La fiscalía lo denunció por aceptar sobornos de casi dos millones de dólares en la operación Zelotes. Mañana se presenta por Odebrechet.

La situación judicial de Luiz Inacio Lula da Silva se agrava semana a semana. El ex presidente brasileño fue denunciado ayer por la fiscalía general por el delito de corrupción pasiva, supuestamente por favorecer a empresas mediante un decreto que otorgaba ventajas impositivas para la instalación de fábricas automotrices.

La nueva denuncia ocurre horas antes de la declaración que mañana al mediodía deberá realizar el ex presidente, como procesado, ante el juez Sérgio Moro, que investiga si hubo dinero de sobornos pagados como favores por parte de la constructora Odebrecht.

En esta nueva denuncia, la fiscalía de Brasilia involucra a Lula en la operación Zelotes, la mayor causa del delito de evasión fiscal del país y el pago de sobornos a agentes públicos para anular las deudas impositivas de las grandes empresas.

Según la nueva acusación, en 2009, Lula y el entonces jefe de gabinete, Gilberto Carvalho, aceptaron una promesa de pago de unos 6 millones de reales (casi 2 millones de dólares) para favorecer a revendedores en Brasil de Mitsubishi y Hyundai.

Según la fiscalía, el dinero se movió a través de la empresa M&M, y además del ex presidente y el ex jefe de gabinete, la fiscalía también denunció a otras siete personas, entre empresarios e intermediarios.

Esos fondos, para los fiscales Herbert Reis y Frederico de Carvalho, sirvieron para recaudar ilegalmente fondos para el Partido de los Trabajadores (PT).

Lula ya está procesado en la misma causa, pero por tráfico de influencias. La fiscalía lo acusa de integrar un esquema a través del cual su hijo Luis Claudio ofrecía a empresas los servicios de lobby de su padre ante el gobierno de Dilma Rousseff para conseguir incentivos fiscales. Las empresas pagaron US$ 800.000 a la firma de consultoría del hijo de Lula.

Según la defensa del ex presidente, ni Lula ni su hijo intervinieron en la concesión de beneficios fiscales a ninguna empresa.

Ahora se le suma a Lula la nueva acusación por corrupción pasiva junto con Carvalho, el máximo interlocutor del PT con la Iglesia Católica.

Cuatro causas

En total, el ex jefe del Estado está procesado en otras cuatro causas y ya fue condenado, en julio, por el juez Moro a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva por haber recibido en forma clandestina un departamento a cambio de haber favorecido a la empresa constructora OAS en contratos con la petrolera estatal Petrobras.

En caso de que esta condena sea ratificada, Lula corre el riesgo de ser detenido e inhabilitado para las elecciones presidenciales de 2018, para las cuales aparece como favorito según los escenarios de todas las encuestas.

Hoy Lula volverá a verse la cara con Moro por una causa en la cual está siendo juzgado por supuestas ventajas que se le atribuye haber dado a Odebrecht, a cambio del intento de compra de un terreno para el Instituto Lula, algo que nunca ocurrió.

Junto con movimientos sociales, el PT prepara movilizaciones en Curitiba para respaldar al ex presidente, que acusa a parte del Ministerio Público y de los jueces de perseguirlo jurídicamente para hacer inviable su futuro político.

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