El proyecto de adhesión de la provincia al “sinceramiento fiscal” impulsado por Nación se aprobó en Diputados. La razones de la oposición del Partido Sí.

Se aprobó en la Cámara de Diputados de Santa Fe el proyecto de Ley, con media sanción en Senadores, que tiene como objetivo permitir la adhesión de la provincia al blanqueo de capitales que habilitó el gobierno nacional a través de la sanción de la Ley Nº 27.260. La misma, que cuenta con el nombre de ‘Programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados’, no ha logrado aún reportar grandes dividendos, entre otras cosas, por la falta de adecuación de varias provincias. Si bien el Ejecutivo nacional realizó intensas gestiones para modificar algunos puntos del proyecto original votado en la Cámara alta, que limitaba los alcances de la misma, finalmente los legisladores le dieron el visto bueno por 28 votos a favor y 11 en contra, entre ellos el de la diputada Alicia Gutiérrez.

En primer lugar, desde el Partido Si no estamos de acuerdo con el blanqueo de dinero en el exterior como una forma de obtener divisas porque consideramos que significa un premio a aquellos que han incumplido con sus obligaciones tributarias o, directamente, estafado al Estado al esconder el capital en “paraísos fiscales” para evitar el pago de impuestos. Ni siquiera la normativa sancionada exige ingresar al país los bienes que, hasta ese momento, no estaban declarados. Por el contrario, los que se suman al sinceramiento son eximidos del pago de cargas fiscales y, al mismo tiempo, quedan liberados de los delitos previstos por la ley.

Hoy más que nunca, con el escándalo de los Panama Papers aún fresco en la memoria, se advierte de la necesidad de poner límites a estas maniobras que tienen como principales beneficiarios, no a los pequeños ahorristas que guardan un puñado de dólares en el colchón, sino a los sectores más concentrados de la economía. No es necesario explicar lo mucho que “la fuga de capitales” ha impactado en la economía nacional, en todas las épocas, y ha contribuido para desestabilizar las, de por sí débiles, cuentas públicas. Para colmo la Ley nacional impide a los funcionarios de los tres poderes ingresar al régimen pero no a sus familiares directos, ni a empresas contratistas del Estado, lo cual deja una “gran puerta abierta” para que se cuelen los que no tienen invitación.

En segundo lugar, no convalidamos que la ley de blanqueo haya sido “atada”, en una maniobra casi extorsiva, a una deuda justa e “histórica” como es la que tiene el Anses con los jubilados y que puede poner en riesgo la continuidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según las cifras más auspiciosas brindadas por el propio gobierno nacional, se estima que se recaudará unos 20 mil millones de dólares y que la Anses recibirá unos 28 mil millones de pesos, lo cual no alcanza para pagar la deuda a los pasivos que se calcula en 130 mil millones de pesos. Es claro que se recurrirá al FGS para cubrir la diferencia.

Tercero, el proyecto de adecuación de la provincia al régimen nacional, si bien plantea el cobro de una tasa del 1% a los contribuyentes que blanqueen bienes por encima de los 305 mil pesos, con la excepción para los que reinviertan el 60% o más de lo blanqueado en la provincia, obviamente va en la misma dirección. En un contexto de ajuste y recesión, donde se le pide al contribuyente que tenga paciencia ante el aumento de tarifas y la caída del poder adquisitivo, parece una provocación.

Al mismo tiempo, no es posible desconocer que, como contrapartida a la demorada adhesión de Santa Fe al sinceramiento fiscal, la Nación viene postergando el aval para que la provincia tome deuda para obra pública a pesar de que la Legislatura lo aprobó en junio pasado. Una clara forma de ejercer presión sobre los asuntos locales de parte del Ejecutivo nacional.

Por todo lo antedicho nos manifestamos en contra de esta medida que vuelve a beneficiar a los grandes capitales y dejar sin respuesta a los que más lo necesitan, poniendo en jaque el futuro de los jubilados al hacer uso de su fondo de ahorro y marcando la cancha a las provincias que no quieran adherir.