El ex secretario de Transporte tendrá que explicar ante el juez Casanello y el fiscal Rívolo cómo hizo para conseguir una fortuna que no se condice con los ingresos obtenidos mientras fue funcionario público.

 

 

Si Ricardo Jaime no presenta ningún recurso de último momento y con la intención de suspender la indagatoria, hoy a media mañana, tendrá que sentarse a declarar como sospechoso del delito de enriquecimiento ilícito frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo.

La investigación por el aumento de los bienes de Jaime -mientras ocupó durante seis años la secretaría de Transporte del kirchnerismo- comenzó en 2008. Hasta octubre de 2012 el caso estuvo en manos del juez Norberto Oyarbide, quien le otorgó a Jaime una enorme cantidad de tiempo para llamarlo a indagatoria. De hecho nunca lo hizo. Fue Casanello quien un año después de llegar al juzgado y luego de los resultados de un peritaje contable, lo llamó a indagatoria.

A Jaime, y a sus testaferros más cercanos: sus hijas, su hermano, su ex pareja, las hijas de ella y su ex suegra. El fiscal le imputó a Jaime y a sus testaferros no poder justificar una suma cercana a los 12 millones de pesos. Y eso es solo considerando lo que pudieron comprobar: es decir lo que se pudo hallar en resúmenes de tarjetas, facturas, etc, etc. La Justicia sospecha que Jaime manejó dinero -en negro, producto de “alegrías” que le daban los empresarios del Transporte- por cifras superiores a esos 12 millones. Mediante varias chicanas procesales Jaime pospuso el resto de las indagatorias de sus familiares/testaferros que debían declarar antes que él. Hasta el viernes pasado no había presentado nada para no declarar en indagatoria.

Autos, un yate, un avión, casas de fin de semana en countries de Córdoba y San Isidro, son algunos de los bienes que la Justicia detectó en manos de Jaime y de sus testaferros. Un peritaje ratificó las sospechas de Rívolo: para un contador de la Corte Suprema de Justicia y una contadora de la fiscalía, Jaime se enriqueció de manera injustificada.

Los empresarios del transporte están sospechados de haber aportado dinero a las arcas familiares de Jaime mientras el ex funcionario relajaba los controles sobre las empresas encargadas de prestar los servicios públicos que estaban bajo su supervisión.

Uno de esos aportes hechos por empresarios llevó a indagatoria hace dos semanas a dos abogados ligados a la firma Trenes de Buenos Aires (TBA), que explotaba la concesión del ferrocarril Sarmiento cuando se produjo la Tragedia de Once. Los abogados Carlos Lluch -encargado de operaciones delicadas de la empresa TBA- y Raúl Viola fueron indagados por Casanello, quien investiga la compra de un yate por valor de un millón de dólares. Esa embarcación habría sido usada por Jaime y se sospecha que los abogados intervinieron en la operación. Viola señaló a Lluch como el responsable de la operación. Y Lluch dijo que lo hizo para un empresario uruguayo llamado Ángel Campiotti. Campiotti es un nombre que aparece en investigaciones por lavado de dinero en Uruguay. Suena raro que un uruguayo haya encargado el yate, jamás lo haya visto y que el autorizado a retirarlo del astillero que lo construyó era nada menos que Manuel Vázquez, testaferro y hacedor de negocios oscuros de Jaime.

Casanello quiere saber más del yate y por eso mandó exhortos a Panamá para conseguir información sobre una de las sociedades cáscara que está detrás de la empresa con sede en Estados Unidos que aparece en la operación de compra del yate. A Casanello se le juntan dos casos de alto impacto en la misma persona: Asterio Caballero Ibarra. Ese panameño aparece tanto en una de las sociedades vinculadas a la compra del yate como al entramado de lavado de dinero por el que está investigado el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Los dos expedientes los tiene Casanello. El juez que, si todo sale como fue ordenado, tendrá que indagar a Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito.

 

 

Fuente: Infobae