El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó hoy a España por violar la libertad de expresión al imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto gigante de los reyes durante una protesta por la visita de Felipe VI a Cataluña, en septiembre de 2007.

Enric Stern y Jaume Roura fueron condenados por la Justicia española a 15 meses de prisión por injurias a la Corona, una sanción que posteriormente fue reemplazada por una multa de 2.700 euros para cada uno, pero con la advertencia de que en caso de no ser pagada serían encarcelados.

Los jóvenes pagaron la multa cuando la sentencia se hizo efectiva y luego buscaron sin éxito amparo ante el Tribunal Constitucional español, que dictaminó que habían sido culpables de incitar al odio y la violencia contra el Rey y la monarquía.

Ahora, el fallo unánime de la Corte europea les da la razón y condena a España a indemnizarlos con la misma cantidad de dinero que pagaron de multa, además de 9.000 euros por gastos y honorarios, según la sentencia.

La sentencia europea se conoció momentos en el que la libertad de expresión en España fue puesta en tela de juicio a raíz de dos recientes condenas de prisión a raperos por enaltecimiento al terrorismo, injurias y calumnias a la Corona en sus canciones.

Los jueces del tribunal europeo consideraron que los actos cometidos por los condenados habían sido parte de “una crítica política, más que personal, de la institución de la monarquía en general, y en particular del Reino de España como nación”.

Mientras el rey Felipe VI se encontraba de visita oficial en la ciudad catalana de Girona, los dos jóvenes catalanes, que participaban de una manifestación, prendieron fuego una gran fotografía de la pareja real que habían puesto boca abajo.

Según el tribunal de Estrasburgo, se trataba más bien de uno de esos “eventos” provocadores que cada vez más se “organizaban” para atraer la atención de los medios de comunicación y que no iban más allá del uso de un cierto grado permisible de provocación para transmitir un mensaje crítico en el marco de libertad de expresión.

Además, consideró que el acto en cuestión no había constituido incitación al odio o la violencia.

Por último, sostuvo que la condena a prisión impuesta a los demandantes no había sido proporcionada al objetivo legítimo perseguido –la protección de la reputación o los derechos de los demás– ni necesaria en una sociedad democrática.

De ahí que el tribunal europeo concluyó que la sentencia de la Justicia española supone “una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido”.