La realidad de nuestro país en los últimos años nos muestra un crecimiento exponencial del fenómeno del narcotráfico y de la violencia asociada a la criminalidad compleja.

 

 

El crecimiento abrupto y sostenido de la violencia y los homicidios en algunos grandes centros urbanos del país dispara una pregunta central: ¿Por qué?

 

Ante una pregunta tan concreta y compleja a la vez, se han escuchado una amplia gama de argumentos, algunos bastante convincentes, muchos manifiestamente simplistas u oportunistas. Lo cierto es que como sucede en la mayoría de los fenómenos sociales, el narcotráfico y la violencia es consecuencia de una combinación compleja de factores estructurales y aspectos coyunturales.

 

Entre las raíces estructurales del fenómeno sin dudas podemos mencionar las de índole social: el aumento de las desigualdades en los últimos 30 años, la falta de oportunidades de vida digna para toda una generación de jóvenes, las deficiencias del sistema educativo, la pobreza, y las paupérrimas condiciones de vida en las villas y asentamientos. Por ello, estamos convencidos de que la mejor política contra las drogas es la política social.

 

También es cierto que decenas de miles de causas desbordan las capacidades propias de los juzgados de todo el país, lo que dificulta no sólo la determinación de responsabilidades penales en casos específicos, sino también el desarrollo de investigaciones complejas que permitirían enfrentar las grandes redes de tráfico y desarticular las estructuras económicas que las sustentan.

 

Por ello, en el entendimiento de que nuestro sistema judicial debe contar con las herramientas, estructura y recursos humanos necesarios para hacer frente al preocupante fenómeno de la narcocriminalidad, presentamos un paquete de tres leyes en el Senado de la Nación como aporte al abordaje del problema.

 

1- Ley de Extinción de Dominio sobre los Bienes Provenientes del Narcotráfico.
El decomiso de las ganancias y riquezas provenientes del narcotráfico se presenta en un número relativamente bajo de sentencias condenatorias. Las investigaciones que avancen sobre el poderío económico de la criminalidad organizada siguen siendo en este sentido una deuda pendiente.

 

En este marco, es imprescindible implementar herramientas legales que, sin renunciar a la persecución penal de los criminales, avancen sobre las riquezas generadas por esta actividad ilícita y favorezcan la recuperación de dichos bienes para el Estado.

 

Y en esta estrategia cobran sin dudas especial protagonismo nuevas e innovadoras herramientas de política criminal como la de extinción de dominio, que ya se aplica en varios países de la región, acción de carácter autónomo que implica la pérdida del derecho de propiedad a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular cuando se acredite (con criterios probatorios menos estrictos que el decomiso penal) que los bienes o ganancias proceden directa o indirectamente de una actividad ilícita.

 

2- Ley de Creación de Tribunales Federales con Competencia en delitos relativos al Narcotráfico.

 

El número creciente de casos de narcotráfico y su complejidad ha provocado un volumen crítico de causas que se acumulan en juzgados que no cuentan con la infraestructura y recursos humanos para avanzar con las causas y determinar las responsabilidades penales.

 

Resulta entonces imposible para jueces y fiscales atender los requerimientos de procesos por delitos comunes y, al mismo tiempo, abordar investigaciones relativas a la criminalidad compleja.

 

La creación de una jurisdicción específica, con recursos humanos especializados e infraestructura adecuada para hacer frente a esta problemática, permitiría que nuestro sistema judicial pueda dedicarse con mayor celeridad y eficiencia para abordar estos casos.

3- Derogación de la Ley 26.052 de Desfederalización de los delitos vinculados al llamado “narcomenudeo”.

 

La sanción de la Ley 26.052 de 2005 ha permitido, mediante un inusual mecanismo de adhesión, la asignación a las jurisdicciones provinciales de competencias para la persecución y juzgamiento de algunos de los delitos de menor entidad previstos en la Ley de Estupefacientes.

 

Sin embargo, a lo largo de los casi 9 años de vigencia de la ley, su fracaso ha sido más que evidente. Así lo indica la experiencia de la Provincia de Buenos, que motorizó la ley que habilitó la transferencia de dichas competencias. Las cocinas y el tráfico continuaron aumentando, se reforzó la selectividad del proceso penal con la criminalización de los adictos, pero no se avanzó en el aspecto preventivo ni se facilitó la persecución penal de los traficantes.

 

Tal como lo sostuviéramos al fundar nuestro voto negativo a la ley durante la sesión del 6 de octubre de 2004 en el Senado, este instrumento legal no tuvo ni tiene ninguna incidencia en la prevención o reducción de los delitos de drogas, habilitando peligrosamente además una potencial nueva “caja negra” para la corrupción de las fuerzas policiales, y produciendo más saturación en la justicia local.

 

La complejidad de los delitos que abarca el narcotráfico, sumado a los efectos de naturaleza interjurisdiccional que produce, y a la afectación de la salud y la seguridad pública de la Nación, nos reclaman la plena vigencia de la jurisdicción federal en materia de delitos relativos a los estupefacientes como camino para enfrentar este flagelo que afecta a todo el país.

 

Sin la coordinación de los tres niveles del Estado –Nación, provincias y municipios- a través de las fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales, y sin la coordinación de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, nos seguirá ganando el delito.

 

Con estos tres proyectos de ley, realizamos un aporte desde el Congreso de la Nación al abordaje de una cuestión que está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

 

 

 

Fuente: Prensa senador Giustiniani