El objetivo central es fomentar el espíritu de asociación y cooperación. Otro proyecto votado apunta a registrar a las firmas que operan en venta directa. El proyecto aprobado hace un lustro está en Legislatura.

La Cámara de Diputados sancionó la ley que declara de interés provincial la actividad desarrollada por los centros comerciales e industriales y los centros comerciales a cielo abierto de la provincia con el objetivo central de representar, defender y promocionar la actividad tanto comercial como industrial y de servicios.

Después de cinco años de desencuentros entre las posturas de las dos cámaras legislativas sobre el tema, ayer Diputados terminó aceptando la media sanción del Senado y sancionó la norma que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo. Tras el fracaso del año pasado, un acuerdo previo hizo que el Senado votara un proyecto firmado por Rubén Pirola (PJ- Las Colonias) aceptando aspectos de un proyecto del diputado socialista Julio Garibaldi quien ayer fue el encargado de fundamentar la sanción. En los hechos, el tema fue vehementemente empujado por el justicialista Mario Lacava desde 2013 pero nunca tuvo acompañamiento del Senado.

“El comercio y los servicios representan el 67,2 % del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe y son el segundo rubro en generar empleo en nuestra provincia” destacó Garibaldi. Antes se ocupó de remarcar que Santa Fe era la primera provincia en dictar una ley de este tipo que tiene el respaldo de CAME que viene trabajando la temática desde hace varios años.

Mencionó los fines que percibe la norma: fomentar el espíritu de asociación y cooperación; actuar como persona jurídica con los derechos y prerrogativas que acuerden las leyes de la Nación, de la provincia y disposiciones y ordenanzas municipales, decretos y demás normas legales; lograr la unidad de criterios e intenciones en defensa de los genuinos intereses del comercio, con el propósito de beneficiar a la comunidad y a sus asociados, despojados de intereses personales, políticos y/o religiosos; defender los intereses generales del comercio, la industria y actividades afines, ante las autoridades públicas de cualquier jurisdicción; ejercer el derecho de petición ante los poderes constituidos en demanda de leyes, decretos o disposiciones administrativas o modificación de las existentes, en su caso, en el sentido de que ellas faciliten el desenvolvimiento del comercio e industria, asegurando sus transacciones o favoreciendo sus intereses legítimos; representar al conjunto de sus asociados en cuestiones de carácter general que interesen a las actividades comerciales agrupadas; difundir entre sus asociados por los medios que se juzguen más eficientes, el conocimiento amplio de las leyes y demás normas jurídicas que atañen al comercio e industria, acrecentando a la vez la cultura e ilustración de sus asociados, mediante la fundación de bibliotecas, periódicos o revistas, conferencias y demás medios idóneos, manteniendo al efecto organismos y oficinas de consulta en el orden comercial, económico, financiero y jurídico; cooperar en toda iniciativa de bien público que sea de origen oficial o particular; asociarse y constituir federaciones de segundo grado; y fomentar la iniciativa y la articulación público-privada para el cumplimiento de sus objetivos.

En el articulado se dispone la creación de fondo para el desarrollo de la actividad aunque las partidas las deberá colocar el Ejecutivo en el presupuesto anual. Esos recursos deberán ser utilizados para apoyo técnico, urbanístico comercial, gerenciamiento ejecutivo del centro; capacitación y formación y para programas de promoción y animación comercial.

Venta directa

Antes, la Cámara de Diputados, aprobó y giró al Senado un proyecto del socialista Joaquín Blanco creando un registro único de empresas de venta directa o multinivel. El autor señaló que el proyecto nació de la preocupación de cientos de personas que dicen sentirse estafadas por ese modelo de negocios.

“El proyecto busca evitar las estafas del esquema piramidal de ventas que requieren una inversión inicial por parte de los vendedores independientes” señaló. Luego informó que en nuestro país es un negocio que ronda los 30 mil millones de pesos anuales; involucra cerca de 800 mil personas que se dedican a la venta directa  de las cuales el 92% son mujeres aclarando que el 60 por ciento de ellas lo hace en la modalidad venta multinivel.

Habló el socialista del vacío legal que existe en la materia en nuestro país así como de un fallo emitido en Estados Unidos contra Herbalife, una de las firmas que aplica este sistema de ventas.

“Debemos defender al eslabón más débil de esta cadena”, señaló. Entre otras medidas la norma pide que estas empresas para actuar en territorio santafesino deberán tener un domicilio y oficinas en alguna localidad de la provincia.