La Corte Suprema resolvió que en Salta no se puede dar educación religiosa en las escuelas públicas. El máximo tribunal decretó que la ley provincial es “inconstitucional”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este martes la inconstitucionalidad de una ley de Salta y en esa provincia ya no podrá darse educación religiosa en las escuelas públicas.

Hasta ahora era una materia que integraba los planes de estudio, se impartía dentro de los horarios de clase y los contenidos y la habilitación docente requerían el aval de la autoridad religiosa.

Con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte también invalidó la obligación de los padres de manifestar si desean que sus hijos reciban “educación religiosa”.

Por su parte, el juez Horacio Rosatti consideró que la norma salteña sí era constitucional y exhortó a la Provincia a que adaptara los contenidos curriculares de la materia y dispusiera el cese de ritos religiosos durante la jornada escolar.

Rosatti pidió “controlar socialmente el respeto por la tolerancia y pluralidad religiosa y de pensamiento, sin discriminación alguna”.

El juez Carlos Rosenkrantz directamente se excusó de intervenir en la causa porque era miembro de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la entidad que impulsó la acción de amparo.

La causa que hoy resolvió la Corte Suprema se inició en 2008, cuando un grupo de padres y la ADC fueron a la Justicia por considerar que las leyes salteñas y su implementación discriminaban a los chicos que no son de familias católicas y violaban la libertad de pensamiento consagrada por la Constitución.

Se cuestionaba el artículo 49 de la Constitución provincial de Salta, que establece el derecho a recibir en la escuela pública educación religiosa que esté de acuerdo con las convicciones de los padres o tutores de los alumnos.

Para el Gobierno de Salta, la Constitución Nacional garantiza la independencia para tomar decisiones educativas. Y la Corte salteña avaló esa posición.

Sin embargo, en marzo último un dictamen del procurador dio la razón a los padres y la ADC y recomendó que la Corte Suprema revocara la sentencia del tribunal salteño.