Es clave la negociación con los gobernadores por la baja de giros no automáticos.

El presupuesto 2019 reflejará el programa de recortes para poder cumplir con la reducción del déficit acordado con el FMI. Los economistas coinciden en identificar tres áreas claves para el ajuste, todas con impacto en las provincias. Por eso la negociación con los gobernadores es clave. Las partidas que señalan los especialistas son las destinadas a subsidios (0,8% del PBI para transporte y 0,7% para electricidad), transferencias no automáticas (0,8% del PBI) y gasto de capital total (1,5%). De ese 3,8% debería surgir el ahorro de entre $170.000 millones y $200.000 millones que se requiere para cumplir con el déficit de 1,3% pautado con el Fondo.

En materia de subsidios, en el pacto fiscal la Nación se comprometió a que en 2021 no habrá más aportes del Tesoro para el transporte del AMBA (hoy se queda con el 96,4% del total). Si en 2019 se mantiene el recorte pautado del total de partidas para ese ítem y electricidad, la caída será del 18,5%, con la consiguiente suba de tarifas.

La baja será más importante si el ENRE sale de la jurisdicción nacional. Los gobernadores peronistas ya lo vienen reclamando; plantean que el recorte es de $45.000 millones si se traspasan las funciones regulatorias y los subsidios correspondientes a la CABA y el conurbano bonaerense. Igual pedido corre para AySA (el costo anual es de $15.600 millones).

Para transferencias no automáticas (por fuera de la coparticipación), este año el presupuesto es de $105.000 millones. Abarcan financiamiento para programas de educación y salud y giros para obras públicas que ejecutan los gobernadores.

Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, señaló que aunque el volumen de giros discrecionales se viene achicando aún tienen una magnitud que admite recortes: “Hay partidas chicas y medianas que se regulan por la coyuntura y las negociaciones políticas; hay ‘grasa para quemar'”.

Respecto de las transferencias de capital, Ariel Barraud, del Iaraf, apuntó que las provincias están en una situación mejor que antes. “Reciben más fondos automáticos y es probable que algunas puedan seguir con ese dinero los trabajos que financiaba la Nación”. En los primeros cinco meses de este año el aumento de la coparticipación fue del 15% real.

Vasconcelos entiende que, a medida que baje el riesgo país –lo que se espera que pase por el apoyo conseguido– los gobernadores deberían intentar compensar el recorte en obras públicas con inversiones privadas.