreas ya estarían en manos del mismo.

Por las restantes 10 mil hectáreas, ese abogado -según las referencias- mantendría litigios judiciales con varios productores de la zona, entre ellos la familia de Jorge Barberis.

Según relata el periodista de Tostado, Miguel Rosales, sobre la base de testimonios obtenidos, muchos productores fueron desalojados por la fuerza y otros amenazados, para obligarlos a irse. Muchos se fueron y de los pocos que resistieron, solo un minúsculo grupo pudo contratar abogados para que los representen.

Según relata Rosales, los productores se quejan además que la Justicia no ha sido igual para todos. En el Juzgado Penal de Tostado existe una denuncia donde estaría probado que la mano de obra “sucia” contratada para desalojar a productores amedrentándolos utilizaba armas de fuego. Rosales cuenta que “hace un año aproximadamente el fiscal actuante, Dr. José Antonio Mántaras pidió que el abogado en cuestión prestara Declaración Indagatoria por este tema, pero nunca se le hizo lugar a esa petición”. Por otra parte, en la Cámara Civil de Rafaela están a definición varios de los juicios a los productores.

El periodista Miguel Angel Rosales reflexiona que “esta problemática de la posesión de las tierras nunca fue abordada desde el Estado, que creo es quien puede dar un ordenamiento general y evitar situaciones injustas, porque si bien desde lo documental (escrituras, títulos, etc) pueden ser todos de buena fe, también es cierto que cientos de productores vivieron y defendieron esas tierras soportando las más terribles inundaciones, las peores sequías y todo lo que significó vivir en el norte cuando no había caminos, salud, etc”.

La semana pasada un grupo de productores evitó el remate del campo de Jorge Barberis, mientras que la Delegación Villa Minetti y Gato Colorado de la Federación Agraria Argentina junto con la CTA Tostado y Reconquista, Campesinos Autoconvocados del Noroeste Santafesino, AMSAFE 9 de Julio entre otras organizaciones repudiaron el accionar de la policía de Tostado que reprimió a quienes protestaban por el remate e impidió el acceso a la prensa al recinto del remate a pedido de la jueza interviniente quien, según testimonios periodísticos habría manifestado que en cuarenta días llevaría a cabo el remate a puertas cerradas.