DENUNCIAN DELITO
DE LESA HUMANIDAD.

SEÑOR JUEZ FEDERAL DE ROSARIO.

CARLOS RAZETTI, ARGENTINO, CASADO, POR PROPIO DERECHO, CON EL PATROCINIO LETRADO DE LOS DOCTORES ANGEL ENZO BALTUZZI, Y EDUARDO HUGO LAGO, AMBOS ABOGADOS DE LA MATRICULA, CONSTITUYENDO DOMICILIO, VIENEN POR EL PRESENTE, EN BASE A LAS CONSIDERACIONES QUE SE GLOSAN A CONTINUACIÓN, A SOLICITAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS SIGUIENTES HECHOS:

I.- HECHOS.

El día sábado 13 de octubre de 1973 las unidades básicas 12 Alberdi y Coronel Cogorno organizaron la “Cena del triunfo” ya que el general Juan Domingo Perón acababa de asumir la presidencia de la Nación. Luis Scarazzini, secretario de finanzas de la unidad básica 12 Alberdi, le pidió a al Dr. Constantino Razzetti, vicepresidente del Banco Municipal de aquellos años, que hablara en el acto que tuvo lugar en el club Sarratea, de Anchoris y Aráoz, con la presencia de aproximadamente 150 personas. Razzetti llegó a las 22, con su esposa, Nélida Gitrón, y uno de sus hijos, Luis. Los tres se sentaron en la cabecera de la mesa.

Una hora después, Scarazzini fue el primero en decir un discurso. Luego le siguió Razzetti, “señalando el lapso de los dieciocho años de resistencia y proscripción del peronismo, la continuidad historica entre San Martín, Rosas y Perón, y en especial exaltó a la Juventud Peronista” siendo el discurso más aplaudido de la noche, salvo por un grupo de comensales que permaneció de brazos cruzados, dada la alusión del orador a “los traidores y burócratas sindicales”. Dado que No obstante, el dirigente partidario captó la tensión en el ambiente. Al retornar a su asiento, se inclinó sobre su esposa.—¿Para qué me invitaron? — preguntó. Declara su esposa que “En la reunión él no estaba a gusto, al observar presencia de personas de distintas posiciones políticas dentro del movimiento peronista”.

A continuación habló Anita Fared, quien se presentaba como “asesora gremial de la rama femenina del Movimiento Peronista en todo el ámbito provincial” y que quedaría envuelta en una controversia con la familia Razzetti. A pedido del público, el diputado provincial Juan Lucero, conocido como fundador de las Fuerzas Armadas Peronista (FAP), y por impulsar la investigación de la desaparición de Angel Tacuarita Brandazza, cerró la lista de oradores.

La única discusión se produjo entonces, cuando Lucero sostuvo que no se debía pagar sueldos a los diputados. Una mujer “entre otras cosas le dijo «qué hace usted con el sueldo que percibe», originándose así un pequeño incidente entre dos o tres personas”, dijo Scarazzini.
Minutos antes de la 1 del domingo, los comensales comenzaron a retirarse.

Los Razzetti volvieron junto con Anita Fared y su esposo, Amado Mansilla, a quienes llevaron hasta San Lorenzo y Corrientes, y luego siguieron hasta su casa de San Lorenzo 2674.

Razzetti estacionó del lado de los números impares. Luis bajó con la llave de la casa y Nélida Gitrón fue a abrir el garaje. En ese momento, según declaró más tarde, escuchó “voces que hablaban con su marido”. Eran “voces fuertes, enérgicas”, agregó, en un diálogo crispado.
—¿Qué haces aquí? —preguntó Constantino Razzetti.

Había reconocido a alguien, pero la respuesta fue un balazo por la espalda. “Al darme vuelta para ver quiénes eran los que se encontraban hablando con mi marido sentí disparos de armas de fuego y vi a mi marido caído en el pavimento, con la cabeza debajo del auto. Todavía le seguían disparando”, dijo la Sra. De Razzetti. Pero la esposa de Razzetti pudo observar al asesino y dar su descripción,estableciendo que era un hombre morocho, más bien joven, alto y delgado. Vestía un gabán oscuro y a esa hora de la noche, en la cuadra apenas iluminada, pasaba desapercibido. El criminal se volvió hacia Nélida Gitrón y le hizo varios disparos, “que no lograron herirme por haberme tirado de inmediato al suelo”. Luego cruzó la calle y corrió hacia Callao, “uniéndose a esta fuga otro sujeto que apareció en la escena”. Finalmente subieron a Razzetti al auto, y al llegar al hospital, ya estaba muerto.

Si bien es cierto que oportunamente el hecho fue objeto de tratamiento judicial mediante expediente 911/73, terminando el expediente archivado y declarándose prescripta la acción en fecha 13 de Diciembre de 1993, no lo es menos que por tratarse de un delito intrínseca y esencialmente político, su tratamiento, si es que así podemos llamar al cumulo de inacciones, ineficiencias y omisiones acumuladas, no fue ajeno a los luctuosos acontecimientos que signaron aquella época.

