En el Concejo rosarino se presentó un proyecto para crear una asignación económica para víctimas de violencia de género.

Lograr que las mujeres accedan a una autonomía económica es una condición fundamental para poder salir del círculo de la violencia machista. Con este argumento como caballito de batalla, en el Concejo de la ciudad de Rosario se presentó un proyecto para crear una asignación económica para víctimas de violencia de género. El beneficio alcanzará a desempleadas o empleadas informales, que recibirán una prestación equivalente a un haber jubilatorio mínimo ($ 8.096,30, desde junio) en forma mensual y mientras dure la situación de violencia.

La iniciativa recibió ayer el aval de la comisión de Derechos Humanos del Palacio Vasallo desde donde se giró a las comisiones de Gobierno y Presupuesto. “Lo que buscamos es que se brinde esta ayuda monetaria a fin de garantizar la independencia económica de las víctimas, sobre todo en los casos de mayor vulnerabilidad”, sostuvo la autora de la propuesta, Norma López.

La concejala del Frente para la Victoria recordó que en 2012 el Concejo aprobó la emergencia por violencia de género (ordenanza 8956) y desde esa fecha la Municipalidad no ha asignado partidas presupuestarias específicas para las tareas de prevención y tratamiento de la violencia contra las mujeres. El presupuesto del área para este año, dijo, alcanza los 18 millones de pesos, que en su mayoría están destinados al funcionamiento de los hogares de tránsito.

Además, recordó que la implementación de una asignación económica mensual para las víctimas de violencia sexista fue uno de los temas acordados en la comisión de seguimiento de la emergencia en materia de violencia de género, formada por funcionarios del municipio, concejales y organizaciones vinculadas a temáticas de género.

La propuesta

El proyecto plantea la creación de una asignación económica para las mujeres víctimas de violencia de género que pidan auxilio al teléfono verde.

El área de atención en violencia de género del municipio será la encargada de realizar un registro de las beneficiarias. Para acceder a la prestación, las mujeres deberán estar en situación de desempleo, precarización o informalidad laboral, y vivir en la ciudad en forma permanente. Además, se priorizará que tengan hijos a cargo y hayan denunciado judicialmente las situaciones de maltrato y hostigamiento.

La prestación será equivalente a una jubilación mínima y se abonará mensualmente en principio hasta seis meses, con posibilidad de renovarla mientras dure la situación de violencia de género.

Las beneficiarias realizarán también talleres sobre derechos humanos y capacitación laboral, “a fines de recibir una asistencia integral que les permita enfrentar el fenómeno de la violencia, revertir dicha situación y concientizarse acerca de los derechos y principios que las asisten”, señala la iniciativa.

En alza

Las estadísticas del municipio dan cuenta de la demanda creciente del teléfono verde. El año pasado, la línea de atención a víctimas de violencia de género recepcionó 9.500 llamados, mientras que en los primeros cinco meses de este 2018 el promedio mensual fue de 1.200.

Muchas de las mujeres que denuncian maltrato o agresiones son madres y no tienen ingresos. El último informe de las mujeres asistidas por la Defensoría General de la Nación (correspondiente a 2015) hace una cruda caracterización de la situación de las víctimas de violencia sexista: el 86 por ciento son madres, sólo la mitad tiene un empleo estable, el resto trabaja informalmente o está desempleada y el 20 por ciento no tiene un lugar donde vivir.

López, junto a las concejalas Marina Magnani (Unidad Ciudadana) y Celeste Lepratti (Frente Social y Popular), presentaron ayer la iniciativa que consideraron “una herramienta” para enfrentar esta problemática.

“Uno de los grandes problemas que tienen las mujeres es constituirse como actoras de su propia economía, solventar la posibilidad de salir de ese círculo de violencia y tener un lugar donde vivir”, apuntó López frente a una decena de organizaciones como Mujeres de Negro, Movimiento de Mujeres Indígenas o Mujeres Tras las Rejas, entre otras, además de referentes de áreas de género de sindicatos y los colegios de Psicólogos y Abogados.

Magnani advirtió: “Sabemos que muchas mujeres eligen seguir en una situación de violencia antes de exponer a sus hijos a esa indefensión y el Estado tiene que reconocer esto, porque ganamos derechos en que las mujeres entiendan que pueden denunciar, generamos organismos para que hagan la denuncia, pero existen pocas herramientas para actuar después”.