La Comisión por la Memoria (CPM) realizó ayer una inspección en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Olmos, encabezada por su presidente Adolfo Pérez Esquivel y su Secretario Roberto F. Cipriano García. La misma fue realizada de manera conjunta con la PROCUVIN, dirigida por los fiscales federales Miguel Palazzani y José Nebbia. Falta de acceso a la salud, escasa y deficiente alimentación, deplorables condiciones edilicias y torturas, fueron los elementos centrales que se pudieron constatar en los sectores de admisión, SAC, pabellones y sanidad.

Para el presidente de la CPM y premio Nobel de la Paz “hay que reclamarle al estado una reforma profunda”. La CPM y la PROCUVIN hicieron hoy una denuncia penal contra las autoridades responsables de la unidad. La semana próxima se presentará un habeas corpus a favor de todas las personas allí alojada.
“La condición carcelaria es realmente preocupante y de larga data. Las personas detenidas son seres humanos y deben ser consideradas como tal; la cárcel no puede cargar más penas a la condena que ya están sufriendo”, dijo ayer Adolfo Pérez Esquivel al salir de la inspección de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Olmos, La Plata.
Durante más de diez horas, equipos del Comité contra la Tortura de la CPM y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), inspeccionaron los diferentes sectores del penal: admisión, SAC (separación del área de convivencia), sanidad, pabellones de población.
“Presentamos una denuncia penal porque a diario se cometen delitos que deben investigarse. Relevamos múltiples situaciones de torturas. La unidad está superpoblada. El último cupo informado por el SPB (no respetuoso de los estándares internacionales de derechos humanos), es de 1800 presos, pero hoy tiene 2650 internos. Muchos aislados 24 horas, durante meses, en celdas muy pequeñas o pabellones colectivos con escaso espacio para circular, todos en condiciones inhumanas”, dijo Cipriano García.
Además de las inhumanas condiciones edilicias detectadas rápidamente como humedad en las paredes, vidrios rotos, cloacas tapadas, olores nauseabundos, precaria instalación eléctrica y frío extremo, los equipos se encontraron con personas en graves condiciones de salud. De las entrevistas realizadas a los detenidos se desprenden datos aún más alarmantes. Hay pabellones con 30 personas y 24 camas. Muchos duermen en el piso mojado. La comida es escasa. La gente padece hambre y se descomponen por comer alimentos en malas condiciones.‎
Cuestiones elementales como el acceso a la salud, debida atención médica y adecuada alimentación no están en absoluto garantizadas. Además, la mayoría de las personas entrevistadas manifestaron no tener mantas para protegerse del frío. En celdas de reducidas dimensiones, donde brota agua de las paredes y se forman charcos que cubren una parte importante, sumado a pésimas condiciones de higiene, las condiciones se vuelven insostenibles.

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Según consta en la denuncia conjunta presentada hoy por la CPM y la PROCUVIN, todas estas condiciones son “constitutivas de distintos y variados ilícitos penales”. “Hay gente que aun así no quiere ser trasladada para no perder contacto con su entorno. Pero viven en condiciones inhumanas para rehabilitarse. Nadie puede rehabilitarse así. De ahí no puede salir nadie sano. La condena no puede ser para la degradación”, manifestó Pérez Esquivel.
Luego de una descripción completa de la inspección realizada, sector por sector, y de las diferentes condiciones relevadas y los casos de vulneración de derechos constatados en cada una de las entrevistas, la denuncia solicita que “se proceda a la inmediata clausura de los sectores de “separación” y “quinto paso” (denominados también “buzones” y/o “leoneras”)”.
Además de esto, Cipriano García expresó que la CPM reclama “respuestas estructurales para esta situación que evidencia la persistencia de prácticas de la dictadura. Deben democratizarse estas instituciones, y los jueces tienen que asumir su responsabilidad por esta situación crítica”.‎
Desde la última inspección realizada por la CPM a esta misma unidad en agosto de 2015, se han recibido 1261 denuncias de hechos violentos y en menos de un año murieron ocho internos. Según precisó Pérez Esquivel, “la CPM elevará estos datos ante las autoridades judiciales, penitenciarias y políticas para corregir estas deficiencias. Hay que reclamar al Estado que los informes de la Comisión y otros organismos se tomen en cuenta para una reforma profunda de las instituciones penitenciarias”.