El Concejo aprobó la prórroga de la medida que prioriza la protección ciudadana entre las inversiones del municipio. El edil Giuliano destacó avances pero enumeró lo que falta.

El Concejo Municipal aprobó este jueves la prórroga de la Emergencia en Seguridad para Rosario por otros seis meses, para priorizar esa problemática entre las inversiones del municipio y permitir un mayor control de dichas intervenciones.

“Estamos a medio camino de las acciones llevadas adelante por la Municipalidad en el marco de la Emergencia”, analizó el edil Diego Giuliano, autor de la iniciativa que se extenderá otros 180 días.

Enumeró que “la ciudad cuenta con 64 móviles más -entre autos, pick ups y motos-, nuevas luminarias para 12 barrios y más operativos de control vehicular” y agregó: “Percibimos que eso no es suficiente y las causas que ocasionaron declarar a Rosario en emergencia aún subsisten”.

Para el concejal, presidente de la Comisión de Seguridad, “fue positivo que la gestión Fein haya interpretado que los problemas de seguridad de los rosarinos también le pertenecen aunque se tardó mucho en hacerlo”.

“En septiembre del año pasado la declaración de Emergencia en seguridad posibilitó que se aprobaran 28 proyectos de concejales de todos los partidos con propuestas sociales, materiales y preventivas para disminuir la violencia en la ciudad. Algunos están en proceso de realización, algunos menos ya fueron puestos en práctica y más de la mitad falta concretarse, como es el nunca realizado reforzamiento de la seguridad de las paradas de colectivos, lugares de fuerte vulnerabilidad, para nombrar uno entre otros”, indicó el edil.

Señaló que “falta concretar la instalación de 200 alarmas comunitarias, la instalación de cámaras de videovigilancia en barrios de la ciudad y la concreción de la Dirección de Asistencia y reparación a Victimas”.

La primera etapa de la Emergencia en Seguridad se votó en septiembre último, por iniciativa de Giuliano, para facultar a la intendenta Mónica Fein a modificar partidas presupuestarias y a realizar contrataciones directas siempre que esas acciones estén orientadas a “la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad”.