Sólo una familia sigue adelante. El resto pautó un arreglo económico y no continuó con la acción penal contra los 11 imputados.

A más de cuatro años de la explosión que se cobró la vida de 22 personas en el edificio de calle Salta 2141, la causa podría quedarse sin querellantes. La mayoría llegó a un acuerdo y los que seguían adelante habrían recibido mensajes intimidatorios que los hicieron firmar distintas indemnizaciones. Así, sólo quedó litigando en soledad la familia de Débora Gianángelo, que evaluaba sumarse a un acuerdo extrajudicial como el resto. En tanto, si uno de los 11 imputados en la causa penal resulta absuelto, quedará liberado para accionar civilmente contra los familiares de las víctimas. Sin querella, la acusación de la Fiscalía quedará debilitada en el juicio oral.

Esta semana, peritos de parte y el responsable técnico cordobés designado por la Fiscalía participaron de la primera reunión para contestar los puntos de la pericia que permita establecer fehacientemente la fuga gas que desencadenó la tragedia.

Este oficio continuará el 28, ya que la mayoría de los puntos que se contestaron fueron a solicitud de Litoral Gas. El objetivo es determinar por qué falló el regulador.

“La causa fundamental por la cual tuvimos que bajarnos de la querella es porque el sistema judicial no garantiza que no vayamos a perder lo que tenemos. Encima de que perdimos lo irrecuperable, que son nuestros seres queridos, nos enfrentamos a la posibilidad de que nos hagan una acción civil y respondamos con nuestro patrimonio”, se quejó la responsable del colectivo de víctimas de Salta 2141, Marcela Nissoria.

De las 22 víctimas, en los primeros meses posteriores a la explosión quedaron 17 familias como querellantes en la causa, pero con el paso de los años esa cantidad se redujo tan sólo a cinco. Ahora, y frente a mensajes de amedrentamiento que habrían llegado a los oídos de los deudos, quedó en soledad la familia de Débora Gianángelo, que evaluaba sumarse a un acuerdo extrajudicial como el resto.

Así, la causa iniciada el 6 de agosto de 2013 quedaría sin familiares involucrados.

Y ante una absolución dictada para alguno de los 11 imputados en la causa, técnicamente es posible que se pueda exigir por acción civil un resarcimiento a un particular, además de denunciar al Estado.

Por el lado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) la ausencia de querellantes implica un debilitamiento en la función acusatoria. “No es lo mismo que la fiscal (Graciela) Argüelles tenga el acompañamiento de la querella”, reconoció una fuente consultada.

“El Poder Judicial me somete al riesgo de perder más de los que hemos perdido. Si alguien me hubiese asegurado que no me cobraban costas, me quedaba litigando. Es utópico quedarse en una querella. Y no quiero que me quiten lo que tengo”, dijo Nissoria.

En cuanto al estado del expediente, el miércoles pasado tuvo lugar la reunión entre el perito oficial designado por Fiscalía (el segundo tras la impugnación hecha a los primeros técnicos) con el fin de contestar los puntos de pericia presentado por las partes.

Si bien se respondieron las mayoría de ellos, el trámite quedó incompleto y se continuará el próximo 28. Después se elaborarán las conclusiones.

Trascendió que en la audiencia se contestaron los puntos planteados por los tres peritos de Litoral Gas. Estuvieron presentes los dos peritos del Enargás y el perito de Fiscalía. Para el 28 se buscará una sala especial para la proyección de material fílmico.

Otro ítem a resolver será la sala en la que tendrá lugar el juicio oral y público, aún sin fecha de inicio. Y si el espacio será suficiente para albergar a los familiares de las víctimas, pese a que casi todos ya no son querellantes.