Desde marzo, un fiscal recolecta información de la empresa brasileña y otras 100 compañías para determinar si el esquema de coimas de Brasil se repitió en el país.

Desde marzo, las obras públicas que la empresa brasilera Odebrecht realizó en los últimos años en el país están bajo investigación judicial. Un fiscal recolecta información de esa y otras 100 compañías para saber si el esquema de coimas se replicó en el país.

La investigación tuvo una certeza con el acuerdo que la empresa firmó con el Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza para pagar una multa de 3.500 millones de dólares por el reconocimiento de haber dado coimas por mil millones de dólares en 12 países para quedarse con negocios millonarios.

Uno de esos países es Argentina y Odebrecht señaló en el acuerdo que pagó 35 millones de dólares en coimas entre 2007 y 2014 para quedarse con negocios por 278 millones.

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, tiene desde el año pasado una investigación preliminar y por estas horas buscará contactarse con sus pares de Brasil para acceder al acuerdo completo y obtener información sobre los pagos de sobornos en Argentina que se conocieron por la delación de unos 70 ex directivos de Odebrecht.

“En esa delación estaría explicado cómo fueron los pagos de coima y quiénes los recibieron”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabaja en el caso.

Además, la PIA recolectó información oficial sobre las obras que Odebrecht y otras 100 empresas realizaron en el país. La sospecha es que hubo una cartelización de empresas para quedarse con grandes negocios de obra pública para lo cual se pagaron coimas.

“Lava Jato” es el nombre que tiene el megaescándalo de corrupción que desde 2014 involucra a Odebrecht y a políticos de ese país. El ex presidente de la firma, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por el pago de sobornos.

En esa investigación, la Policía Federal de Brasil detectó en febrero pasado en una pericia informática un listado de pagos ilegales de Odebrecht vinculados con mails de Manuel Vázquez, mano derecha del detenido ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime. Ambos están condenados por hechos de corrupción.

En aquellos mails, Vázquez le reclamaba a Mauricio Couri Ribeiro, presidente de Odebrecht, la falta de pago de 80 mil dólares, lo que luego se concretó a través de una empresa offshore a otra propiedad del asesor de Jaime.

Para las autoridades no había duda de que se trataba de una cuota del pago de una coima y se inició una causa judicial que tiene el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En otra causa se investiga al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido porque el ex ejecutivo de Petrobras Néstor Cerveró –condenado a 12 años de prisión– y el empresario Fernando Soares confesaron que cobraron 300 mil dólares para que la compañía –socia de Odebrecht– vendiera “Transener”. Ambos dijeron que De Vido participó de las gestiones para que la empresa pasase a una compañía argentina y no a otra de Estados Unidos, con quien ya estaba acordada la venta. El expediente lo lleva el juez Sebastián Ramos.

En agosto del año pasado, el ex diputado y fiscal Manuel Garrido le pidió a la PIA y a la Auditoría General de la Nación el inicio de una investigación para determinar si el “Lava Jato” había tenido su espejo en el país.

El fiscal Rodríguez estuvo a principio de año en la ciudad brasilera de Curitiba reunido con los fiscales del “Lava Jato” y en marzo le solicitó a la Tesorería Nacional del Ministerio de Economía información sobre todos los pagos que el estado hizo entre 2006 y 2012 a 100 empresas en concepto de obra pública.

Entre ellas, Odebrecht, Techint –su director en Brasil tuvo que declarar en la causa de “Lava Jato”– Camargo Correa y OAS S.A. y muchas de sus compañías subsidiarias. Se trata de empresas que en Brasil estuvieron involucradas en el pago de coimas.

El requerimiento fue contestado parcialmente y se amplió el pedido a ministerios nacionales. Pero ya hay información de varias empresas, entre ellas Odebrecht, que se está analizando.

La principal sospecha es que las empresas tuvieron una cartelización de la obra pública. Realizaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para quedarse con los mejores negocios y para eso podrían haber pagado coimas.

La clave, entienden en la PIA, está en el acuerdo y la confesión de la compañía por los sobornos que se buscará incorporar a la investigación preliminar.