Rosario: Se concentraban a las 9 en Rioja y Belgrano para recorrer el centro de la ciudad, en contra de un incremento muy importante en los costos operativos.

Las instituciones y los transportistas prestadores de servicios para personas con discapacidad de Rosario realizan hoy un paro de actividades y una movilización por la zona céntrica de la ciudad en reclamo por un “incremento muy importante en los costos operativos, obligaciones fiscales y costo de vida”; de acuerdo a lo que expusieron.

En este marco, llevaban adelante hoy la Caravana de Transportistas, a concentrarse a las 9 en Rioja y avenida Belgrano para luego movilizar por el centro. “Ante la falta de pagos, falta de adecuación de aranceles y autorizaciones de prestaciones es que paramos y movilizamos que toda la ciudad conozca nuestra realidad”, indicó Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes).

“Cabe indicar que los diversos incrementos, sobre todo costo de vida, que debimos enfrentar hasta el mes de junio de 2017 fueron de un 25%. Las instituciones y los transportistas recibieron recién una compensación en el mes de octubre de 2017, de solo del 18%, en promedio”; precisaron a través de un comunicado de prensa.

La Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud de la Nación propuso realizar un nuevo estudio de costos, que a la fecha se encuentra sin terminar, y dar un nuevo aumento para enero de 2018. “En febrero se nos dijo que sólo había dinero para cubrir el arancel actual. Hoy, marzo de 2018, no hay una respuesta”, señalaron desde Atraes

Además, “el gobierno nacional no puede desfinanciar el sistema adeudando, como lo hace hoy, cinco meses de prestaciones en algunas áreas, que sólo agravan la problemática de este colectivo social”, agregaron.

Finalmente, solicitaron al gobierno: aumento del 4% al 8% según prestación a partir del mes de enero 2018. Además, terminado el estudio de costos, un aumento de aranceles para el 2018 según prestación. También, abonar los 5 meses adeudados por el Estado nacional, regularización de pagos del Pami y las Obras Sociales Nacionales, y una planificación de las nuevas políticas de manera que no se vea afectada la atención de las personas con discapacidad.