Lo dijo una traductora que convirtió al castellano el documento que estaba escrito en inglés, ante un pedido de la Justicia. El Gobierno insistió en el carácter confidencial de la documentación.

 

Una traductora que por encargo de la Justicia convirtió al castellano una de las versiones en inglés del Memorándum de Entendimiento con Irán señaló que en el texto hay poca claridad e imprecisión.

 

A la inquietud que generó el informe de la intérprete se sumó otro elemento que lejos está de disipar las dudas y suspicacias que hay sobre el documento: la Cancillería ratificó la confidencialidad de una porción de la documentación relativa al pacto, y señaló la imposibilidad de darla a conocer a la fiscalía y a las otras partes de la causa.

 

En cuanto a la traducción al castellano realizada por pedido de los jueces, fue llevada a cabo por la traductora pública Viviana Cortinez. Y las conclusiones que presentó fueron contundentes.

 

Según el informe aportado, hay un “bajo registro lingüístico del documento fuente en inglés” y los errores gramaticales así como la “ausencia de conectores” del texto lo “privan de claridad”. La experta aclaró que con su trabajo se intentó “restringir la vaguedad e imprecisión” del texto.

 

Incluso Cortinez aclaró: “Se hace la salvedad que cada vez que ha sido necesario, se ha agregado a la traducción la sigla sic que significa tal cual aparece en el texto”.

 

Que la traslación al inglés sea mala -según el diagnóstico de la traductora pública- no es un dato menor, ya que una de las cláusulas firmadas entre Argentina e Irán dice que “en caso de divergencias acerca de su implementación, prevalecerá el texto en idioma inglés”.

 

También hubo una traducción aportada por la experta designada por Cancillería, que es parte en la causa y viene pidiendo que la Casación declare válido el tratado, y revierta lo adoptado por la Cámara Federal el año pasado, cuando lo declaró inconstitucional al considerar que obstruye la investigación judicial.

 

Entre la conversión aportada por la traductora oficial y la de Cancillería existen algunas diferencias formales. Ahora decidirán los jueces sobre el futuro del Memorándum, la herramienta que según el fallecido fiscal Alberto Nisman era la vía de escape que eligió el Gobierno para desvincular a los iraníes sospechados de volar la AMIA.

 

Un informe con reservas

 

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal es la que tiene que definir si el Memorándum es constitucional. Los jueces Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani tuvieron ayer al mediodía una audiencia con funcionarios de la Cancillería.

 

La reunión se dio luego del pedido del fiscal ante Casación Raúl Pleé para acceder a documentación de carácter confidencial que sólo estaba disponible para los magistrados. El planteo de la fiscalía tenía como objeto saber sobre qué trata, antes de que se resuelva si el convenio con Irán es válido o no.

 

Según fuentes con acceso a la causa consultadas por Infobae, la documentación es sobre las negociaciones que se hicieron en torno al Memorándum de Entendimiento. Incluso aporta el nombre de los funcionarios que participaron de las negociaciones, uno de los cuales hoy ocupa un cargo clave en la Agencia Federal de Inteligencia.

 

A la audiencia asistieron varios funcionarios de Cancillería, entre ellos la embajadora Paula Ferraris, de la secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional y del Ministerio de Justicia, y el subsecretario de Política Criminal, Luciano Hazan.

 

Ante los jueces ratificaron el carácter secreto de la documentación en cuestión, y la imposibilidad de dar a publicidad a la fiscalía y las querellas, los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.

 

Los integrantes de la Sala I tendrán que resolver cómo siguen, porque como a esa documentación sólo pueden tener acceso los jueces, no la podrán utilizar para fundamentar sus votos.

 

El Memorándum fue firmado el 27 de enero de 2013 en la Ciudad de Adis Abeba, Etiopía, y se hizo en varios ejemplares, en farsi, español e inglés.

 

En la Argentina su implementación está supeditada a la decisión judicial que tome Casación. En Irán fue aprobado por el gobierno y, más allá de que no fue tratado por el Parlamento, con eso ya tiene validez, según explicaron fuentes judiciales consultadas por este medio.

 

 

Fuente: Infobae