La Corte Suprema de Santa Fe falló a favor de una adolescente de 16 años que quedó con un daño cerebral permanente por mala praxis durante el parto y condenó al Estado santafesino a pagarle a ella y a sus padres casi 5 millones de pesos.
La mamá de A.M. fue atendida en febrero de 2001 en el hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, por una médica que hacía su primer año de residencia. La madrugada del nacimiento la joven atendía todos los partos que llegaban al hospital junto con otra residente, de tercer año, y sin superiores a cargo. Según el fallo, la discapacidad de A.M. fue provocada porque no se hicieron los controles adecuados. La beba sufrió asfixia por falta de oxígeno. Nació con parálisis cerebral y desde hace 16 años vive en estado vegetativa. Los jueces del máximo tribunal consideraron que la responsabilidad no era de la médica y condenaron al Estado provincial a la millonaria multa.

De acuerdo con el fallo, el 1° de febrero de 2001 a las 21 María D. llegó al hospital Eva Perón con contracciones y fue atendida por una médica residente. Era su primer embarazo, estaba en la semana 41 y no había tenido ninguna complicación. A las 22.37 la doctora hizo un monitoreo fetal que dio normal. A la 1.10 del 2 de febrero la paciente entró a la sala de parto. En la siguiente media hora la médica controló dos veces los latidos de la beba con un instrumento llamado pinard. Durante el trabajo de parto la residente entraba y salía de la sala entre cada contracción para controlar a otras madres en preparto. “Estaba desbordada y hacía su trabajo como podía. No había nadie que la supervisara, sólo otra médica que también era residente”, explicó a El Ciudadano el abogado de la familia demandante Horacio López Miró.

Cuando la médica se dio cuenta del tiempo que Diana D. llevaba pujando hizo un corte para ayudar la salida de la beba y volvió a controlar los latidos. Según la declaración de la mamá en el fallo judicial, la cara de la doctora se desfiguró, se puso pálida y pidió ayuda a la otra médica residente. Entre las dos atendieron el parto. La nena nació con tres kilos y no lloró ni se movió. Diana preguntó qué pasaba pero no le contestaron. Horas después en la historia clínica quedó escrito que la beba sufrió dolor prenatal y falta de oxígeno que le provocó parálisis cerebral permanente. Hoy tiene 16 años, vive en estado vegetal y con respirador artificial. “La vida promedio en ese estado de salud es de cuatro años, pero ella milagrosamente llegó a los 16. Hoy está internada en terapia intensiva, muy grave”, contó López Miró.

La demanda judicial fue iniciada por la mamá y el papá en representación de A.M en el Juzgado de Distinto. Denunciaron a la médica por mala praxis y al Estado provincial por falta de servicio en el Eva Perón. Un neurólogo y un obstetra hicieron peritajes y declararon que la parálisis cerebral fue producida por la falta de oxígeno. Dijeron que la responsabilidad del daño era de la médica residente y del Estado provincial por no controlar y supervisar.

La causa pasó al Juzgado de Responsabilidad Extracontractual N°6 y estuvo a punto de prescribir antes de llegar a la Corte Suprema de la Justicia santafesina. Los jueves rechazaron la responsabilidad de la médica porque consideraron que se vio sobrepasada por las condiciones en las que trabajaba. Argumentaron que las residencias tienen el objetivo de completar los conocimientos de los graduados en medicina y capacitarlos para el ejercicio profesional. Siempre deben ser dirigidas y supervisadas.

Condenaron al Estado provincial por incumplir con la implementación y a supervisión del programa de residencia. “Se dejó a una residente de primer año a cargo de una tarea que excedía su preparación y a la paciente en manos de una profesional sin la formación suficiente para llevar adelante el parto”, dijeron en el fallo. Los magistrados pidieron que el Colegio de Médicos y el Ministerio de Salud de Santa Fe presenten informes sobre la implementación de las residencias, con acento en las de ginecología y obstetricia. Y resolvieron que el Estado deberá pagar a A.M. y a sus padres casi 5 millones de pesos por

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