Durante la última dictadura militar, y en los años previos al golpe de 1976, las universidades fueron objeto de un estricto control y represión. Desde la clandestinidad, los militantes intentaron dar continuidad al movimiento estudiantil.

 

En “El reformismo entre dos siglos. Historias de la UNL”, el libro escrito por Susana Piazzesi y Natacha Bacolla, las autoras refieren a Dictadura y Universidad, como los términos de una “ecuación imposible”: en un extremo, el régimen opresivo para el que las universidades eran consideradas como “centros de adoctrinamiento subversivo”; y en el otro, las casas de altos estudios que habían hecho de la autonomía y el cogobierno, las claves de su vida institucional a partir de la Reforma.

 

Durante la década de 1970, las universidades sufrieron sucesivas intervenciones que atentaban contra esos mecanismos democráticos. En un repaso por ese período, las cesantías de profesores, la expulsión de alumnos, las restricciones a la libertad de cátedra e investigación y la violencia ejercida sobre el movimiento estudiantil, se intensifican hacia marzo de 1976, sobre la base de un clima social y político que desembocó en el inicio de la última Dictadura Militar argentina. Hasta el retorno de la democracia, la Universidad sería sometida a un fuerte dispositivo represivo, por el cual -según indica el informe elaborado en el año 1984 por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas- del total de denuncias por desapariciones un 21% eran estudiantes.

 

Militar en la dictadura

 

“Los procesos represivos se habían iniciado un par de años antes del Golpe y también las discrepancias en el seno del movimiento estudiantil”, recuerda Adolfo Stubrin, hoy secretario de Planeamiento de la UNL, elegido presidente de la Federación Universitaria del Litoral hacia 1975, con una mesa directiva integrada por diversas agrupaciones. El clima opresivo era tangible y las tensiones se trasladaban al propio movimiento, marcado por diferencias en la evaluación del contexto y las estrategias políticas a seguir, como señala Stubrin: “En aquel momento, yo representaba a las tendencias estudiantiles que estaban a favor de la continuidad democrática. Pensábamos que al llegar el año 1975, en que estaba prevista la elección nacional, era clave la subsistencia democrática de la Argentina. Éramos un grupo minoritario, constituido básicamente por radicales y socialistas, y había un grupo mayoritario que era el de las tendencias revolucionarias del peronismo, que había roto con el gobierno de su mismo signo político y desestimaba la posibilidad de la continuidad democrática, coincidiendo esto con un método drástico de resolución de las cuestiones políticas”.

 

Aún en ese clima de discrepancias y desencuentros se lograría dar continuidad a la FUL a fines de 1975, desafiando las prohibiciones del régimen: “nos reunimos en el local del Sindicato de Sanidad, buscando un lugar que nos refugie porque la Universidad ya no era accesible para nosotros. Eso dotó de alguna manera de una continuidad al movimiento estudiantil orgánico durante toda la Dictadura, época en la que no hubo posibilidad de hacer elecciones ni asambleas, ni tener un funcionamiento normal del movimiento estudiantil”. Del congreso surgiría además un documento que entre otros pronunciamientos fijó una clara postura “contra el golpe de estado y toda clase de terrorismo, por la libertad de los presos sin causa ni proceso y por la liberación nacional”, como citan Piazzesi y Bacolla en el libro.

 

“Durante la Dictadura las condiciones de clandestinidad eran lo habitual, lo que no significaba que el movimiento estudiantil se hubiera disuelto”, agrega Stubrin. Y explica que “hubo continuidad de mandato de las autoridades. En mi caso, me recibí al poco tiempo y fui perdiendo responsabilidades directas, pero nos reemplazábamos por mecanismos de consenso entre las distintas agrupaciones. La continuidad de la FUA, de las Federaciones y los centros de estudiantes en la mayoría de las facultades se garantizó por la presencia de militantes y el acuerdo de las agrupaciones para renovación de autoridades durante esos años, hasta fines de 1982, comienzos de 1983, que se pudieron hacer las primeras elecciones y se normalizó la representación de los estudiantes hasta el presente”.

 

Censurada la vida pública y política en ámbitos de la universidad, los encuentros se realizaban en la clandestinidad, “en casas de estudiantes, en bares, con algunos actos reivindicativos ocasionales, pero en un contexto de mucho peligro y nulo reconocimiento por parte de las autoridades”.

 

Recuperar la democracia

 

El impacto del proceso en la UNL, continúa Stubrin, “fue muy fuerte y al mismo tiempo muy represivo: hubo cesantías de profesores, cancelación de contratos y la represión abierta, el encarcelamiento y desaparición de compañeros, que estuvo a la orden del día en esos años. Los interventores eran representantes de esa política represiva y restrictiva, a la que se sumó el sistema de ingreso restringido y cupos que afectó a la Universidad hasta el final del régimen militar”.

 

El desenlace de este oscuro capítulo no sería menos complejo en sus causas y acontecimientos históricos: los problemas económico-financieros y políticos del régimen, la derrota en la Guerra de Malvinas; y el reclamo de democracia y respeto de los derechos humanos por parte de organizaciones sociales y fuerzas políticas, entre otros factores, crearían el contexto donde la oposición a la Dictadura comenzaba a hacerse fuerte. En el ámbito universitario, con el retorno de la democracia, comenzaría una etapa de normalización que contó con el compromiso asumido por el presidente Raúl Alfonsín ante el Congreso: recuperar la autonomía y cogobierno para las universidades.

 

 

Fuente: Prensa UNL

Compartir

Comentarios