Si analizamos la materialidad del expediente, la investigación del juez Iturraspe insumió apenas 138 folios. Existieron al menos cuatro (4) hipotesis de investigación. De ellas se investigo solo una, la que al obtener resultados negativos derivo directamente en el archivo de la Causa, abortando in limine cualquier investigación posterior de las otras tres posibilidades:

A Fs. 59 del Expediente se hace mención a un sobre dirigido a “Angelita PEREYRA” (Quien era una conocidisima militante de aquella epoca), domiciliada en calle San Juan 536. El mismo contiene un panfleto del Comando José Ignacio RUCCI. Si bien no se hace mención el texto del mismo, según pudimos ver mi madre, mi hermano y el presentante, se hacia cargo del homicidio de RAZETTI, en supuesta represalia del asesinato de José Ignacio RUCCI, en días anteriores. Lamentablemente, a fs 61 se solicita pericial scopcométrica, y a Fs 61 vuelta vemos que no se pudo hacer “por falta de elementos técnicos”. A FS 63, aparece el sobre, pero el contenido del mismo desaparecio para siempre. NUNCA DECLARO LA SRA. PEREYRA. Y NUNCA MAS SE INVESTIGO.

Las contradicciones internas del peronismo, no solo eran ideológicas, también se mezclaban con cuestiones personales. Quedo establecido en la Causa que “Es de conocimiento público que en cierta oportunidad (Constantino Razzetti) fue provocado por parte de (Antonio) Pizarro y Bonino en lo que respecta a la línea política”, declaró Carlos Razzetti ante el juez Iturraspe, y lo ratifica ahora con un agregado: PIZARRO era un conocido militante de ultraderecha, ligado a personajes que más tarde propugnarían el exterminio físico de los opositores internos. El nombre de Pizarro quedó inscripto en varios pasajes del expediente. La historia de su relación con Razzetti arrancaba en 1969, en ocasión de viajar un grupo de dirigentes peronistas a Europa. Constantino Razzetti había prestado dinero a Pizarro para el viaje. De regreso hubo problemas. “Pizarro pretendía que el partido le abonara ochenta mil pesos nacionales, oponiéndose mi esposo a tal pretensión. Aparte mi esposo le pidió que le devolviera el dinero que le había prestado. Pizarro se enojó. Tengo conocimiento, en forma indirecta, que habría amenazado con matar a mi esposo”, declaró Nélida Gitrón. Pizarro sin embargo, era defendido por otras opiniones: Anita Fared, la mujer que acompaño al matrimonio Razzetti en su ultimo viaje, lo conocía y valoraba como un “militante activo del Movimiento Peronista” y declara que las sospechas eran simples difamaciones y que “nada tenía que ver” con los hechos. Sintomáticamente, en su declaración surgieron gruesas contradicciones con las de la Sra. y el Hijo de Razzetti. Hay dos versiones sobre cómo se gestó ese viaje. Nélida Gitrón y Luis Fernando Razzetti dijeron que Fared les pidió que la acercaran con su esposo hasta el centro. Ante la respuesta afirmativa de Constantino Razzetti, “volvieron hacia el interior del local, motivo por el cual se los tuvo que esperar por un lapso de diez minutos”. La familia de la víctima cree que esa demora fue intencional y tuvo alguna relación con lo que ocurriría después, aunque esa sospecha no fue comprobada. Amado Mansilla dijo en cambio que “Razzetti estaba en la puerta del club, ya dentro de su automóvil, y me preguntó en qué me iría (…) diciéndome que en su coche había lugar para dos más”. Fared repitió este relato. Posteriormente, de la intervención telefónica ordenada por el propio Juzgado, surge un llamado a la Sra. Gitrón donde se denuncia la complicidad del matrimonio Mansilla, acusados de “entregadores” por dinero, en el marco de una conspiración para asesinar a Razzetti. NUNCA SE CONTINUO LA INVESTIGACIÓN.

El 9 de noviembre, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) anunció la detención de Pedro Saucedo, a quien denunciaba como “reconocido matón a sueldo de la burocracia de la carne”. A partir de entonces el grupo guerrillero dijo que iba a investigar el asesinato de Razzetti y divulgó una serie de comunicados, en los que identificó como responsables a tres miembros del Sindicato de la Carne: “Garcilazo, delegado de Etiquetada; Aguilera, alias El Zorro; José Echeverría, alias Piquito de oro, sindicado como el autor de los disparos”. El 29 de noviembre de 1973, el juez Iturraspe pidió a la comisaría 25ª que ubicara el paradero de los acusados por el ERP. La policía cumplió con el pedido e informó sobre sus domicilios. Pero Iturraspe nunca los citó a declarar. NUNCA SE CONTINUO LA INVESTIGACIÓN.

El vespertino Crónica, que salía entonces en Rosario, consignó una versión según la cual los agresores habían seguido a Razzetti con otro coche. Y agregó un dato: “habrían ascendido a un Torino para darse a la fuga”. El martillero Miguel Vicente Ferrero leyó la noticia y decidió presentarse a declarar. De la declaración se desprende que el sábado 13 a las 20.30 Ferrero llegaba con su Torino cupé a su casa, en Oroño y Rivadavia. Tres hombres armados, de entre 18 y 22 años, de estatura mediana y vestidos con ropa sport, lo redujeron y obligaron a llevarlos a un paseo. En el camino le sacaron algunos objetos de valor. Los desconocidos se mostraron extraordinariamente locuaces. “Se identificaban como pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo —declaró Ferrero—. Me dijeron que iban a utilizar el coche para sacar a dos compañeros que estaban presos cerca de la ciudad de Córdoba y a otro cerca de la Capital, y que una vez todos libres iban a boletear a un sujeto y también al Presidente porque no había cumplido con lo que le había prometido a ellos”. El martillero fue obligado a bajar del vehículo cerca de Arijón y Circunvalación.

