El senador provincial por el Departamento La Capital, Emilio Jatón, presentará en conferencia de prensa este jueves desde las 9:15 hs. en el Hotel España (25 de Mayo 2647), el proyecto de Ley de Servicio de Defensa del Consumidor, normativa hasta el momento inexistente en la Provincia.


Asistirán a este evento el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein. También participaron mediante rondas de consultas y compartieron el proyecto el Ministro de Producción Luis Contigiani, el Defensor del Pueblo Raúl Lamberto, especialistas y organizaciones sociales vinculadas a la temática.
Esta normativa hace hincapié en la agilidad y gratuidad del proceso, el cambio de autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia, el llamado a audiencia conciliatoria, la posibilidad de iniciar acciones colectivas y la aplicación efectiva de sanciones a las empresas, enmarcadas en la Ley Nacional 24.240.
“Nuestro objetivo es el de poder garantizar los derechos de los consumidores y usuarios. En primer lugar, debemos aclarar que un consumidor no solo es aquel que compra un bien a un privado, sino también quienes utilizan los servicios públicos como el transporte, recolección de residuos, agua potable, etc.”, expresó el Senador.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la provincia que persigan la protección y Defensa del Consumidor o de problemáticas afines.
El legislador explicó que en Santa Fe todavía “no tenemos una ley que regule el servicios de los consumidores ni la adhesión a la Ley Nacional 24.240. Queremos promover una acción positiva en materia de protección de derechos y garantía del cumplimiento de las obligaciones en el intercambio entre usuarios, consumidores y prestadores, productores o distribuidores de bienes y servicios”.
A su vez, Jatón expresó que es un sistema que le va dar agilidad al proceso que rige actualmente: “Hoy lleva semanas, meses y hasta en algunos casos, los reclamos quedan inconclusos por las demoras. Sabemos que el consumidor es el eslabón débil en la cadena y con esta legislación permitirá fortalecerse frente a las empresas o prestadores de servicios. A partir de la aprobación de esta ley, se podrá recibir y dar curso a las denuncias, otorgando a su vez asesoramiento jurídico gratuito”.
La autoridad de aplicación deberá iniciar el proceso administrativo con motivo de las presuntas infracciones dispuestas por la Ley Nacional 24.240 y toda otra norma integrante del denominado “micro sistema del consumidor”.
“Uno de los puntos importantes – explicó el senador – es la obligatoriedad de constituir un domicilio electrónico para cada una de las partes intervinientes. En muchas ocasiones, los procesos se dilatan por desinformaciones en el domicilio legal de la empresa o, en otros casos, por la demora o falta de recepción de la notificación en la citación. Esta herramienta será un paso más para lograr la agilidad que marcamos”.
Una vez conformado el expediente y los antecedentes, se cita al presunto infractor para que en el plazo de cinco días presente su descargo y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
En dichos casos, luego de presentado el descargo o vencido los términos de hacerlo, se fija una fecha de audiencia conciliatoria en un plazo no mayor de veinte días hábiles. En caso de incomparecencia ante la misma, el presunto infractor será penado de acuerdo a los antecedentes y la reiteración de esta conducta.
Si una vez finalizada la etapa conciliatoria, surge una infracción a la legislación vigente, el funcionario ordenará continuar la instrucción del sumario y formulará la imputación correspondiente.
Por otra parte, el proyecto otorga a la Defensoría del Pueblo herramientas importantes al exigir a la autoridad de aplicación de la ley, la obligación de iniciar actuaciones ante un pedido del Defensor, a quien legitima para dar comienzo a las acciones de tutela de intereses colectivos y difusos.
Verificada la existencia de la infracción, quiénes la hayan cometido percibirán las sanciones previstas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240, las que van desde un apercibimiento, multas, decomiso de mercadería y productos objeto de la sanción hasta la clausura del establecimiento, entre otras cosas.

Acciones colectivas
“Esta normativa aplicará una fórmula legal que permitirá la defensa conjunta de una pluralidad de consumidores y usuarios afectados en un mismo derecho subjetivo. Esta medida tiene por objeto la defensa de derechos comunes de un conjunto determinado”, argumentó el legislador.
Santa Fe se erige de esta forma en ser una de las primeras provincias en poder permitir la implementación de estas acciones, por lo que “podríamos llevar adelante recursos ante empresas y prestadores de servicios, que hoy no cumplen esa función y abarcan a grandes grupos de vecinos”.
A modo de ejemplo, el Senador explicó que “hace poco tuvimos un caso de un famoso teléfono celular, que podía sufrir serios inconvenientes al momento de volar. Sabemos que el producto es defectuoso, pero no conocemos el alcance real de personas a la cual afecta esto. La legislación permite iniciar un proceso que, comprobada la existencia del planteo de cada uno de los usuarios, permita unificar la defensa”.