Cambiemos quiere un ente bajo la órbita de Justicia; el FR, GEN y el FPV buscan un tribunal autárquico

Las buenas intenciones también habilitan las internas. Mientras el gobierno de María Eugenia Vidal avanza en la creación de una Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), al estilo de la Oficina Anticorrupción que existe en Nación, y bajo la órbita del Ministerio de Justicia provincial, la oposición aceleró los pasos para tratar de crear, por medio de una ley, un Tribunal Social de Responsabilidad Política, que a diferencia de la OFI actúe con autonomía y autarquía del Poder Ejecutivo bonaerense.

Esa no es la única pero sí la principal diferencia entre los dos proyectos en danza por estas horas en la gobernación y la Legislatura provincial. El primero es impulsado por el ministro de Justicia de Vidal, Gustavo Ferrari, y fue revelado por el diario El Día. El segundo, expresado en un borrador al que accedió LA NACION, es impulsado por los legisladores del Frente Renovador, el GEN y La Cámpora que actúan dentro de la Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados.

La estructura legal de la OFI que diseña Ferrari ya está avanzada y se traduciría en un decreto antes de fin de año. Según señalaron a LA NACION desde el Ministerio, tendrá dos roles principales. Uno proactivo, con diseño de políticas, programas de prevención, divulgación y transparencia, y otro de control, para la recepción de denuncias, investigaciones, sumarios y su derivación a la Justicia.

Según ese diseño, la OFI tendría rango de secretaría o dirección provincial y su titular sería designado por el Ministerio. En principio -todavía se analiza este punto-, sin un mandato fijo, lo cual habilitaría a Ferrari, a Vidal o al futuro gobernador bonaerense a removerlo de sus funcionarios. Estaría, como se dice, a tiro de decreto.

La circunstancia puede leerse como una debilidad de origen en el cargo, a la vez que un remedio para evitar a futuro situaciones que hoy enfrenta Cambiemos tanto en Nación, por ejemplo con la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó; como en Buenos Aires, con su par, María del Carmen Falbo. O con el titular del Tribunal de Cuentas bonaerense, Eduardo Grinberg.

“La intención es que la OFI esté a cargo de alguien que tenga vasta experiencia en gestión pública y que haya estado en áreas de control. Alguien idóneo en lo que le tocará analizar”, señalan desde La Plata.

La meta de la oposición, en cambio, es crear el Tribunal Social de Responsabilidad Política que está previsto en el artículo 3 de la Constitución provincial. “Como órgano independiente de los poderes estatales y actúa con plena autonomía funcional y autarquía financiera”, según establece el borrador al que accedió LA NACION.

Ese borrador integra cuatro proyectos presentados ante la Comisión de Reforma Política que preside el diputado massista Pablo Garate: dos iniciativas del Frente Renovador (Ricardo Lissalde y Lisandro Bonelli), una del Frente para la Victoria (Rocía Giaccone) y otra del GEN (Rubén Grenada).

Otra diferencia con el proyecto de Cambiemos es que el tribunal diseñado por los opositores estaría integrado por cinco miembros “que deben ser elegidos por concurso” por el Poder Ejecutivo pero “con acuerdo de ambas cámaras de la Legislatura. “Duran cinco años en su función pudiendo ser reelegidos por un período”, agrega el texto, que sólo prevé la destitución de los miembros por mal desempeño de sus funciones, previo jury.

El proyecto opositor no se detiene en el tribunal, sino que crea también un Código de Ética y Transparencia para todos los funcionarios provinciales y municipales. Por ejemplo, prohíbe apropiarse de la publicidad oficial utilizando nombres o símbolos que se identifiquen con los funcionarios. O intervenir o controlar a personas o empresas con las que estuvieron relacionados en los tres años previos. También establece un régimen para controlar los obsequios que reciben los funcionarios y para presentar y difundir sus declaraciones juradas.

Una última perla: el código prohíbe a los funcionarios nombrar a sus parientes en el Estado.

Claves del código de ética

Publicidad oficial 

No puede incluir nombres o símbolos que supongan una promoción personal

Incompatibilidades 

Prohibe participar ante empresas con las que haya tenido relación. Y regula el destino de los obsequios recibidos

Nepotismo 

Prohíbe nombrar a parientes y designaciones cruzadas entre funcionarios