La ley que permitía el uso medicinal de Cannabis y sus derivados, ha sido manipulada en su reglamentación al punto de transformarse en una estafa siniestra para quienes la pedían a gritos.

Por Pablo Benito

Cuando se sancionó la Ley N° 27.350 que permitía el uso medicinal de la planta de Cannabis, cientos de pacientes y sus familias que habían encontrado en el medicamento un paliativo para los síntomas de graves patologías, creyeron que el legislador comprendía el drama humano de quienes habían comprobado que una sustancia natural y de producción económica y hasta doméstica, mejoraba su calidad de vida en forma notable. Hasta el momento la legalización del uso de la marihuana ha sido para el aplauso de las gradas complejizando el acceso al medicamento de manera cruel e innecesaria, con pacientes que necesitan urgentemente el suministro para continuar con los tratamientos que, principalmente, ayudan a sobrellevar el dolor, a quienes padecen en su cuerpo, y la angustia al entorno que acompaña.

Año y medio después

La ley de “investigación médica y científica de los usos medicinales de la planta de cannabis y sus derivados” vio la luz el 29 de marzo de 2017. La norma estipulaba un plazo máximo de 60 días para ser reglamentada. La primera muestra de que algo entendió -el Estado- sobre la urgencia de resolver el problema se dio en el primer vencimiento para su reglamentación. Un decreto salvó el “error” y con 180 días de retraso se aprobó su instrumentación el 22 de septiembre del 2017. La demora, estaba demostrando una incoherencia insostenible. Los legisladores entendían que era un asunto de salud pública y hasta de piedad para quienes necesitaban la provisión de la sustancia para mitigar el sufrimiento y avanzar hacia una posible cura, pero una rara pereza extendía los plazos. Finalmente, la reglamentación llegó y con ella la desazón de quienes habían luchado para obtener la ley. Organizaciones y asociaciones de pacientes, usuarios, familiares y profesionales de la salud que requerían de una ejecución más amplia de la que finalmente se produjo, y de la cual siquiera fueron consultadas. La reglamentación no hizo más que cuidar las formas para no rozarse con una supuesta legalización de la marihuana. Con el objeto puesto en establecer delimitaciones institucionales, reglas de administración y regulaciones estrictas, modificó el espíritu del legislador concentrándose excluyentemente en lo referido a la investigación prolongando la instalación de una logística que garantice, con inmediatez, la llegada del medicamento a quienes se había comprobado por los resultados el amplio beneficio del suministro sin, siquiera, esbozarse rastros de efectos secundarios, en rigor al paliativo que significa.

Hecha la ley, hecha la farsa

Se reglamenta la creación del “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados en relación a tratamientos no convencionales”, y se determina la participación de diversos órganos del Estado con exagerado esmero por cumplir pasos que, incluso en países desarrollados, ya han consumido etapas de investigación y constatación. Allí aparecen la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, la autorización al CONICET, el INTA, la ANMAT, el SENA, y demás instituciones junto el Ministerio de Seguridad, omitiéndose la participación de las organizaciones y profesionales que llevan años trabajando en el tema con lo que se desperdicia esa experiencia y ese compromiso de los que más necesitan que la ley funcione para bien y no para cuidarse de un “supuesto” mal.

Régimen de inscripción

El mecanismo de inscripción de pacientes al Programa Nacional, se establece que son los pacientes, pasibles de integrar el registro de usuarios, sobre quienes se realizará la investigación. La ley 27.350, que ordenaba al Estado “Garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa”, lo que se traduce en el acceso libre al aceite importado por el Estado tiene la contraprestación de ser pasible de la provisión siempre y cuando se cumpla con el sometimiento de “conejillos de india” para dicho programa. Para complicar, aún más el acceso al producto, la provisión del aceite “enmascarada” en la investigación de su aplicación, reduce el stock en el sistema y omite regular sobre la producción del óleo de cannabis en nuestro territorio y limitó la aplicación a quienes se encuentren enmarcados en las patologías estipuladas, exclusivamente, por la Organización Mundial de la Salud para tratamientos similares, debiéndose contar con la necesaria prescripción médica para el consumo de los derivados del cannabis. Inexplicablemente se omite el principal pedido de pacientes y familiares, impulsores de la ley, que reclamaba el facilitamiento del “autocultivo” y el “cultivo comunitario” de la planta de cannabis, para así proveerse fácilmente de este “yuyo” tan natural y conocida como cualquier otra especie con similares efectos psicotrópicos pero con menor publicidad y valor agregado -por la criminalidad de su entorno- que el tetrahidrocannabinol (THC).

