La medida, reclamada por el sector agropecuario, flexibiliza aún más la relación laboral.

En medio de fuertes críticas, el gobierno de Michel Temer modificó las normas que definen el trabajo esclavo y dificultó así la penalización de los empleadores acusados de esa práctica, un reclamo de larga data del sector agropecuario.

Hasta ahora, la legislación establecía como características “análogas a la esclavitud” la realización forzada de jornadas laborales exhaustivas, en condiciones degradantes o por restricción de la capacidad de moverse del trabajador debido a deudas contraídas con el empleador. A partir de los cambios, sólo será considerado trabajo esclavo cuando haya uso de coacción, exista cercenamiento de la libertad de movilidad del trabajador o éste sea obligado a trabajar bajo seguridad armada o por la confiscación de sus documentos personales.

Además, las nuevas reglas determinan que la llamada “lista sucia” de empresas que utilizan trabajo esclavo y que cada año era divulgada por un equipo técnico encargado de fiscalizar las condiciones de empleo ahora sólo se hará pública si así lo decide expresamente el ministro de Trabajo. Antes, los empleadores permanecían en esa infame nómina durante un año y eran obligados a pagar multas, indemnizaciones y cargas laborales; ahora fueron revocadas esas puniciones.

Según datos del Ministerio Público del Trabajo y de la Comisión Pastoral de la Tierra -órgano de la Conferencia Nacional de Obispos de gran actuación en cuestiones de derechos de trabajadores campesinos e indígenas-, más de 50.000 personas fueron liberadas de condiciones de esclavitud desde 1995; tan sólo el año pasado fueron identificados en el país 766 trabajadores esclavos en 158 establecimientos rurales fiscalizados. Los estados donde más casos de condiciones análogas a la esclavitud se han descubierto son Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Piauí, San Pablo, Minas Gerais y Bahía, en los que hay grandes proyectos agropecuarios, mineros y textiles.

“El gobierno va de la mano con quien esclaviza”, sentenció Tiago Muniz Cavalcanti, coordinador nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo del Ministerio Público de Trabajo, al acusar a la actual administración de doblegarse a las presiones del poderoso sector agropecuario.

Con más de 200 votos en la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario Rural había solicitado desde hacía tiempo al presidente Temer que modificara la definición de trabajo esclavo que afecta sus negocios. La bancada insistió recientemente en el tema y condicionó su apoyo al mandatario ante las denuncias de corrupción que enfrenta en el Congreso a una alteración de las reglas.

“Sólo tenemos que celebrar”, indicó el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, un empresario agropecuario apodado “el rey de la soja”. Según él, los cambios no son un retroceso, sino que prevén que nadie sea penalizado por “cuestiones ideológicas o porque un fiscal esté de mal humor”.

FuenteLa Nación
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