Así lo explicó Juan Cruz Giménez, responsable de la Regional IV, a la luz de los reiterados llamados que se registran en escuelas. Habida cuenta de los costos de los operativos, se demanda que la Justicia disponga medidas.

Juan Cruz Giménez (LT10)

A raíz de las consecutivas amenazas de bomba en establecimientos escolares, desde el Ministerio de Educación se demandó que la Justicia establezca “sanciones bajo la figura de intimidación pública”. Así lo manifestó esta mañana, Juan Cruz Giménez, responsable de la Regional IV de la propia cartera, en contacto con LT10.

“Para nosotros no es nada cercano a una broma sino una preocupación que involucra no sólo al adolescente, sino también al adulto que le permite acceder a un celular”, esgrimió. En tal sentido, la idea es sancionar económicamente a los padres.

“No podemos tomar una medida sin previa prueba. No somos el ámbito judicial. Hay denuncias. Cada director, cada vez que sucede esto, activa el protocolo. Hay varios casos del año pasado identificados. Generalmente, estamos hablando de alumnos –comentó– de la propia escuela”. Habida cuenta de ese dato, Giménez planteó que si se cuenta con una sanción específica de parte de la Justicia, “se puede extender la sanción económica”. Esto último refiere a los costos que acarrean los operativos que se deben desplegar cada vez que se concreta una amenaza de este tipo.

No obstante, el funcionario aclaró que “el Ministerio de Educación no es autoridad de aplicación”. “El tema de sanción va de la mano con el Poder Judicial”, el cual tiene la facultad de establecer sanciones.