Aunque crítico de la política económica del Gobierno y de su apuro en buscar auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI), el peronismo no kirchnerista está dispuesto a aprobar la ley de presupuesto 2019 en el Congreso.

Sin embargo, no lo votará a libro cerrado: no aceptará que el mayor peso del ajuste del gasto público, una de las condicionalidades del acuerdo con el FMI, recaiga sobre las espaldas provinciales.

“Nunca es bueno dejar a un gobierno sin presupuesto”, enfatizan tanto desde Argentina Federal, el bloque que representa a los gobernadores del PJ, como del Frente Renovador , que lidera Sergio Massa . Esta postura, aunque conciliadora, no debería ser festejada de antemano por el Gobierno: el peronismo bien podría aprobar el presupuesto en general, pero luego imponer, a fuerza de votos, modificaciones en el texto que vayan a contramano de las previsiones oficiales sobre los recortes en el gasto.

Las prevenciones de los gobernadores no son caprichosas. En el acuerdo que suscribió con el FMI, el Gobierno anticipó que, en aras de reducir el déficit fiscal, recortará las transferencias no automáticas a las provincias en un 0,6% del PBI desde este año hasta 2020. Esto implica una reducción del 74% en términos reales de esta partida, que incluye gastos para educación, salud, asistencia social, vivienda, agua potable y transporte.

La negociación no será fácil. Por lo pronto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció que pronto convocará a los gobernadores y a los legisladores de la oposición “a una mesa de trabajo” para discutir, entre otras cosas, el presupuesto 2019. Aún no hay fecha para la cita. “Cambiemos es un gobierno de minoría y necesita el acompañamiento de la oposición”, admitió Frigerio.

Si la oposición retacea su apoyo, algunos actores del Gobierno agitan la amenaza de prorrogar la ley actual de presupuesto (cuyas principales variables macroeconómicas quedaron totalmente desactualizadas con el alza de la inflación y la suba del dólar ). Esta facultad, contemplada en la ley de administración financiera, le permitiría al Poder Ejecutivo distribuir el gasto a discreción. Ya sucedió en 2009: a fines de ese año, una mayoría opositora volteó en la Cámara de Diputados el presupuesto para 2010 que había elevado el kirchnerismo.

Lejos de preocuparse, Cristina Kirchner prorrogó la ley de 2009 y administró los recursos públicos sin límites presupuestarios. Acusó de irresponsable a la oposición y, en 2011, ganó con más del 50% de los votos las elecciones presidenciales.

El PJ no kirchnerista evitará incurrir en ese error: aprobará en general el presupuesto para garantizar la gobernabilidad de Cambiemos, máxime en tiempos de fragilidad económica. De paso marca distancia del kirchnerismo, identificado junto con la izquierda como la oposición más intransigente. Pero los gobernadores del PJ ya avisaron: no serán cómplices del ajuste drástico que el Gobierno planea para el año próximo y apelarán a sus votos en el Congreso si el oficialismo insiste en pasar la guadaña mayor por las provincias. “Nosotros queremos dar una discusión seria y prudente sobre el presupuesto 2019, pero no estamos dispuestos a tolerar que se le tire toda la responsabilidad del ajuste a los gobernadores”, enfatizó el diputado Diego Bossio, de Argentina Federal. En el mismo sentido se expresó el jefe del bloque, Pablo Kosiner.

“La voluntad es aprobar el presupuesto, pero claro, todo depende de la magnitud del ajuste que se quiera instrumentar –apuntó, por su parte, el diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador–. El Gobierno va a tratar de recortar gastos corrientes a las provincias en materia de salud y de educación, gastos que por sí solas ellas no pueden afrontar”.

El acuerdo con el FMI

Los legisladores peronistas no se equivocan cuando advierten que el ajuste del gasto pasará, en buena parte, por las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias. De hecho, así está establecido en la carta de intención y memorando que el Gobierno firmó con el FMI.

“Las transferencias discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las provincias tomarán estas responsabilidades -reza el acuerdo-. La ley de Responsabilidad Fiscal aprobada hacia fines de 2017 contribuye a alcanzar un sendero fiscal sostenible para el gobierno nacional y las provincias. Según la ley, el aumento previsto en las transferencias automáticas a las provincias alcanzará para compensar la reducción anticipada en transferencias discrecionales”.

¿Cuáles son las transferencias no automáticas (o discrecionales) que la Nación gira a las provincias y de cuánto será el recorte previsto, según el acuerdo? Las transferencias no automáticas son aquellas partidas por fuera de la coparticipación que se gira a las provincias. Son de dos tipos, corrientes y de capital. Dentro del primer rubro, están incluidos programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales; las transferencias y contribuciones a la Seguridad Social (Cajas de Jubilación no transferidas) y la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las trasferencias corrientes no automáticas registraron una participación en el PBI de 0,82% en 2017. En 2020 se pretende reducirla al 0,2% del PBI.

Las transferencias no automáticas de capital contemplan los programas “Acciones de Vivienda y Desarrollo Humano”; “Acciones del Programa Hábitat Nación”, “Recursos Hídricos” e “Infraestructura y Equipamiento” dentro del rubro educación, entre otros. Según el informe de Iaraf, en el acuerdo con el FMI el Gobierno prevé que esta partida culmine con una participación equivalente al 0,03% del PBI, lo que implicaría una reducción equivalente al 95% con respecto a 2017.