Por las maniobras en el marco de ese programa, ayer se realizaron allanamientos en las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Social de la Municipalidad. Hoy Juan Cesoni, concejal que realizó la denuncia judicial, y el secretario General Carlos Pereira, fijaron sus respectivas posturas.

Tras los allanamientos que llevó a cabo ayer la Policía de Investigaciones (PDI), a instancias de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Social de la Municipalidad, esta mañana se expresó Juan Cesoni. En conferencia de prensa el edil justicialista brindó detalles de la denuncia que él mismo realizó ante la justicia por el manejo del programa Iniciativas Comunitarias.

En ese orden, el abogado patrocinante del concejal Alejandro Otte esgrimió que la propia denuncia se efectuó porque “ya se habían realizado sendos requerimientos al secretario de Desarrollo Social (Carlos Medrano), justamente, para que explicara cuál era la situación y el funcionamiento del programa Iniciativas Comunitarias”. Habida cuenta del “silencio y la negativa constante, se presentó la denuncia a partir de las irregularidades que, aparentemente, existían en la ejecución del programa”.

Alejandro Otte (LT10)

Asimismo, el letrado planteó que se registrarían “incompatibilidades entre los distintos integrantes y representantes de las ONGs, como así también de las cooperativas que contratan directamente con la Municipalidad de Santa Fe”. Al mismo tiempo, se procura saber qué ocurrió “con la aplicación de esos fondos”. Es decir, “si efectivamente los fondos con los cuales cuentan se destinarían a los que habían sido otorgados y recibidos por esa organización”.

A la luz de los hechos, Otte consignó que resultaba oportuno “reunir toda la documentación, tanto en soporte papel como en soporte informático a los fines de que el fiscal (Roberto Apullán) contara con todos los elementos para poder llevar a cabo todas sus tareas investigativas”.

A propósito, el abogado de Cesoni hizo hincapié en las “incompatibilidades”. Dicho de otro modo, “personas que formaron parte de la planta del Municipio integrarían estas ONGs y las cooperativas con las cuales estaría contratando la Municipalidad”. En ese sentido, el delito en cuestión sería “incompatibilidad con la función” pública.

En relación con la aplicación de los fondos, vale decir “si fueron aplicados al destino que legalmente tenían establecido puede llegar a tener otro encuadre jurídico penal, pero eso ya estará en manos del fiscal”, concluyó el abogado en contacto con los medios locales.

Carlos Pereira (LT10)

Por su parte, el secretario General del Municipio fue consultado hoy por lo ocurrido durante el mediodía de la víspera. “Estamos en un momento de campaña. No nos deja de llamar la atención que justo unos días antes de campaña se arme esta discusión”, sostuvo Carlos Pereira en rueda de prensa.

Al margen de lo cual, el candidato a concejal por Cambiemos reafirmó: “Como siempre, estamos a disposición de lo que requiera cualquier vecino y, en particular, la justicia. La información que se está brindando es toda información pública, que ya está disponible. Incluso –adujo–, la documentación que se está pidiendo está colgada en las propias redes. Siempre estamos a disposición de aclarar cualquier duda que surja”.

Pereira, además, postuló que “todos los números están claros”. “Vamos a seguir brindando información, que es lo que corresponde en democracia: estar a disposición de lo que requieran los otros poderes del Estado”, aseveró. Y subrayó: “No tenemos ninguna causa penal iniciada a lo largo de estos 10 años. Este es el primer requerimiento. Ya se había puesto a disposición el fiscal municipal”, definió.

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