Y desde entonces no hubo noticias del auto. Hasta que apareció en la escena del asesinato de Razzetti. Por ese entonces, el Torino robado al martillero Ferrero fue encontrado en Santa Fe. Juan Domingo Frutos y Miguel Minicucci quedaron detenidos y acusados por el robo. El primero fue señalado por el juzgado como responsable del asesinato; pero la viuda de Razzetti no lo reconoció como aquel hombre morocho, alto y delgado, que había matado a su esposo por la espalda. LAS ACTUACIONES FUERON ARCHIVADAS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1975. LA CAUSA DEBÍA PROSEGUIR RESPECTO A FRUTOS Y MINICUCCI “SEGÚN SU ESTADO”. EL 5 DE MAYO DE 1981 SE ORDENÓ EL CESE DE “TODA ORDEN DE CAPTURA O PEDIDO DE COLABORACIÓN”.

Es innegable que en una época signada por el terror, las gruesas falencias en la investigación, cuando no la lisa y llana omisión de hacerlo, probablemente obedecieron a complicidades varias, diversas presiones y/o temores reales o imaginarios de los instructores. No abriga la presente denuncia, sin embargo, intención inquisitorial alguna hacia los hombres de carne y hueso que con su debilidad o complicidad permitieron la impunidad del crimen, pero entendemos que si se hubiere llegado hasta las ultimas instancias investigativas, es altamente probable que el hecho se hubiere esclarecido. Así lo reconoció el propio Juez Raúl ITURRASPE ante el hoy denunciante, Carlos RAZETTI, quién al increparlo por su inacción en 1974, recibió como respuesta del magistrado, que el “no se iba ha hacer matar por un sueldo”.

Hasta aquí los hechos. Es en esta instantancia que entendemos inexcusable formular algunas preguntas:

¿Estamos ante un delito de lesa humanidad?.

¿Quien tiene jurisdicción para juzgar

¿Esta prescripta la acción?.

II.- ¿ESTAMOS ANTE UN DELITO DE LESA HUMANIDAD?.

Razzetti era Farmacéutico y bioquímico, reconocido militante peronista “de la primera hora” y de la “línea dura”. Participo activamente de la Resistencia Peronista, siendo por ello encarcelado y cesanteado por el golpe militar de 1955. En 1969 se entrevistó con Perón en España y se erigió en uno de los principales referentes del peronismo rosarino.
Su militancia lo posicionaba como importantisimo referente del sector combativo, ya que en el Gobierno Municipal es designado vicepresidente del Banco Municipal, y es reincorporado como profesor emérito de la Facultad de Ciencias Médicas. Era en fin, la figura publica por antonomasia de la “Tendencia Revolucionaria Peronista”. La agudización de los enfrentamientos tras la llamada “masacre de Ezeiza”, comenzó a cerrar el circulo sobre Razzetti: su mujer fue despedida del servicio médico de la Unión Obrera de la Construcción, donde trabajaba como odontóloga, tras diez años de trabajo, en medio de una represalia de los dirigentes de la Uocra por haber participado junto a su esposo en un locro organizado por militantes de una línea opositora.

En ese momento, unánimemente en medios judiciales, politicos y sindicales, se atribuyo el homicidio a una represalia de la derecha, ya que en el marco de enfrentamientos internos del Peronismo, se produce pocos días antes del asesinato de Razetti el asesinato de José Ignacio RUCCI, atribuido inmediatamente a la Organización Político Militar “Montoneros”, que a la sazón hegemonizaba el ala izquierda del movimiento. Como consecuencia de ello, la derecha, nucleada en el Ministerio de Bienestar Social a cargo del entonces Ministro José LOPEZ REGA, realiza una serie de atentados contra personas vinculadas a “la tendencia”, entre los que se contaba el extinto, hallándose esos luctuosos sucesos sobreabundantemente documentados tanto en ese momento como posteriormente.

El crimen de Constantino Razzetti fue el prólogo de una serie de asesinatos de militantes políticos que marcaron la presencia de grupos de tareas de la Triple A en Rosario y el sur de Santa Fe antes de la dictadura militar,a titulo de ejemplo:

•El 10 de abril de 1975, en Villa Diego, fue asesinado Miguel Angel Lobotti, obrero de Acindar.

•El 18 del mismo mes, Juan Carlos Ponce de León y Adelaido Viribay, trabajador portuario, ambos en Villa Constitución.

•En la noche del 22 de abril, en Camilo Aldao 3563, fue asesinado a balazos Reynaldo Guzmán, de 27 años. En la mañana del día siguiente, en Viamonte al 2300, fue hallado muerto Casimiro Ovando, de 53, con las manos amputadas a la altura de las muñecas, fractura en la pierna derecha y golpes en la cabeza.

