El Grupo de Lima apoyó la decisión del Gobierno peruano de declarar como “no bienvenida” la presencia en la próxima Cumbre de las Américas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien el foro exigió un nuevo calendario electoral al ratificar su rechazo a las elecciones anticipadas en Venezuela.

Al cabo de una reunión en la capital peruana, el foro formado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica emitió anoche una declaración en la que reafirmó que las elecciones presidenciales anunciadas por el oficialismo venezolano para el 22 de abril “carecerán de toda legitimidad y credibilidad”.

En el encuentro, la canciller peruana, Cayetana Aljovín, afirmó, además, que la presencia de Maduro “no será bienvenida” en la VIII Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril próximos, una decisión que respaldó el foro político de doce países americanos.

Aljovín rechazó la asistencia de Maduro apuntando que, según la Declaración de Quebec de 2001, firmada por los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), una ruptura de la democracia constituye un “obstáculo insuperable” para la participación de un Estado en la Cumbre de las Américas.

“Sobre esta base, queremos expresar respecto a la invitación (de Maduro) a la Cumbre, que su presencia no será bienvenida en dicho encuentro”, afirmó Aljovín.

“El Gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión”, señala el comunicado del grupo.

La semana pasada, el gobierno de Venezuela informó que Maduro asistiría a la Cumbre.

“El presidente asistirá puntualmente para defender la soberanía de nuestra América latina y caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú”, afirmó el canciller Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter.

En cuanto a las elecciones presidenciales de abril, el Grupo de Lima insistió en su “más firme rechazo” y consideró que no podrán ser “democráticas, transparentes” ni “creíbles”.

Por eso exhortó al oficialismo venezolano a que reconsidere la convocatoria y que “apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral”.

“No puede haber elecciones libres y justas con presos políticos. Sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente. Con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno. Sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar”, señala la declaración.

El Grupo de Lima sostuvo que tomó nota de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el grave “deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela”, así como de la decisión del organismo de investigar “crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas de 2017”.

La situación de la población venezolana fue otra preocupación expresada por los cancilleres, que pidieron la apertura “sin demora” de “un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas” que sufre el país.

En ese sentido, la canciller colombiana, María Angela Holguín, pidió ante la prensa que Venezuela permita “a sus ciudadanos tener medicina y alimentos”.

“Los que vivimos en la frontera con Venezuela vemos que es lamentable y nos llena de tristeza ver a los venezolanos cada vez que llegan a Colombia en peores condiciones y con necesidades más grandes de atención. Pedimos a Venezuela que piense en su gente y que abra un camino humanitario”, añadió.

El Gobierno de Perú convocó la reunión del Grupo de Lima después de que la presidenta del Consejo Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, anunciara que las elecciones se celebrarán el próximo 22 de abril, en cumplimiento de un decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que ordenó celebrar los comicios antes de mayo y pese a que el antichavismo insiste en que no están dadas las condiciones para que los comicios sean “justos” y “transparentes”.