La Defensora Provincial de Santa Fe durante la reunión del Consejo Federal de la Defensa Pública.

La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, participó en el día miércoles 7 de marzo del encuentro del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina donde reviste el cargo de tesorera.

El encuentro se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estuvo presidido por el coordinador, Defensor General de Entre Ríos, Dr. Maximiliano Benítez. Además de la Defensora Provincial de Santa Fe, estuvieron presentes la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez y las Defensoras y Defensores Generales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Mendoza, Chaco, La Rioja, Salta, Río Negro, Jujuy y Santiago del Estero.

Durante la asamblea, se presentó pormenorizadamente la situación de cada una de las 11 provincias presentes, al igual que aquellas que corresponden a la Nación.

También se desarrolló la problemática relativa a la saturación de las instituciones de encierro y tratamiento en casos de adicciones.

La falta de Unidades Penitenciarias Federales, y la insuficiencia de los cupos en Unidades Provinciales resultó una constante. De esa circunstancia se destacó la correlativa afectación de derechos. Tanto de quienes se encuentran encerrados por disposición de la Justicia Ordinaria y se hallan en condiciones de hacinamiento, como de quienes están a cargo de la Justicia Federal y, o bien comparten las condiciones con los primeros en Unidades Provinciales, o son trasladados a gran distancia afectando toda posibilidad de mantener vínculos con sus familiares y allegados.

También fue abordada la necesidad de acceder a laboratorios para cubrir adecuadamente la tarea de investigación en materia penal, y garantizar el derecho a la identidad en el caso de las Defensas Civiles que requieren principalmente el acceso a estudios de paternidad.

El Consejo Federal de la Defensa Publica de la República Argentina es un organismo conformado por los Defensores de las provincias que han adoptado el sistema que dispone el artículo 120 de la Constitución Nacional. El mismo, tiene como fin organizar y coordinar acciones tendientes a fortalecer el rol de la Defensa Pública en todo el territorio nacional. También busca promover el funcionamiento autárquico, autónomo e independiente de las defensas públicas respecto de los poderes del Estado, tal cual lo dictan los estándares constitucionales e internacionales en la materia.

La Defensa Pública se reunió con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
En el contexto de la reunión del Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina, que reunió a los Defensores Generales de la Nación y de once provincias, se realizó un encuentro con integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

En la reunión se entabló el primer contacto con el Comité puesto en funcionamiento a principios de 2018. Por dicho organismo, estuvieron presentes su Presidente, Jorge D’Agostino; Rocío Alconada Alfonsín, integrante por el Senado de la Nación; Diana Conti y Dr. Alex Ziegler, por la Cámara de Diputados de la Nación; Gustavo Palmieri, representante por la Sociedad Civil y Enrique Font, quien lo integra por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura.

En la oportunidad, se enumeraron y destacaron las preocupaciones que desde las distintas Defensas Públicasse observan y, por parte del Comité, se presentaron dudas, inquietudes y necesidades de trabajo conjunto.

Se advirtió la necesidad de aprovechar las bases de datos y registros de casos de tortura que tienen algunas provincias, como es el caso de Santa Fe.

Asimismo se abordó la problemática situación de la Defensa en algunas Provincias, donde no se ha logrado implementar el mandato de autonomía.

También resultó una preocupación compartida la escasa cantidad de provincias que han conformado los correspondientes mecanismos locales.

El Comité se encuentra previsto en la Ley 26.827 de 2012, y es corolario de la suscripción de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, en el año 1994. Asimismo, es resultado del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por ley 25.932.