Comenzó el proceso para que la Tupac y otras 15 organizaciones dejen de recibir beneficios.

 

Esperaron las 12 como si fuera Año Nuevo. Hubo cuenta regresiva, banderas que flameaban y hasta fuegos artificiales para “recibir la nueva etapa de la resistencia pacífica”.

La Tupac Amaru, de Milagro Sala, y otras 15 organizaciones sociales reaccionaron así al ultimátum del gobernador Gerardo Morales, que les había dado hasta ayer a la medianoche para que levantaran el campamento que instalaron frente a la Casa de Gobierno de Jujuy hace un mes.
Morales no tardó en avanzar un casillero más en la batalla que desde hace años (y desde el 10 de diciembre como gobernador de la provincia) sostiene con Sala.

Tal como había anunciado el martes, cuando presentó el decreto que fijó el límite en el tiempo para que las organizaciones sociales se empadronaran para seguir recibiendo planes sociales y puestos en cooperativas de construcción de viviendas, Morales inició el proceso para suspender la personería jurídica de las agrupaciones que anteanoche decidieron permanecer en la plaza Belgrano, en pleno centro de San Salvador.
El fiscal de Estado Mariano Miranda anunció ayer que ya está en marcha el trámite para la suspensión preventiva de la personería jurídica de la Tupac y los otros 15 grupos que integran la Red de Organizaciones Sociales (ROS). Además, las organizaciones quedaron expuestas a tener que pagar multas de entre 5000 y 100.000 pesos por el acampe.

En la práctica, la pérdida de personería implica que las organizaciones y cooperativas afectadas no podrán participar de los programas de construcción y acceso a viviendas, contratos de obras ni de la entrega de bolsones alimentarios. Tampoco podrán acceder al plan de reempadronamiento de capacitadores. La suspensión será preventiva hasta que se inicie el trámite judicial para el retiro definitivo.

Desde la semana pasada, Sala está imputada por los delitos de instigación a cometer delitos y tumultos, por haber iniciado y mantenido el campamento en la plaza Belgrano. Por otro lado, Morales pidió que se investigue qué destino tuvo una partida de 29 millones de pesos que, según el gobierno provincial, la Tupac recibió en noviembre del año pasado para construir baños y cocinas como parte del programa “Vivir Mejor”.

“Resistencia pacífica”

Lejos de sentirse acorralada por su situación judicial o por las últimas decisiones del gobernador de Cambiemos, Sala está decidida a resistir en la plaza.

“Morales puede presentar 10.000 decretos, 10.000 denuncias, pero a la dignidad de los compañeros no la va a doblegar con denuncias ni con decretos”, desafió anteanoche ante la asamblea en la que se decidió no levantar las carpas.

Ayer volvió a la carga contra el mandatario provincial. Lo acusó de haber “armado” 280 cooperativas “que responden al radicalismo” desde que asumió la gobernación para transferirles los planes de construcción y refacción de viviendas que hasta ahora controla la Tupac.

“No estamos en la plaza porque estamos al pedo o porque queremos voltear a Morales. Queremos que nos devuelvan las obras, queremos trabajar”, agregó Sala, que insistió en que la “resistencia” de los que persisten en la plaza será “pacífica”. “De nuestra parte no va a haber ningún hecho de violencia. Simplemente reclamamos por nuestros derechos”, advirtió en declaraciones a radio Del Plata.

Desde anteanoche, cuando el plan de lucha de Sala entró en su “segunda etapa”, los acampantes hicieron circular su temor a que el gobierno provincial apele a la fuerza para despejar la plaza.

Según pudo saber LA NACION, Morales no tiene previsto avanzar por esa vía. Al menos, no por ahora. La abundante presencia de menores en la plaza Belgrano complicaría cualquier intento de desalojo.

Por otra parte, el gobierno avanza en la compensación a los comerciantes que perdieron plata por el acampe. Hace dos semanas la administración de Morales los instó a demandar a Sala por el perjuicio para poder ser resarcidos. Hasta ayer, sólo nueve de los 40 comerciantes de los alrededores de la plaza habían reclamado. El resto tiene tiempo hasta el próximo martes para hacerlo.

 

 

 

Fuente: La Nación