Activistas colombianas denunciaron hoy la falta de garantías para preservar la seguridad y otros derechos de las mujeres y las minorías étnicas en la implementación del proceso de paz, que atribuyeron a la “negligencia” del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a la “corrupción” que lo rodea.

En rueda de prensa organizada por la ONG Alianza por la Solidaridad, alertaron también del peligro que supondría una próxima victoria electoral de la “ultraderecha” para el acuerdo de paz firmado hace un año entre el gobierno y las FARC.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores y esta ONG organizan el seminario “El territorio como espacio de paz en Colombia”, que se celebrará en Madrid el jueves próximo.

La líder afrocolombiana Charo Mina consideró que el gobierno colombiano está “fallando” por “negligencia” en el cumplimiento del marco normativo de derechos de la población indígena y de origen africano.

Responsable del capítulo sobre etnias del acuerdo de paz, Mina dijo que los afrodescendientes son la “piedra en el zapato” del desarrollo neoliberal, ya que los territorios que pueblan son de interés económico para el Estado y la política minera, reseñó la agencia de noticias EFE.

“Nuestros derechos a la propiedad colectiva son violados flagrantemente y con intencionalidad”, denunció.

Mina resaltó los perjuicios del conflicto para la población afrocedescendiente, “siempre en medio del fuego cruzado”.

Agregó que la situación sigue siendo “compleja” allí porque continúa la presencia de “grupos armados y existe riesgo para líderes comunitarios, particularmente mujeres”.

Denunció que ayer mismo fue asesinada la líder social Luz Montaño en la localidad de Tumaco.

La ex guerrillera Camila Cienfuegos, participante en las negociaciones de paz, acusó a los “intermediarios” del encarecimiento exagerado de productos como alimentos que se proveen a distintas zonas.

No quiso culpar directamente a Santos, que “se la jugó por el país”, pero tiene una “maquinaria” alrededor de “corrupción”, “narcotráfico” y “ultraderecha”, en alusión al ex presidente Ávaro Uribe, que no ayudan.

Cienfuegos, dirigente del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, refirió la falta de garantías de seguridad personal para posibilitar la reincorporación de las mujeres a la vida ordinaria tras el Acuerdo de Paz.

También pidió servicios sociales adecuados para mujeres gestantes y lactantes y niños.

La asesora de la Secretaría Ejecutiva de Género e Infancia de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, Pilar Rueda, destacó que las víctimas de violencia sexual se hayan incluido en el Acuerdo Paz, y arremetió contra las “mentiras” de que el enfoque de género del proceso incentive la homosexualidad y los ataques a la familia.

Por último, reprochó que aún no se haya aprobado la ley de jurisdicción especial para la paz, lo que supone un “limbo jurídico” para los antiguos combatientes.

FuenteTélam
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