Ese el principal propósito de la iniciativa legislativa que presentaron los diputados Antonio Bonfatti y Rubén Galassi. Se busca que los jubilados y pensionados acorten los plazos cada vez que realicen un reclamo por la liquidación de sus haberes.

Rubén Galassi (LT10)

A partir de una iniciativa de los diputados Antonio Bonfatti y Rubén Galassi, la Cámara de Diputados de la provincia le dio media sanción a un proyecto que busca agilizar los trámites previsionales. “Es un trámite puntual, vinculado a todos los reclamos que, como recurso, se interponen ante la Caja de Jubilaciones”, señaló el ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado en comunicación con LT10.

A propósito, Galassi detalló que “son más de 70 mil” los reclamos presentados por pasivos provinciales. “En más de un 80%, los reclamos tienen que ver con cómo se liquidan los haberes y esto genera reclamos administrativos. Hoy, ese reclamo administrativo se hace ante la Caja. Generalmente, se rechaza y los jubilados están obligados a iniciar una instancia que pasa por el Poder Ejecutivo y termina en un decreto que firma el gobernador”, explicó el legislador e hizo hincapié en la demora que implica dicho procedimiento.

Ahora bien, la nueva normativa dispone la “eliminación de esa instancia, la burocracia, el trabajo en el Poder Ejecutivo” y “le acorta a los jubilados la posibilidad de reclamar, vía judicial, lo que ellos entienden como una injusticia respecto a la liquidación de sus haberes”, destacó el diputado.

Las demandas de los jubilados y pensionados, en su gran mayoría, se relacionan con el monto de sus haberes. Una vez que el proyecto sea sancionado y entre en vigencia, cada vez que reclamen a la Caja de Jubilaciones, ésta rápidamente dará una respuesta y luego se contará con 15 días para notificar al Poder Ejecutivo “que van a obviar la vía administrativa y que van a ir a directamente a la Justicia”, precisó Galassi. Y consignó: “Esta ley agiliza y acorta los plazos a quien entiende que está siendo perjudicado y que vía judicial puede encontrar una reparación. Colateralmente, le quita trabajo también al fiscal de Estado”.