Por el caso del empresario Cristóbal López, el oficialismo vuelve a poner en agenda la reforma que prevé el decomiso de los bienes previo a que el acusado reciba una condena definitiva.

El Gobierno impulsa un proyecto de reforma del Código Penal que avanza con eje en un incremento de las penas para los casos de corrupción y en la limitación a los otorgamientos de libertad a los involucrados en este tipo de delitos. En busca de recuperar los activos del Estado, los cambios también incluyen el decomiso de bienes previo a que el caso quede con condena firme.

La reforma llega en el marco de una disputa entre el oficialismo y la Justicia por los casos de corrupción contra el Estado. Es que el propio presidente Mauricio Macri se manifestó “indignado” con el fallo de la Cámara Federal que liberó al empresario vinculado al kirchnerismo Cristóbal López y que alivió su situación judicial, en la causa por la evasión de 8 mil millones de pesos en impuestos de la petrolera Oil Combustibles.

Una de las claves de la iniciativa será la reducción del margen de interpretación de los jueces, ya que se determinarán con mayor precisión las escalas penales para los delitos. “Es necesario mantener la proporcionalidad de las penas de todo el código”, dijo al diario La Nación el presidente de la comisión, el camarista de Casación Mariano Borinsky, que explicó que las penas para los casos de corrupción no pueden ser menores a las determinadas para los delitos de ataque a la propiedad. El camarista ya le envió al ministro de Justicia, Germán Garavano, un borrador de la iniciativa.

El juez explicó que el Código debe responder “a los intereses de la sociedad”, recuperar los activos del Estado y “facilitar la sanción de los responsables” de los delitos con “penas de efectivo cumplimiento”. La idea es además que la pena se cumpla en su totalidad hasta los 35 años de cárcel para los casos de delitos violentos y hasta los 40 años, en caso de reincidencia.

Otros de los cambios serán ampliaciones en el delito de enriquecimiento ilícito, que abarcará el período en el que el dirigente es elegido y la asunción en el cargo, además de seis años de abandonada la función pública, cuando actualmente ese plazo es de dos años. En esa línea el objetivo es el de incluir a a todos los obligados a presentar declaraciones juradas de bienes, como por ejemplo los jefes de las obras sociales sindicales, consignó La Nación.

Contempla además la inclusión del delito de sobornos entre privados con el agravante de lavado de dinero, en los casos en que intervengan funcionarios públicos, lo que determinaría una pena mayor para todos los involucrados, en estos casos. La reforma incluye también el decomiso de bienes antes de la condena en causas por corrupción y cambios en la prescripción de las investigaciones.