Los Defensores del Pueblo de todo el país se reunieron esta tarde con integrantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Raúl Lamberto explicó los términos del encuentro y confirmó que a partir del lunes se reintegrarán los beneficios.

El Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, garantizó tras el encuentro que “la semana que viene, desde el día lunes en adelante, no solamente el día lunes, se va a depositar las pensiones con carácter retroactivo a todos aquellos que se le dieron de baja, excepto quienes hayan fallecido; quienes voluntariamente hayan presentado su renuncia; y quienes estén incorporados en empleos en blanco. Esos tres casos no se incorporan en acreditación; y en el caso concreto de los que tienen empleo en blanco, por planteo de los Defensores, no se los da de baja hasta los efectos que puedan acreditar que efectivamente no han perdido el empleo en blanco”.
Asimismo, el Ombudsman santafesino informó que, como petición, todos los Defensores, hicieron referencia en la reunión a varios puntos que planteó Santa Fe, como “derogar el Decreto 432; establecer un sistema normativo con requisitos más inclusivos sujeto a evaluaciones interdisciplinarias en cada caso particular; tomar parámetros acordes a la Convención Internacional sobre el derecho de las personas con discapacidad; y, centralmente, suprimir toda referencia a porcentaje de incapacidad laborativa, dado que esto es una pensión que debe otorgarse por motivos de discapacidad, no motivos laborales, porque no son incapacidades de Derecho laboral”.
En tanto, por su parte, Lamberto pidió “que se excluya el impedimento de acceso a la petición, el hecho de que el cónyuge se encuentre con un régimen previsional o prestación no contributiva” e “insistir en la necesidad de la elaboración de quipos interdisciplinarios”. Sin embargo, según detalló el propio Raúl Lamberto, “la solicitud central de Santa Fe a la Nación fue que, en caso de duda, siempre estemos a favor del postulante de la petición, de la pensión en este caso, y no al revés, como que se daba de baja y después se trataba de desentrañar la verdad”. “Cuando uno empieza a discutir, por ejemplo, tres pensiones o 19 mil pesos; y se encuentra que un auto a lo mejor, que es parte del patrimonio, es fundamental para que un discapacitados se pueda trasladar, se da cuenta que no es la realidad en base a derechos sino en base a parámetros antiguos, que eran los que se usaban hace veinte años y que no son los que hoy rigen en los tratados internacionales, especialmente en materia de discapacidad o incapacidad”, explicó.
Finalmente, en relación a los casos que realmente presentan irregularidades para el cobro del beneficio, el funcionario adelantó que, si hay abusos, “ningún Defensor del país lo va a avalar, esto lo hemos dejado muy en claro”. “Creo que el abuso quita derechos a quien realmente los necesita; pero, por el otro lado, tenemos es una legislación obsoleta, que ha dado pie a que ésta realidad tenga el resultado que tuvo”, opinó.

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