La Nación y la provincia acordaron trasladarlos a prisiones patagónicas por temor a otras fugas.
El gobierno nacional y el bonaerense firmaron un acuerdo para que presos peligrosos detenidos por casos ligados al narcotráfico sean alojados en prisiones federales y no en los penales provinciales donde están detenidos actualmente.

La medida es una reacción a la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez que estaban detenidos en una cárcel provincial, en General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Además, porque los investigadores determinaron que días antes de la fuga los evadidos se hicieron atender en la enfermería, movimiento que vieron que se repitió en otros casos de presos peligrosos detenidos por narcotráfico.

Este acuerdo apunta a trasladar a unos 10 presos de penales provinciales a cárceles federales de la Patagonia, donde estarán más seguros y lejos de eventuales apoyos externos, lo que dificultaría la planificación de una fuga.
Entre los detenidos hay integrantes de la banda de los Monos, de Rosario, dedicada al narcotráfico; otros presos por regentear desarmaderos de autos, pero que su giro habitual es el comercio de sustancias prohibidas, y otros presos de alta peligrosidad ligados con el comercio de drogas.

Además de la fuga, encendió la luz de alarma en el gobierno nacional el movimiento que realizó Mario Segovia, el rey de la efedrina, preso en la cárcel de Ezeiza que pidió ser atendido fuera del penal. El Servicio Penitenciario Federal decidió reforzar la seguridad del preso ante el temor a una fuga. Segovia había hecho una presentación ante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado para solicitar la autorización para ser atendido en un hospital. Y una solicitud similar presentó la defensa del mexicano César Cornejo Miranda, arrestado por enviar a su país cocaína líquida escondida en transformadores eléctricos. Todos movimientos interpretados como sospechosos por el Gobierno. Segovia está condenado a 14 años por narcotráfico y pidió ser operado en un hospital rosarino.
También alertó a las autoridades bonaerenses el conato de motín que se desató en Azul, que a pesar de ser un disturbio menor tuvo una impactante cobertura televisiva, con imágenes que sólo pudieron haber sido provistas por el Servicio Penitenciario Bonaerense, dijeron fuentes oficiales a LA NACION. Las fuentes interpretaron que la intención de los penitenciarios era generar un clima de agitación que favoreciera futuras evasiones.

Las conversaciones entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la gobernadora María Eugenia Vidal llevaron a que los servicios penitenciarios federal y bonaerenses suscribieran este convenio. En la práctica, sin embargo, quien tiene la decisión sobre el destino de cada detenido es el juez que lo tiene a su cargo. Así, el Servicio Penitenciario Bonaerense sugerirá a cada magistrado la posibilidad de que el preso sea trasladado a un penal federal del Sur. Y si el juez entiende que no corresponde, será su responsabilidad en caso de fuga, dijeron fuentes del Gobierno.

 

 

Fuente: La Nación