•Otros tres obreros de Villa Constitución se sumaron luego a la lista de víctimas: Rodolfo Angel Mancini, trabajador de Metcon de 24 años, fue secuestrado el 30 de abril y apareció el 1º de mayo acribillado a balazos y quemado en el interior de su auto, en Sarandí, provincia de Buenos Aires; cuatro días después murieron ametrallados José García y Jorge Chaparro, operario y colectivero de Acindar, respectivamente.

•El 21 de julio, en el paraje El Espinillo, del río Carcarañá, fue hallado flotando el cuerpo de Adriana Susana Estévez, de 26 años. El 23, prácticamente en el mismo lugar pero en el lecho del río, se rescataron los restos de su esposo, el abogado Jorge Ernesto Araya Echesortu, de 27 años, dirigente de Montoneros. Ambos habían sido secuestrados en su domicilio de Mendoza 1141 por un grupo de personas. Al momento de su hallazgo, la joven Estévez presentaba siete impactos de bala calibre 9 milímetros; había sido arrojada al río con pesados trozos de mármol atados al cuello con un grueso hilo sisal, con el propósito de que el cadáver permaneciera un tiempo bajo el agua. Araya Echesortu estaba atado con una soga a una maceta de unos 20 kilos de peso y tenía los ojos vendados con tela adhesivas: Había recibido 40 impactos de balas calibre 9 y 45 disparadas desde distintos ángulos. En la orilla, a corta distancia del sitio, se encontraron vainas servidas de calibre 9 milímetros.

•El 14 de septiembre, un grupo comando integrado por 16 hombres provistos de armas largas se presentó en el domicilio de calle Centeno 4078, de barrio Rincón. Allí se celebraba una pequeña fiesta familiar. Los criminales, encapuchados con la excepción de los dos individuos que los dirigían, se presentaron como policías y tras identificar a los presentes secuestraron a un soldado conscripto, cuyo nombre no trascendió; a Santiago Delfín Zapata, de 23 años; Pío Abromio Acosta, de la misma edad, y Pedro José Martínez, de 32 años. Los últimos tres estaban afiliados al Partido Peronista Auténtico. El soldado fue arrojado maniatado y golpeado desde el auto en que lo llevaban en un camino vecino a la quinta del antiguo Regimiento 11. A las 4, vecinos de la zona rural de Alvear escucharon tableteos de ametralladora en un campo del Aero Club Rosario. Allí, a medio kilómetro de la ruta 9, fueron hallados en el mediodía siguiente los cuerpos acribillados de Zapata, Martínez y Acosta.

•En la noche del 23 de septiembre, un grupo de diez personas que se movilizaba en dos autos tomó por asalto una casa de Funes, donde vivía Orlando Finsterwald, de 20 años. El joven había llegado poco antes al lugar junto a María Julia Scocco y Zulema Williner de Godano, ambas de 24 años. Los criminales dijeron ser policías y estar en busca de “elementos subversivos”. Los tres estudiantes fueron secuestrados y encerrados en los autos, donde se los interrogó y golpeó. Finsterwald declaró después que les preguntaban “a qué grupo terrorista pertenecían” y que ante sus negativas recibían fuertes golpes. Luego llevaron al grupo a una casa donde continuaron los apremios y las torturas y finalmente volvieron a los autos, para tomar la autopista Brigadier López y llegar a un descampado situado en jurisdicción de La Ribera. En el lugar, los secuestradores balearon a los jóvenes, tras maniatarlos, y dejaron junto a sus cuerpos un cartel con la leyenda “Aniversario de la muerte de Rucci – La patria hace justicia”. Luego se fueron del lugar, dando a todos por muertos. Zulema Williner había fallecido, alcanzada por un proyectil en la cabeza, pero los otros dos estudiantes quedaron gravemente heridos y pudieron ser salvados luego que Finsterwald llegó hasta la ruta y fue socorrido por un camionero. Un Comando “Capitán Roberto Brzic” se adjudicó la autoría del operativo.

Al igual que el caso que nos ocupa, ninguno de estos asesinatos, ni tantos otros, fueron aclarados, por lo que CONSIDERAMOS QUE ESTE CASO NO SOLO ES UN DELITO DE LESA HUMANIDAD, SINO QUE SE CONSTITUYE EN UN PARADIGMA DE ESTA EXECRABLE FORMA DELICTIVA. Por todo ello, consideramos AMPLIAMENTE probado que desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación, por Orden de Funcionarios Públicos legalmente designados y de la mas alta Jerarquía (en este caso el entonces Ministro José LOPEZ REGA), se planifico el homicidio de numerosos argentinos entre los que se cuenta el Dr. Constantino RAZETTI, sin otro móvil ni causa que el ODIO POLITICO HACIA LA IDEOLOGIA DE LAS VICTIMAS.

Es de resaltar, que hasta después de la muerte del Gral. Perón, la llamada “Alianza Anticomunista Argentina” NO FIRMABA SUS ATENTADOS, sin que ello sea óbice para reconocer que el Estado, a través de agentes, medios y capacidad logística, se convirtió en ejecutor de delitos aberrantes, que por la jerarquía de los bienes jurídicos afectados, no solo afecta a las víctimas e instituciones nacionales, sino que la Humanidad toda se constituye en sujeto pasivo de los mismos.

