El presidente está a la defensiva por las denuncias del caso Petrobras y la resistencia a sus políticas económicas.

A la defensiva tras la fuerte ola de rechazo a la clase política que generaron en Brasil las revelaciones de sobornos de la compañía Odebrecht, el presidente Michel Temer -citado en las acusaciones junto a ocho de sus ministros- descartó que vaya a renunciar y afirmó que este “tsunami” de denuncias no logrará frenar la agenda de reformas que impulsa para recuperar la economía.

“Voy a terminar el mandato hasta el final, no tengo ninguna preocupación con eso. Mi preocupación es trabajar por Brasil. Brasil no va a parar, tiene instituciones sólidas, el Poder Judicial está funcionando regularmente, las investigaciones funcionaron regularmente, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que continuar trabajando”, destacó anteanoche Temer en una entrevista con el canal SBT. La nota fue parte de una activa campaña mediática de contención que el Palacio del Planalto emprendió desde que, la semana pasada, se conocieron los detalles de los datos aportados por ex ejecutivos de Odebrecht a la justicia.

Como parte de su acuerdo de delación premiada, los empresarios condenados revelaron el inmenso tamaño de la red de corrupción que se extendió a los principales partidos políticos.

Entre los acusados de haber recibido coimas o financiamiento no declarado de Odebrecht están ocho ministros del actual gobierno, 39 diputados, 24 senadores, tres gobernadores, los ex mandatarios José Sarney (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), Fernando Collor de Melo (Partido Laborista Cristiano), Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff (ambos del Partido de los Trabajadores, PT), y el propio Temer (PMDB), cuando era vicepresidente de Rousseff.

La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal (STF) levantó el secreto de sumario que pesaba sobre las denuncias de los ex ejecutivos de Odebrecht y autorizó a la Procuraduría General de la República iniciar investigaciones sobre casi todos los imputados para que luego realice denuncias.

En el caso de Temer, que fue señalado como operador de una “donación” ilegal al PMDB de 40 millones de dólares en 2010 y de otro aporte no declarado en 2014, el presidente goza de inmunidad temporaria y no podría ser investigado -por ahora- por hechos anteriores a su mandato.

De todos modos, las acusaciones inquietan al presidente, que tiene una bajísima popularidad (9%), y amenazan con descarrilar las reformas estructurales que promueve para sacar a Brasil de su peor recesión.

Ya con las leyes de congelamiento de gastos y una parte de la flexibilización laboral aprobadas, la prioridad del gobierno ahora es que el Congreso adopte su propuesta de reforma del sistema de jubilaciones, muy resistida por sindicatos y movimientos sociales.

Ayer mismo, por la tarde, una manifestación de asociaciones policiales en contra de los cambios jubilatorios que promueve el gobierno acabó en desorden frente al Congreso, donde ocurrieron destrozos.

La prueba de fuego para la reforma previsional será el próximo viernes 28, cuando está convocada una huelga general de rechazo. El paro y la movilización, sumado al repudio generalizado en la sociedad por las revelaciones de Odebrecht, podrían echar por tierra los planes del gobierno y colocarlo en modo de supervivencia.

Ayer, hasta el papa Francisco se sumó a las voces críticas de las políticas de ajuste que promueve Temer.

“Sé bien que la crisis que enfrenta el país no es de simple solución, pero no puedo dejar de pensar en tantas personas, sobre todo las más pobres”, escribió Francisco en una carta al mandatario, donde se excusó “por motivos de agenda” de no poder visitar Brasil este año -como él mismo había prometido- para conmemorar los 300 años de la Virgen de Aparecida, patrona nacional.

Michel Temer

Llegó al poder tras la destitución de Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente, pero su continuidad en el cargo está en juego por las continuas ramificaciones del escándalo de corrupción de Petrobras.

FuenteLa Nación
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