La denuncia efectuada contra la Administración del ex Gobernador Reutemann, fue realizada el 23 de Julio de 2004 en la ciudad de Buenos Aires

El relato de lo sucedido, lo efectuó en el día de ayer, el Diputado Marcelo Brignoni, quien participó de la conmemoración del segundo aniversario de la inundación de Santa Fe, realizada frente a la casa de Gobierno Provincial, donde más de cinco mil santafesinos reclamaron Juicio y Castigo a los responsables, y derechos plenos para los inundados que reclaman su resarcimiento, ante la absurda decisión del Gobierno Provincial, de limitar los derechos constitucionales de los afectados que reclaman daños y perjuicios por la evidente desidia del Estado Provincial en la catastrofe, causal principal del ingreso de las aguas del Río Salado a la capital provincial

Brignoni también exigió ayer el inmediato procesamiento de los responsables de lo sucedido, ante la pasividad del Juez De la Torre, interviniente en la causa y “escrachado” recientemente por las organizaciones de inundados ante su falta de acciones en la causa judicial, y pidió la reanudación de la investigación ante la denuncia efectuada ante la oficina anticorrupción nacional, por presuntos manejos irregulares de fondos públicos atribuidos al ex Gobernador Reutemann.

Esa investigación había sido cerrada por pedido del Ministro Rossatti, de quien depende la oficina, en Noviembre pasado, pero no pudo consumarse ante la negativa del Juez De la Torre, a quien le remitieron la investigación desestimada, de asumir el costo de esa decisión.

Marcelo Brignoni relató lo que habría sucedido en la Oficina Anticorrupción de la Nación, dependiente del Ministro de Justicia Horacio Rossatti, en relación a la denuncia que pesa sobre el ex Gobernador Reutemann, por presuntos manejos irregulares de fondos públicos, lo que incluso motivó un pedido de informes de Brignoni, el que no ha sido tratado aún por la Cámara de Diputados.

En tal sentido el Legislador Provincial señaló “…el día Viernes 23 de Julio de 2004 fueron denunciadas ante la Oficina Anticorrupción de la Nación presuntas irregularidades en la aplicación de fondos nacionales destinados a paliar las consecuencias de la inundación del Río Salado en la Provincia de Santa Fe, durante el año 2003. Esa carpeta designada con el número 3926 de la O.A. se inició con una presentación que denunció que los fondos que la provincia de Santa Fe recibió del gobierno federal con motivo de la inundación de Abril de 2003 habrían sido, en parte, malversados. El denunciante señaló que la ley 25.735 declaró zona de desastre a varias localidades de la provincia de Santa Fe y dispuso una partida del presupuesto nacional de 150 millones de pesos, pero que el Comité de Emergencia Hídrica provincial utilizó una parte de los fondos federales transferidos para otras localidades distintas de las previstas en su afectación legal. Rosatti a sume como Ministro de Justicia de la Nación el Lunes 26 de Julio de 2004…”.

Brignoni prosiguió “…abierta la carpeta de investigación, el Dr. Carlos Alberto Carranza, invocando su carácter de ex Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, se presentó el 16 de septiembre de 2004 y reconoció que algunos gastos efectuados con recursos provenientes de la Nación “no encuadran conforme a su ubicación geográfica en la zona de desastre”, pero justificó los mismos invocando la necesidad de elaborar un “mecanismo de compensación” para cambiar la imputación de los gastos.

Al respecto, alegó que habría existido un desfasaje temporal entre la decisión del gobierno nacional de constituir un fondo para la emergencia y la llegada efectiva de tal dinero, por lo que las necesidades de la emergencia debieron ser atendidas con recursos del presupuesto provincial; y, posteriormente, cuando llegaron los fondos de origen nacional, fue preciso cambiar la imputación de los gastos. Carranza manifestó también que apenas advertidos los referidos defectos de imputación presupuestaria, se efectuaron las correcciones necesarias antes del cierre del ejercicio contable, lo que claramente n es cierto, y que, por otra parte, no se trataba estrictamente de “fondos nacionales” pues los mismos habían sido dirigidos al espacio de gestión provincial.

Entendía, por ello, que no era materia de investigación para una oficina del Gobierno Nacional, y que, en todo caso, los antecedentes debían ser remitidos para su consideración al Juzgado competente de la Provincia de Santa Fe…”

Brignoni continuó “…el 10 de Noviembre de 2004, a pedido de Rosatti, y tal vez en devolución por los favores prestados , que se conocerían oficialmente 7 días después, el Fiscal de Control Administrativo, Daniel Emilio Morín, decidiría “archivar” la causa, después de enterarse de boca de Rosatti que sería designado en el cargo de camarista para la vocalía de la sala I de la Cámara Federal Porteña, en reemplazo de la fallecida jueza Luisa Aramayo, decisión materializada en el Mensaje N° 1576/04, del Poder Ejecutivo Nacional, solicitando acuerdo para designar como Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la Capital Federal al Doctor Daniel Emilio Morin, el hasta entonces Fiscal de Control Administrativote la Oficina Anticorrupción. Ese expediente, que se trató velozmente en la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional llevaba el Nº 741/04. Desde el 3 de Febrero de 2005, cuando el Senado sancionó favorablemente su pedido de designación, Morin es Juez de Cámara…”

Brignoni finalizó “…el 17 de Noviembre de 2004, siete días después de confirmarse el ingreso del pedido de “ascenso” de Morin al Senado de la Nación, el entonces Fiscal de Control Administrativo, Dr. Daniel Morín, por pedido del Ministro Rosatti, le da la razón a Carranza y dicta la Resolución O.A. nº 1047/04. Allí Morín señala que a fin de entender en lo expuesto, y dada la existencia de una causa penal en la justicia de Santa Fe donde se investigan hechos relacionados con la cuestión (Juzgado en lo Penal de Instrucción de la 7ma. Nominación de la ciudad de Santa Fe), este Fiscal de Control Administrativo decidió remitirle a dicho magistrado copia de las actuaciones, y archivar la carpeta de investigación de la O.A. Así se hizo, pero no todo les salió bien, y con fecha 30 de noviembre de 2004 el juez de instrucción provincial de Santa Fe Diego Andrés de la Torre devolvió la copia de las actuaciones a la O.A. entendiendo que no debía ser el, el que determinase la situación de una denuncia efectuada en otro lugar distinto a su juzgado, y fuera de la provincia de Santa Fe, ya que la causa dirigida a investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios provinciales y/o municipales en la figura del estrago culposo, con motivo de la inundación de abril de 2003, bastante dolores de cabeza le viene trayendo. En consecuencia, las actuaciones se encuentran nuevamente hoy, a consideración de la O.A., para resolver su eventual remisión al tribunal que por turno corresponda en la ciudad de Santa Fe. A partir del 16 de Diciembre de 2004, el nuevo fiscal de control administrativo de la Oficina Anticorrupción (OA), es Abel Fleitas Ortiz de Rozas, el abogado especialista en derecho de familia que reemplazó a Daniel Morín en el cargo de la Oficina del Estado responsable de investigar la corrupción dentro de las propias filas del Estado, quien asumió a través del Decreto Nº 1862 como FISCAL DE CONTROL ADMINISTRATIVO de la OFICINA ANTICORRUPCION. Tal vez Rosatti aún no haya hablado con Ortiz de Rosas de la protección a Reutemann, y de su propia protección…”

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