Así lo entendió, normativamente, la Carta Orgánica del Tribunal Militar de Nüremberg que definía a los delitos de lesa humanidad como “… el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación o la comisión de otros actos inhumanos contra la población civil, antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos…” (con cita de Zuppi, Alberto Luis, “La prohibición ‘ex post facto’ y los crímenes contra la humanidad”, El Derecho, t. 131, pág. 765).

Amplia la CNAP….”Si bien podía plantear alguna inquietud la circunstancia de que estos antecedentes aludieran a la necesidad de un conflicto armado, como presupuesto para considerar crimen de lesa humanidad a las conductas enumeradas en cada uno de ellos (vgr. Art. 6º punto “c” del Estatuto del Tribunal Militar Internacional –Nüremberg-), se dijo que, recientemente, había prevalecido la tendencia a renunciar a esta exigencia (caso “Prosecutor vs. Tadíc”, nota 88, par. 141, del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia).

Finalmente, se afirmó que el Estatuto de Roma ha retomado y ampliado la enumeración realizada por el Estatuto de Nüremberg y del Estatuto del Consejo de Seguridad del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, de forma de incluir entre sus supuestos los crímenes cometidos por agentes de un Estado contra sus propios nacionales y crímenes cometidos fuera de situaciones de conflicto armado (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). “

Estos hechos tuvieron tal trascendencia que el propio Estado ha reconocido expresamente el carácter de Lesa Humanidad invocado:
En virtud del art. 2 de la ley 24.411, los causahabientes de Constantino RAZETTI, mediante Expdte 473049/99 percibieron por Resolución sí/2001/16-1, el beneficio extraordinario establecido en esa ley. Es de destacar que el Articulo 2 establece la causa por la cual se hicieron acreedores al beneficio: “Tendrán derecho a percibir iguales beneficios que los establecidos en el artículo 1 los causahabientes de toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10-12-83.”. El Estado nacional, al conceder el beneficio ha encuadrado unilateral e innegablemente a este crimen como “hecho del príncipe” gravemente violatorio de los derechos humanos.

Asimismo, en el año 2003, Razzetti fue declarado Ciudadano Ilustre de Rosario por el Honorable Consejo Municipal.

Finalmente, a instancia de una Resolución de pedido a la Cámara de Diputados de la Nación por el Partido Justicialista de Santa Fe, MEDIANTE UNA LEY, LA 25.769, publicada el 11-02-03, el estado nacional reconoció el carácter eminentemente politico del asesinato ya que el tramo de la autopista Circunvalación desde Pte PERÓN hasta VICTORIA (E.R.) paso a llamarse CONSTANTINO RAZZETTI.

Por lo alegado, respondemos por la afirmativa : ELHOMICIDIO DE CONSTANTINO RAZZETTI FUE UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.

Palmariamente demostrada la responsabilidad estatal, el aberrante tratamiento investigativo que surge del Expdte judicial, se convierte en confirmación y agravante de la misma. La expresa denegación de Justicia que sufrió la familia RAZZETTI, no es otra cosa que la lisa y llana denegación por parte de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, de uno de los principales derechos humanos reconocidos en Todos los Instrumentos que regulan los mismos: El derecho a la Jurisdicción.
El nefasto tratamiento dado a la instrucción de la Causa Razzetti, solo puede ser leído en el contexto histórico político en que ocurrieron los hechos. El archivo del expediente esta por lo tanto INSANABLEMENTE VICIADO DE NULIDAD.

Ahora bien: el Proceso formal al que fuere sometida la causa en sede provincial, podría plantear en principio, al observador no informado, dudas, en primer lugar sobre el carácter de Cosa Juzgada de la Causa, y en segundo lugar sobre la competencia jurisdiccional actual, lo que nos lleva a una pregunta obvia; Si la Causa 911/73, tramitada ante la Justicia de la Provincia de Santa Fe, en el Juzgado de Instrucción de la Sexta Nominación de Rosario, debe ser impugnada ante la Justicia Provincial o ante la Justicia Federal;Cuestiones que se despejan al clarificar el siguiente cuestionamiento:

III.- ¿QUIEN TIENE JURISDICCIÓN PARA JUZGAR ?.

La magnitud de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la segunda guerra mundial, advirtió sobre la necesidad de universalizar su régimen, frente a la estanqueidad de la competencia doméstica de cada Estado en materia de derechos humanos.

Así, se formularon diversos instrumentos que tenían, y tienen, por objeto la humanización de las relaciones entre Estados y entre cada uno de ellos con sus respectivos ciudadanos. Por ello, puede afirmarse que a partir de la sanción de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de aceptación universal, la violación de derechos humanos ha dejado de ser una cuestión doméstica en la que los demás Estados tienen la obligación jurídica de no intervenir.

