El ministro de Justicia de ese país, Ivo Opstelten, envió un proyecto de ley al Parlamento que obliga a los reos a pagar 16 euros por día para el cuidado de sus víctimas además de los costos de la investigación, el juicio y los gastos que generan en prisión.

“Las personas que fueron encontradas culpables de un crimen quebraron la ley, forzaron al gobierno a intervenir y deberían contribuir para costear esto”, dice el proyecto.

Los pagos podrán hacerse a plazo por un periodo de seis meses y se admitirán retrasos para las personas que no puedan pagar, dijo el funcionario, quien explicó que habrá montos más chicos para los padres de menores.

Ante ello, la Sociedad de Abogados de Holanda se opone totalmente al plan. “El prisionero promedio no tiene dinero y no podés pagar lo que no tenés”, dijo su vocero, Bert Fibbe.

El gobierno holandés, según informa el diario La Nación, espera recaudar 65 millones de euros por este impuesto. “Haciendo esto, Holanda sigue a otros países europeos que tienen sistemas similares”, aseguró el ministro, en referencia a Dinamarca y Alemania..

Cabe recordar que esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, mediante el cual un grupo de presos peticionó la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre.

Este fallo abre las puertas a una ola de presentaciones similares y posibilitaría que el sindicato de presos logre que todos los reclusos cobren aguinaldo y vacaciones

El juez Slokar, en el voto principal, indicó que “para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares, entre otros el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances, (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad”.

La presentación fue realizada a partir de un pedido del ciudadano ucraniano Yuriy Tiberiyevich Kepich, preso en la cárcel de Ezeiza, quien ya hizo planteos similares por el derecho a la comunicación con sus familiares y a recibir encomiendas.

También se encomendó al director del Servicio Penitenciario Federal para que durante la transición se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para que ajusten su actuación de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales. Y se dispuso comunicar el fallo a los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

 

Fuente: Infobae