El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial que dejó el incentivo de 98 millones de pesos para quien acerque información pertinente sobre la ubicación del submarino desaparecido el 15 de noviembre pasado. La contratación de una empresa privada sigue con idas y vueltas, y hay protesta.

El Ministerio de Defensa dio de baja la recompensa de casi 100 millones de pesos que había ofrecido en febrero pasado para localizar el submarino ARA San Juan, que desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes.

La decisión fue adoptada mediante la resolución 717/2018 del Ministerio de Defensa, que se publicó en el Boletín Oficial de este miércoles con la firma del titular de la cartera, Oscar Aguad. La recompensa consistía en 98 millones de pesos destinados a “aquellas personas que brindaran información y datos útiles que permitan dar con el paradero y la ubicación precisa” del submarino.

El argumento de la norma publicada este miércoles es que “no obstante el esfuerzo denodado del Estado nacional para coordinar y aunar las acciones tendientes a obtener información certera, precisa y veraz que permitieran determinar con precisión la ubicación del Submarino ARA San Juan, la medida en ciernes no ha logrado cumplimentar su objetivo último”.

“La finalidad destinada a generar los incentivos adecuados para que la búsqueda realizada por el material naval de la Armada Argentina sea complementado con la participación de empresas del sector privado, ha resultado a esta altura infructuosa”, añade el texto con la firma de Aguad.

 Abandono y acampe 

Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan continuaban este miércoles su vigilia en la Plaza de Mayo porteña para exigir al gobierno nacional la reanudación de la búsqueda del submarino. Las idas y vueltas en torno a la contratación de una empresa que retome las acciones para dar con la embarcación es el nuevo revés que los hizo tomar la decisión de visibilizar la inactividad oficial y su descontento.

Los familiares coinciden en sostener el acampe hasta que se les entregue una constancia de que la contratación de un privado está formalmente concretada.