En tal sentido, de acuerdo con los artículos 55 c) y 56 de la Carta de Naciones Unidas, los Estados miembros se obligan “al respeto universal y a la observancia de los derechos humanos” y la inobservancia de estos deberes, aceptados como fuente general de derecho internacional de vigencia universal, genera el deber de penalización, que a su vez puede extraerse de otros instrumentos internacionales. Entre ellos se cuentan la citada Carta del Tribunal de Nüremberg, los Principios reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal militar de Nüremberg elaborados por la Comisión de Derecho Internacional sobre los trabajos de su décima segunda sesión; los Convenios de Ginebra de 1949 (arts. 49 y ss. del Primero, 50 y ss. del Segundo, 129 y ss. del Tercero y 146 y ss. del Cuarto Convenio); el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, de 1994; los Estatutos de los Tribunales ad-hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda (res. 827-1993- y res. 955 –1994-, respectivamente), entre otros.

En su voto conjunto en la citada causa “Priebke, Erich s/ solicitud de extradición -causa 16.063/94-”, rta. 2-11-95 , que formó la mayoría, los jueces Julio S. Nazareno y Eduardo Moliné O’Connor afirmaron:
“Que la comprensión del caso con tales alcances se impone como consecuencia del deber que compete a este Tribunal de decir el derecho vigente aplicable al caso en el ejercicio de su elevada misión de administrar justicia, con la contribución que ello importa a la realización del interés superior de la comunidad internacional con la cual nuestro país se encuentra obligado en virtud de formar parte de ella, de los tratados celebrados, cuyo rango establece la Constitución Nacional en su art. 75, inc. 22, y de la aplicación del derecho de gentes que prevé el art. 118 de la Ley Fundamental, ordenamiento que vulneraría si se limitase a subsumir los hechos como homicidios o asesinatos en el marco de las disposiciones del Código Penal o, incluso, del Código de Justicia Militar en cuanto a él remite” (Considerando 28).

Agregaron dichos jueces:

“Que a diferencia de otros sistemas constitucionales como el de los Estados Unidos de América en el que el constituyente le atribuyó al Congreso la facultad de ‘definir y castigar’ las ‘ofensas contra la ley de las naciones’ (artículo I, Sección 8), su par argentino al no conceder similar prerrogativa al Congreso nacional para esa formulación receptó directamente los postulados del derecho internacional sobre el tema en las condiciones de su vigencia y, por tal motivo, resulta obligatoria la aplicación del derecho de gentes en la jurisdicción nacional -que así integra el orden jurídico general- de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la ley 48 ya citado” (Considerando 39, idem. y Considerando 51 del voto del juez Gustavo A. Bossert, aunque este último omite la referencia a “-que así integra el orden jurídico general-”).
De ese modo, es indudable la vigencia interna del derecho de gentes. Por otra parte, la circunstancia de que tales afirmaciones se hubieran realizado en un caso de extradición no le restan valor como expresión de los límites del orden público local, pues, según doctrina del Alto Tribunal, no cabe conceder la extradición cuando hacerlo compromete principios que interesan al orden público de la Nación (“Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición”, rta. 5-11-96)”.

Como puede apreciarse, y a riesgo de ser redundantes, re-citamos…..”Estos conceptos pueden aplicarse sin ningún esfuerzo a la relación entre el artículo 2° del Código Penal, en cuanto establece la aplicación de la ley penal más benigna -en el caso las leyes 23.492 y 23.521-, y el artículo 118 de la Constitución Nacional”… . y agregamos que a partir del fallo “Calvet” idéntico razonamiento le cabe a una hipotética contradicción con la garantía del Non Bis In ídem.
La evolución de nuestro derecho interno a partir de la reforma de 1994 ha devenido en la recepción expresa de diversas normas que informan el Derecho Penal Humanitario, en particular el tratamiento dado a los delitos contra el Derecho de Gentes – Art. 118 CN-.

Ahora bien, la regla para el juzgamiento de los delitos comunes es la territorialidad, admitiéndose excepcionalmente –para el caso de delitos de lesa humanidad– que el Congreso, por una ley especial, determine el lugar donde se celebrará el juicio, sin importar que el delito se haya consumado dentro o fuera de los límites territoriales del Estado. Como se sabe, las causas de Derecho Internacional son Jurisdicción de la Justicia Federal, por lo que este tipo de delitos sólo pueden ser juzgados por los tribunales federales y se los excluye del juicio por jurados (Ley Nº 4055/1902).

Tan fuerte es la tendencia irreversible a la preeminencia del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno que el 17 de julio de 1998 las Naciones Unidas instituyeron una Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma, al que ya hemos referido) sujeta a ratificación por los estados partes. La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales internacionales. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos. Entenderá en los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Dado que la Corte Penal Internacional no ha entrado aún en funciones, la ONU ha creado tribunales internacionales supletorios para juzgar los delitos de genocidio cometidos en Sierra Leona, Ruanda y en la ex Yugoslavia.

Debemos agregar que la jurisdicción supletoria de la Corte Penal Internacional, es ley positiva – Ley 25.390 (B. O. 23/01/01) – , por lo que en la sistemática procesal un hecho concreto de violación de derechos Humanos sería en primer lugar de competencia de la Justicia Federal (no solo como Justicia de aplicación del Orden Jurídico interno de la República Argentina, también como Justicia de aplicación del Derecho Penal Humanitario común a toda la humanidad) y supletoriamente de un Tribunal Internacional.

