Lo afirmó el fiscal General, Jorge Baclini, a raíz de la nueva ley que autoriza a los legisladores a juzgar fiscales y fiscales adjuntos.

Jorge Baclini (LT10)

El cruce de tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial tuvo un nuevo capítulo con el pedido del fiscal General, Jorge Baclini, al gobernador Miguel Lifschitz para que revea las modificaciones a la hora de juzgar fiscales. La solicitud viene de la mano de los cambios introducidos a la Ley 13.013 para que sean los legisladores quienes juzguen a los fiscales y fiscales adjuntos.

“La ley que se sancionó es bastante preocupante porque consideramos que afecta la independencia del funcionamiento del Ministerio Público”, recalcó esta mañana el propio Baclini en declaraciones a LT10. En tal sentido, consignó que “dentro de la división de poderes, que establecen la República y el Estado constitucional de derecho, existen controles. Por supuesto que los fiscales tienen que estar sometidos a controles –adujo–. Pero ese equilibrio amerita que ese control no sea de otro poder porque así se pierde la independencia y la autonomía de la actuación”.

En ese orden, el fiscal General planteó que hasta el momento se cuenta con “un proceso disciplinario interno, con una auditora de gestión que es autónoma que lleva el proceso acusatorio, es la que acusa al fiscal”.

Que el proceso de control pueda ser efectuado por legisladores implicaría, según Baclini, “politizar el procedimiento ya que el proceso de remoción pasa a ser estrictamente político. El proceso de remoción de un fiscal tiene que ser jurídico”, definió. Y esgrimió: “En ningún lugar del país, y me animo a decir en ningún lugar del mundo, ocurre esto. Se puede analizar la forma de integración de los Ministerios Públicos, mayormente en Latinoamérica son órganos extra poder. La mayor parte de los Ministerios Públicos en nuestro país depende del Poder Judicial”, fundamentó.

En su argumentación, Baclini sostuvo: “No se entiende por qué pudo afectarse la independencia del funcionamiento del Ministerio Público dándole el poder disciplinario al Poder Legislativo. Esto es sumamente crítico porque no sólo afecta el aspecto disciplinario, sino que también afecta el diseño organizacional y de política criminal del Ministerio Público, por eso también afecta la autonomía”.

Preocupación

Roberto Dellamonica (LT10)

Por su parte, Roberto Dellamonica, vicepresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, se pronunció en similar sintonía al defender la independencia del Poder Judicial. En diálogo con la misma emisora universitaria, señaló que “hay un denominador común que es la preocupación que se origina en el dictado de esta ley. Acá hay un apartamiento de lo que es el texto constitucional provincial, el texto de la Constitución nacional a través de los cuales se prevé para los mecanismos de remoción una intervención equilibrada”.

Desde esa visión, el representante de los jueces expuso que “a los jueces, a los fiscales, a los defensores no se les hace un juicio político, sino que se hace un enjuiciamiento a través de una ley especial que la Constitución prevé una intervención equilibrada –insistió–. Por ejemplo, la nacional prevé legisladores, magistrados y abogados”.