El espacio que lidera Elisa Carrió presentó un recurso de amparo con medida cautelar a la justicia santafesina, solicitando la suspensión del proceso de licitación de la autopista Santa Fe – Rosario, así como el cobro de peajes en todas las rutas provinciales concesionadas.

Al respecto, el abogado Eduardo Gallo aseguró que, con la medida, solo se pretende “que el gobierno provincial entienda que buscamos transparencia en el proceso licitatorio” y que “el Poder Judicial esté a la altura de la situación”.
“Este estudio, que lo ha llevado a cabo el equipo técnico a cargo del Ing. Civil Fernando Schneider, con la coordinación de la Dra. Lucila Lehmann, ya lleva más de tres meses de investigación, o sea que no es una presentación endeble, sino que tiene el sustento de una investigación seria. Y, por otra parte, que es otra cosa que nos llamó muchísimo la atención y lo planteamos a la justicia, es que se deja, el pliego, librado a la empresa ganadora o adjudicataria la contratación de su propia auditoría. Esto es inaudito, porque, en rigor de verdad, el estado nunca debe desprenderse del control”, indicó el letrado, y aseguró que los ejes de la acción legal son “la protección del usuario, la transparencia en el proceso licitatorio y la seguridad, vial”.
En el mismo sentido, Gallo consideró que “se debieron hacer estudios previos al proceso licitatorio, que deben ser incorporados al pliego, como es el estudio de rentabilidad social, dentro de lo cual hay un ítem que es crucial, que es el instrumento del tránsito como variable decisiva en el cálculo de la tarifa”. “A mayor transitabilidad, también, las tarifas pueden disminuir sus costos, y esto nunca sucedió, ni sucede, ni se refleja”, reflexionó, haciendo extensivo el análisis al resto de los viaductos provinciales concesionados.
Según el representante de ARI, tampoco “se ha especificado un índice de estado actual del pavimento de la autopista Santa Fe – Rosario, por lo cual, no sabemos, la concesionaria que gane la licitación, el estado, el índice actual del pavimento y, por lo tanto, no sabremos en qué estado lo van a dejar, o debemos exigir que dejen en el estado de la autopista”. Por eso, opinó que ya que “se va a concesionar la obra y lo que es la explotación, el mantenimiento, el gerenciamiento y todo lo que tenga que ver con la circulación vial va a estar a cargo de la concesionaria, la provincia debe plantear como una exigencia que el oferente tenga cabal conocimiento del índice de estado actual del pavimento, para que lo pueda mantener, para que pueda después establecer el índice de estado, durante la concesión y el índice de estado final con el que la concesionaria debe entregar la ruta”.
Finalmente, Gallo manifestó que se recurrió a un recurso de amparo porque es la única medida que, por sus plazos abreviados, permitía llegar con tiempo a la justicia antes del 5 de mayo, fecha límite para la presentación de ofertas. “Esperamos que la justicia esté a la altura de la situación porque, realmente, todos sabemos el estado de las rutas, lo que salen los peajes, y que no hay relación entre una cosa y la otra”, remató.