La Defensoría del Pueblo se reunió con industriales y comerciantes de Alcorta y ratificó el pedido de implementar una tarifa social de gas y electricidad para las pymes. Como resultado de una reunión con pymes de Alcorta, profesionales del organismo se constituyeron en esa localidad para verificar la facturación de energía eléctrica. En ese contexto, ratificación la necesidad, planteada desde hace más de dos años, del establecimiento de un cuadro especial para pequeñas y medianas empresas sociales para pymes.


Profesionales de la Defensoría junto a vecinos y comerciantes en la sede del Centro Comercial de Alcorta.

Profesionales de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe atendieron este jueves las consultas de vecinos, comerciantes y empresarios de la localidad de Alvear vinculados con las facturas de servicios públicos. Los agentes, que viajaron hasta esa localidad del departamento Constitución luego de una solicitud realizada por el Centro Comercial y vecinos autoconvocados de Alcorta, explicaron que la institución, hace más de dos años, expresa la necesidad de establecer un cuadro tarifario diferencial pequeñas y medianas empresas, a los fines de mitigar los efectos de las actualizaciones tarifarias en los comercios y la economía familiar.

El equipo de profesionales de la Defensoría del Pueblo atendió en la sede del Centro Comercial de Alcorta a decenas de personas. Las consultas giraron en torno a la facturación de los servicios públicos (desigualdad en la facturación, componente del alumbrado público y porcentaje de la suba) y el costo de los mismos. También brindaron asesoramiento en temas generales.

Los profesionales de la Defensoría del Pueblo recordaron a los interesados las actuaciones llevadas adelante por la institución en todas las audiencias públicas en las que participó desde el año 2016. Especialmente, se expresó que, en reiteradas oportunidades, el organismo requirió la aplicación de una tarifa social, tanto para energía eléctrica como para gas natural, para pequeñas y medianas empresas, “ya que son parte esencial de nuestra economía y muchas veces las tarifas de los servicios públicos conspiran contra su desarrollo y sustentabilidad”.

En abril pasado, la Defensoría del Pueblo insistió con su pedido a la Empresa Provincial de la Energía. En esa oportunidad requirió “la implementación de una tarifa social para las pequeñas y medianas empresas, negocios e industrias, a raíz de la importancia de estos actores en nuestra economía”.