IV.- ¿ESTA PRESCRIPTA LA ACCIÓN?.

Por ello, contestes con la actual legislación positiva argentina, consideramos que pese al periodo transcurrido no es aplicable la PRESCRIPCION de la acción a la presente Causa, tal como lo ha establecido en el Recurso interpuesto por el Represor alias “El Turco Julián” en la Causa “Poblete/Hlazyck” el propio Procurador General de la Nación, Dr, Esteban RIGHI. Además, como corolario final a veinte años de lucha por la Justicia y contra la Impunidad, el pasado 14 de Junio de 2005, en un Fallo Histórico nuestra CSJN ha declarado la Inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto final, reafirmando además, el paso más trascendental hasta ahora dado en este tema: LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD SON IMPRESCRIPTIBLES:

“En esta evolución no puede dejar de mencionarse la consideración como delitos de lesa humanidad a hechos de esta gravedad, criterio que aportó como consecuencia, entre otras, que por esa circunstancia este Tribunal los declarara imprescriptibles, circunstancia que corresponde reiterar en este supuesto”.

Esa decisión fue adoptada en el caso “Astiz, Alfredo s/ nulidad” (C.C.C.Fed., Sala II, causa nº 16.071, rta. 4-5-2000, reg. 17.491), en la que también se aplicó el señalado criterio apuntado por la Corte Suprema en Fallos 316:532 (caso “López Fader, Rafael Félix y Fossa, Roberto Guillermo s/ testimonios de la prisión preventiva”, rta. 6-4-93) para posibilitar la investigación de la apropiación extorsiva de bienes de la que fuera víctima Conrado Higinio Gómez.

Luego fue reiterada en diversos precedentes (C.C.C.Fed., Sala II, causa nº 16.596 “Iturriaga Neumann, Jorge s/ prescripción de la acción penal”, rta. 4-10-2000, reg. 18.015; causa nº 16.872 “Callejas Honores, Mariana Inés y otros s/ prescripción de la acción penal”, rta. 4-10-2000, reg. 18.016; causa nº 16.377 “Espinoza Bravo, Octavio s/ prescripción de la acción penal”, rta. 4-10-2000, reg. 18.017; causa nº 16.597 “Zara Holger, José s/ prescripción de la acción penal”, rta. 4-10-2000, reg. 18.018, entre otras). Todos estos casos se vinculan con el asesinato de quien fuera Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General Carlos José Santiago Prats y su esposa Sofía Cuthbert Charleoni. El hecho ocurrió el 30 de septiembre de 1974, a través de la detonación de un aparato explosivo en el automóvil que, en ese momento, era utilizado por la pareja. A su vez, los imputados en esa causa son Augusto Pinochet Ugarte, máxima autoridad del gobierno de facto de la República de Chile en el momento en que estos hechos ocurrían en Argentina; Juan Manuel Contreras Sepúlveda (director ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile -DINA-, como órgano que aparece vinculado en el planeamiento y ejecución de ese hecho); Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (que fuera en aquel momento jefe del Departamento Exterior de la DINA); José Zara Holger (agente de esa Dirección); Pedro Octavio Espinoza Bravo (oficial del Ejército de Chile); Mariana Callejas Honores (por esa época esposa de Michael Vernon Townley, integrante de la DINA y quien aparecería como el ejecutor material del atentado) y Jorge Iturriaga Neumann (hermano del Mayor Iturriaga Neumann, relacionado a su vez con un grupo de chilenos anticomunistas residentes en Argentina y que habrían colaborado en el hecho).

También la Sala Primera de esta Cámara hizo lo propio en casos de sustracción, ocultación y retención de menores, en las causas n° 30.580 “Acosta, J., s. Prescripción”, rta. 9-9-99, reg. 747; n° 30.514 “Massera, s. Excepciones”, rta. 9-9-99, reg. 742 y n° 30.312 “Videla, J. R., s. Prisión Preventiva”, rta. 9-9-99, reg. 736).
Estas conclusiones, en aquellos casos, apuntaban a sustentar el reconocimiento de su imprescriptibilidad fundada, precisamente, en su condición de delitos de lesa humanidad. El razonamiento concluía con la invocación de normas convencionales (vgr. “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad” –Asamblea General de las Naciones Unidas, 26-10-68-, y artículo 15.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos) que en todos los casos se enfrentaban al artículo 18 de la Constitución Nacional, que impide la aplicación de normas ex post facto y en tal condición vedaba la posibilidad de aplicar esos instrumentos convencionales.

Se dijo entonces que el escollo que constituye el artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto desconoce la validez de la aplicación de normas ex post facto, sólo puede ser salvado a través del reconocimiento de que esa regla no puede ser invocada en el ámbito del derecho penal internacional, en el que se enmarcaban esos hechos. Ello, a su vez, se sustenta en la preeminencia del Derecho de Gentes establecida por el artículo 118 de la Constitución Nacional.

En esos casos se afirmó que la reserva legislativa formulada por la República Argentina (artículo 4 de la ley 23.313) al ratificar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos no era suficiente para quitarle a su artículo 15.2 su condición de ius cogens, es decir, de norma imperativa del derecho internacional general, aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, que no admite acuerdos en contrario y sólo puede ser modificada por normas posteriores del mismo carácter, de acuerdo al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (del que la Argentina forma parte, en los términos de la ley 19.865).

