Durante 8 años fueron víctimas de abuso. Sufren algún tipo de discapacidad y la palabra de uno de ellos abrió una investigación administrativa que terminó en una denuncia penal de los directivos de la institución. El religioso quedó detenido por 30 días

Marcos tiene 20 años y vive en el cottolengo Don Orione en General Lagos. Tiene un retraso madurativo de moderado a leve. A principios de mayo logró comunicarse con personas de confianza que trabajan en el lugar, entre ellos la psicóloga, y contarles cómo un religioso que vivía en el lugar lo sometió a prácticas sexuales. A partir de su testimonio otros dos casos salieron a la luz. En la institución se abrió un sumario canónico, y el religioso acusado fue trasladado a Buenos Aires. A mediados de mayo el director y la coordinadora de Don Orione presentaron la denuncia. Este lunes el religioso volvió a la ciudad para someterse a una audiencia imputativa por los delitos de abuso sexual simple y gravemente ultrajante agravado por su condición de encargado de la guarda de las víctimas. La jueza Mónica Lamperti tuvo en cuenta el especial estado de vulnerabilidad de las víctimas, que son discapacitadas, y la relación de poder que había entre los chicos y el imputado. Resolvió dejarlo detenido por 30 días mientras avanza la investigación y permitió la realización de una cámara gesell para evitar la revictimización de los jóvenes.

Marcos llegó a Don Orione en 2010. Desde entonces y en forma intermitente tuvo contacto con Juan A, un religioso de 53 años. Hace 27 años que el acusado está consagrado. Trabaja para la Pequeña Obra de la Divina Providencia y fue asignado a distintas dependencias. En estos 8 años estuvo en General Lagos y también en otros lugares. En 2016 fue reasignado a Don Orione, pero según explicó la fiscal Nora Marull el acusado nunca perdió contacto con las víctimas, o porque vivía en el predio o porque iba de visita.

En éste última etapa daba catecismo. Tenía contacto con los internos, pero el trato con tres de ellos era particular según el testimonio de varios trabajadores de Don Orione. Ellos eran Marcos, Manuel y Pablo. Marcos fue el primero en hablar. Según la imputación en diversas oportunidades, ya sea dentro o fuera del predio, era víctima de tocamientos. En su dormitorio, en la pileta, en la casa del religioso que estaba en la misma propiedad e incluso cuando salía del cottolengo bajo la guarda del religioso. Le mandaba whatsapp con imágenes pornográficas o le mostraba videos de alto contenido sexual al momento de consumar estos hechos, explicó Marull y en una oportunidad llegó al sexo oral. Al abuso le seguía la orden de que no diga nada o le hacía borrar los mensajes que le mandaba, en algunas oportunidades lo hacía el imputado, detalló la fiscal.

El último hecho tuvo lugar el 5 de mayo y al día siguiente Marcos mandó cinco mensajes de voz a personas de su confianza que trabajaban en el lugar, entre ellos la psicóloga. Decía que no quería ir más a catequesis porque el religioso lo tocaba.

Esta situación generó la intervención de la dirección del lugar que abrió una investigación denominada “canónica” dónde se dispuso el traslado del religioso a Buenos Aires en forma preventiva, aseguraron en un comunicado. Con la investigación canónica preliminar el director y la coordinadora técnica del Cottolengo presentaron la denuncia en Fiscalía por tres víctimas. La investigación arrojó que también Manuel y Pablo fueron sometidos a estas prácticas en forma reiterada. Incluso hay una testigo vio dos circunstancias puntuales, una pasó como un chiste y la segunda vez la testigo vio al imputado apoyarse en una de las víctimas mientras le tocaba sus partes íntimas.

La fiscal lo imputado de abuso sexual simple agravado por su condición de guardador y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la misma condición. Marull pidió la prisión preventiva sin plazo y la defensa, a cargo de José Alcacer y Lucas Peirone, salió al cruce. Para la defensa Marcos es mayor y no está declarado incapaz por lo que debió instar la acción penal y no las autoridades de Don Orione. También pidieron que se deje sin efecto la imputación respecto a un joven que si bien no denunció al religioso, fue mencionado como víctima a partir del relato de Marcos. Los defensores cuestionaron también la calificación penal y pidieron la libertad del religioso. Dijeron que no tiene antecedentes ni tuvo problemas en los lugares en los que prestó servicio en estos 27 años y cuenta con un domicilio en la ciudad. Subsidiariamente pidieron un arresto domiciliario con control electrónico.

La jueza Mónica Lamperti desmenuzó la audiencia en su resolución la que llevó unos 20 minutos. En primer lugar rechazó el planteo de la defensa respecto a Marcos. Dijo que si bien es mayor de edad, sufre una discapacidad. Estaba internado y sometido a la tutela de la institución por lo que el director y la coordinadora son personas hábiles como guardadores para denunciar, aseguró.

“Es el Estado el que tiene interés en la protección de estas personas especialmente vulnerables y el hecho que personas a cargo de ellos puedan vulnerar su integridad, en este caso sexual implica la necesidad de custodiar esa situación”, dijo la jueza.

Los dichos de Marcos fueron evaluados por Lamperti en su totalidad y en ellos también habla de la situación de abuso que sufrió otro de los jóvenes que no quiso hablar sobre el abuso. “Debe darse validez en una investigación donde fue víctima”, explicó y mantuvo también esta acusación en contra del religioso. Para la jueza la medida cautelar en su contra debe ser efectiva, tomando en cuenta su situación de salud – el acusado es insulino dependiente – y su condición de religioso, por lo que dispuso su alojamiento en una cárcel que esté acondicionada para asistirlo medicamente. El plazo lo fijó en 30 días, es decir hasta el 6 de julio. Además ordenó la toma de testimonios de las víctimas a través de una cámara gesell. El pedido lo hizo Marull quien además solicito, especialmente en los casos de dos de los jóvenes que de ser necesario esté presente la psicóloga de los jóvenes y alguien de su confianza para evitar una revictimización. Los nombres de las víctimas de esta nota fueron cambiados para evitar su exposición.