El cerco de presiones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se cerró aún más ayer con una dura acusación de la ONU sobre el uso “excesivo” de la fuerza contra las protestas opositoras.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Zeid Ra’ad al-Hussein, denunció el “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes” e incluso “torturas”. Por su parte, el secretario general, António Guterres, dijo estar preocupado de que Venezuela esté distanciándose de la paz.

Según el análisis de un equipo de Acnudh basado en 135 entrevistas realizadas entre junio y julio en las que investigó 124 muertes, las fuerzas de seguridad de Venezuela son responsables de por lo menos 46 de ellas y grupos armados progubernamentales, de otros 27 asesinatos. La causa del resto no está clara.

Acnudh instó al gobierno de Maduro a contener a las fuerzas oficiales e investigar los aparentes abusos, liberar a las personas arbitrariamente detenidas y también asegurar la protección de la recién destituida fiscal general Luisa Ortega.

“Estas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la oficina de la fiscal general”, señaló el titular de Acnudh en un comunicado sobre las conclusiones de la investigación. “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno”, agregó Zeid.

Condena regional

En el ámbito regional, Maduro enfrenta además una posible condena de 17 países de América, cuyos cancilleres evalúan en Lima la crisis, tres días después de que el Mercosur suspendiera a Venezuela por una “ruptura del orden democrático”.

El lunes, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que “no descarta” romper relaciones con Venezuela.

El gobierno de Donald Trump impuso recientemente sanciones financieras y jurídicas a Maduro y 13 de sus funcionarios y ex colaboradores, y amenaza con medidas más drásticas.

“El cerco internacional (…) es necesario para que en Venezuela haya un cambio político”, dijo Luis Florido, jefe de la Comisión de Política Exterior del Parlamento de mayoría opositora.

FuenteLa Nación
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