Con respecto a la relación entre el artículo 18 y el artículo 118 se ha dicho:

“A partir del caso ‘Calvete’ (Fallos 1:300), la Corte ha sentado el criterio de que la interpretación de las normas constitucionales ‘debe hacerse siempre evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas con las otras y adoptando como verdadera el que las concilie y deje a todas con valor y efecto’. Es indudable que si interpretamos tan rigurosamente al artículo 18 de la Constitución Nacional, no podríamos darle aplicación a la última parte del artículo 118 y de esa forma no dejaríamos a todas las normas con ‘valor y efecto’”.

“Al Derecho de gentes, receptado por nuestro ordenamiento interno, por la previsión normativa del artículo 118, debemos aplicarlo en todos aquellos casos en los que nos encontramos frente a crímenes internacionales, de manera de no suponer que la remisión al Derecho de gentes que hace la Constitución ha sido ‘inútilmente usada o agregada y (debe) rechazarse como superflua o sin sentido’ (Fallos, 92:334)” (vid. Abregu, Martín y Dulitzky, Ariel “Las leyes ‘ex post facto’ y la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales como normas de derecho internacional a ser aplicadas en el derecho interno”, en Lecciones y Ensayos n° 60/61, 1994).

Estos conceptos pueden aplicarse sin ningún esfuerzo a la relación entre el artículo 2° del Código Penal, en cuanto establece la aplicación de la ley penal más benigna -en el caso las leyes 23.492 y 23.521-, y el artículo 118 de la Constitución Nacional.

Pero además, este criterio fue receptado por el Máximo Tribunal en el caso “Priebke, Erich s/ solicitud de extradición -causa 16.063/94-”, rta. 2-11-95 (Fallos 318:2148), que en forma breve, pero contundente, sostuvo:
“Que el hecho de haber dado muerte a setenta y cinco judíos no prisioneros de guerra, ni absueltos, condenados o a disposición del tribunal militar alemán, ni a disposición de la jefatura de policía alemana, de entre trescientos treinta y cinco muertos en las particulares circunstancias del caso, configura prima facie delito de genocidio. Ello así, sin mengua, de otras posibles calificaciones del hecho que quedarían subsumidas en la de genocidio… Frente a la índole de tal calificación, resulta obvio que el país requirente haya procedido a solicitar la extradición sin perjuicio del juzgamiento definitivo incluso sobre la naturaleza del delito por los tribunales del lugar en donde se ha cometido (arts. 75, inc. 22, y 118 de la Constitución Nacional y arts. II, III, V, VI y VII de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio)” (Considerandos 2° y 3°).

Para concluir :

“Que la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados requirente o requerido en el proceso de extradición sino de los principios del ius cogens del Derecho Internacional” (Considerando 4°)

Lo que pretendemos es que se investiguen hasta las ultimas consecuencias los hechos, y llegar, mas allá de las responsabilidades penales que se prueben, a clarificar hechos que marcaron a la sociedad toda en el marco de la recuperación de la memoria historica de nuestra patria.

V.- PRUEBA.

Ofrecemos a la sazón los siguientes medios probatorios:

DOCUMENTAL.

Copias simples de medios de prensa: Revistas “Militancia”, “De Frente”, “El Descamisado”, . Diarios “La Capital”, “Pagina 12”, “El Ciudadano”. “El Eslabón”
Original de la Investigación de Carlos Del Frade ¿Quien mato a Constantino Razzetti?.
Copias simples de los siguientes libros de Investigación histórica:
Miguel BONASSO, “El Presidente Que No Fue.”
Ernesto JAURETCHE, ‘’No dejes que te la cuenten”.
Ignacio GONZALES JANSENN. “La Tripe A”
Copia Simple de Resolución del Partido Justicialista de Santa Fe.
ANTECEDENTES de la LEY 25.769.
Copia Simple del Expediente 911/73, tramitado ante la Justicia de la Provincia de Santa Fe, en el Juzgado de Instrucción de la Sexta Nominación de Rosario, caratulado “Homicidio”.

INFORMATIVA.

A la Justicia Ordinaria de Santa Fé. Para que remita Copia Autentica del del Expediente 911/73, tramitado ante la Justicia de la Provincia de Santa Fe, en el Juzgado de Instrucción de la Sexta Nominación de Rosario, caratulado “Homicidio”.

VI. DERECHO.

Baso mi pretensión en las siguientes Normas Ius Gentium Derecho Humanitario Internacional Constitución nacional

VII. PETICIÓN.

Por lo expuesto, a V.S. solicitamos:

I.Nos tenga por presentados, con domicilio constituido y en el carácter invocado.
II.Por promovida la denuncia.
III.Por presentada la prueba documental.
IV.Por ofrecida la prueba informativa.
V.Se haga lugar a la misma, se tenga por presentada la pueba, se declare el carácter de lesa humanidad del crimen, y se investigue hasta las ultimas consecuencias.

PROVEER DE CONFORMIDAD.
ES JUSTICIA.

Carlos RAZZETTI.
Dr. Angel Enzo BALTUZZI.
Dr. Eduardo H. LAGO.