La fiscal formalizó la imputación contra los 11 acusados de haber provocado la tragedia que se cobró 22 vidas el 6 de agosto de 2013.Cuando faltan siete días para que se cumplan dos años del mayor accidente que se recuerde en Rosario, la fiscal que impulsó la investigación por la tragedia de Salta 2141 formalizó la elevación de requisitoria a juicio de los 11 imputados de causar la muerte de 22 personas el 6 de agosto de 2013, tras una impactante explosión por fuga de gas en un edificio. Se trata de dos gasistas, un ayudante, cinco empleados de Litoral Gas y tres administradores del consorcio acusados del delito de estrago culposo agravado por las muertes. A todos se les endilga alguna participación en la cadena de acciones negligentes que derivaron en la tragedia.

Después de 35 meses de trámites que clausuraron una controvertida etapa de investigación judicial, la fiscal Graciela Argüelles elevó ayer a la jueza de Instrucción, Irma Patricia Bilotta, un cuerpo escrito de 339 carillas donde fundamenta la acusación contra las personas que surgieron con distintas responsabilidades penales en el siniestro que conmovió al país, dejó secuelas materiales y psicológicas que marcaron para siempre la vida de decenas de vecinos y aún conmueve a los rosarinos.

La titular del Ministerio Público desmenuza el rol de cada uno de los 11 procesados (ver aparte) y elabora una teoría del caso que se basó en la trágica cadena de negligencias, hipótesis con la que coincidió la querella que representa a familiares de víctimas y damnificados.

Así, acredita que fue el gasista Carlos Osvaldo García quien segundos antes de la explosión realizó el cambio de regulador de gas el 6 de agosto de 2013, entre las 9 y las 9.38, acompañado por su ayudante Pablo Miño.

Ello se confirma con los dichos del propio García, quien admitió estar en el escenario del accidente con el propósito de operar el cambio del regulador del edificio siniestrado.

En lo que durante todo el proceso se describió como una cadena de negligencias, Argüelles también le atribuyó un rol sustancial a la empresa Litoral Gas, en cabeza de tres inspectores y dos gerentes que tuvieron directa incidencia con tareas previas de supervisión de la instalación del condominio.

Se trata de los empleados Gerardo Bolaño, Guillermo Sebastián Oller y Luis Alberto Curaba, quienes participaron en el control del gabinete y su posterior reconexión entre el 25 y 26 de julio de 2013, y en una última inspección el 2 de agosto de 2013.

En esos días omitieron realizar informes pormenorizados de las irregularidades de las instalaciones (constatadas en las pericias), sin dar un adecuado tratamiento a los reclamos e informar en qué accesorios del gabinete de gas se localizó la pérdida que motivó la interrupción del suministro.

Cadena de negligencias

“Todas aquellas omisiones e irregularidades en la observancia de la normativa se entrelazan y permiten la intervención del gasista el día 25 de julio, quien operó la válvula de bloqueo (no puede ser accionada por personal ajeno a la empresa), si los empleados hubiesen colocado un cepo inviolable, como indica el reglamento”, reza en las conclusiones de la fiscal.

Además, de esas omisiones se puntualiza que los inspectores que rehabilitaron el suministro el 26 de julio (Oller y Curaba), “lo hicieron sin cerciorarse de las condiciones de seguridad”.

En tanto, a sus superiores, Claudio Dante Tonucci (jefe del mantenimiento de redes de Litoral Gas) y Viviana Beatriz Leegstra (gerente técnica de la distribuidora), se los acusa de no haber exigido un reporte a los reclamistas bajo su esfera. Puntualmente un croquis de la localización de las pérdidas, el corte de suministro, con qué dispositivo fue cerrado, todo en relación a las tareas realizadas el 25 y 26 de julio.

Tampoco es menor el rol que se le asigna a los administradores del edificio: Mariela Calvillo, Norma Bernarda Bauer y Carlos Oscar Repuppilli. Directamente se le achaca haber contratado a García, pero apartándose de los protocolos y reglamentos.

“Su accionar parece estar dirigido a solucionar el cambio de regulador en el menor tiempo y con el más bajo costo posible, lo cual supone “la violación de deberes de cuidado exigibles en el caso”, indica la fiscal en su pieza acusatoria.

La fiscal indica que los administradores, como representantes legales del consorcio de copropietarios, al contratar a García consensuaron el cambio del regulador existente “por uno contrario a la normativa vigente”, y les atribuye haber escogido a ese profesional porque “sugirió un presupuesto más económico”.

Por último, al gasista José Luis Allala, contratado por el consorcio para realizar un arreglo el 25 de julio (cambió 2 niples y un codo de la instalación), se le atribuye no detallar los arreglos ni respetar los pasos sugeridos por la empresa a la hora de iniciar una reparación.

En pocos días la jueza Bilotta deberá decretar la elevación de la causa a juicio de los 11 procesados, quienes quedarán a expensas de un debate escrito en el cual se los acusará de un delito que prevé penas que van de 1 mes a 5 años de prisión, y cuyo cumplimiento efectivo dependerá del requerimiento fiscal (vinculante) cuando se dicte la sentencia definitiva.

Alarmante ausencia de capacitación de los gasistas

En la acusación de la fiscal Graciela Argüelles sobresale la ausencia de capacitación de los gasistas y la precariedad del sistema de consultas que implementa Litoral Gas para los matriculados. Dice que “sin pretender encontrar justificación al accionar del Carlos García, quien intenta cambiar el regulador del edificio sin haber cerrado o podido cerrar la válvula de servicio, no podemos dejar de mencionar la ausencia de capacitación de los gasistas por parte de la empresa distribuidora, tal como surge de los testimonios acumulados en la causa”, y pone de manifiesto “la precariedad del sistema de consultas” instrumentado por la compañía. “Decimos que es un sistema precario, ya que sólo se registra el ingreso de un gasista a la empresa en un libro donde se estampa el nombre y apellido, documento y la firma, aunque no su salida ni el motivo de la consulta”. Y recordó la declaración testimonial de Miguel Ocampo, presidente de la Asociación de Gasistas Matriculados, quien afirmó: “después de realizar la consulta, uno se lleva la palabra, pero nada escrito”.

Los imputados

• Carlos Osvaldo García, 64 años. Gasista, manipuló el regulador de gas minutos antes de la explosión.╠
• Pablo Daniel Miño, 31 años. Ayudante de García.╠
• Gerardo Luis Bolaño, 43 años. Inspector de Litoral Gas.╠
• Guillermo Oller, 35 años. Inspector de Litoral Gas.╠
• Luis Curaba, 65 años. Inspector de Litoral Gas.╠
• Claudio Tonucci, 57 años. Jefe de mantenimiento de redes en Litoral Gas.╠
• Viviana Beatriz Leegstra, 54 años. Gerenta técnica de Litoral Gas.╠
• Carlos Repuppili, 54 años. Administrador del consorcio.╠
• Mariela Calvillo, 43 años. Administradora del consorcio.╠
• Norma Bernarda Bauer, 69 años. Administradora del consorcio.╠
• José Luis Allala, 45 años. Gasista, intervino el 25 de julio para reparar el gabinete de gas.

 

 

Fuente: La Capital