Volver a empezar

Atrapados en las redes de la burocracia, pacientes, usuarios y familiares que dieron una lucha denodada por concientizar a la sociedad del interés supremo de los más vulnerables la mayoría de ellos niños, han sido estafados en su confianza por el Estado, hasta el momento y hoy retoman su causa y solicitan el compromiso de medios y comunicadores en general para movilizar voluntades de la sociedad en general para dar un manto de coherencia a su padecimiento. El trabajo de cientos de miles de ciudadanos, de padres y madres que visibilizaron un verdadero drama que, en este caso, más que solución tenía un urgente paliativo a una demanda desesperada que exigieron una norma que los comprenda. Esa norma se ha visto tergiversada, en su aplicación, por la absurda preeminencia del prejuicio cultural, aunque, evidentemente, la criminalidad que da valor agregado a lo prohibido y riega de corrupción a las instituciones, necesariamente, meten la cola cada vez que emerge la posibilidad arruinar tan nefasto negocio oscuro. Debe la opinión pública, a partir de la opinión y difusión publicada, saber que lo manifestado a lo largo horas intensas de debate, de legislación y, posteriormente, de aplicación de la ley, ha tenido el objetivo de lograr una norma y una reglamentación de avanzada y sensible, no obstante, se optó por una restricción al espíritu del legislador en la ley 27.350.

Testimonios

Entre los relatos ofrecidos por CAMEDA (ONG Cannabica Medicinal Argentina), está Valeria. Su hija tiene 9 años y padece Parálisis Cerebral y epilepsia. “Por muchos años cambiamos de medicamentos tratando de ‘solucionar’ sus convulsiones, pero sin mucho éxito. Decidimos empezar con el Cannabis medicinal en septiembre de 2014. Si bien en cuanto a la epilepsia algunos días eran buenos, no vimos grandes avances. Por el contrario, logro enseguida un descanso mucho mayor y mejor durante la noche. Lo que nos permitió, sacarle el Rivotril (medicamento que tomaba casi desde que nació) enseguida y nunca más lo retorno”. Valeria señaló que al mes lograron conseguir un aceite con 4% de CBD y bajísimo THC y así empezamos el tratamiento siempre en dosis muy bajas. Ya de a poco, lograron ver mejoras en la epilepsia en un 20 % de disminución. “Seguimos en tratamiento por 3 meses aproximadamente hasta empezar con un nuevo aceite con 15% de CBD y aunque llevo un tiempo ver el éxito, diríamos que 3 meses después vimos que era totalmente efectivo. No hemos notado ninguna contra indicación. No ha estado más dormido durante el día, ni irritable, ni le quito el apetito ni nada malo. Necesito que esto esté regulado para no quedarme sin el aceite y para darle el correcto, para poder probar mejores”, apuntó. Por su parte Soraya es madre de Katrina (quien tiene 8 años con Encefalopatía Epiléptica no Evolutiva y Epilepsia Refractaria post Hipoxia Perinatal). “Al nacimiento Katrina sufrió una falta muy importante de oxígeno, debido a vuelta de cordón umbilical que le provocó un daño muy severo a nivel cerebral. A la hora del nacimiento comenzaron las convulsiones y nunca más se detuvieron, si bien su daño cerebral le produjo una discapacidad severa, la Epilepsia Refractaria fue destruyendo neuronas en cada convulsión y fue perdiendo aún más su autonomía”. Además, el último pronóstico de su pediatra fue: desconectarla, porque así no puede seguir viviendo, porque no es vivir. “Empecé a tratar a Katrina con tintura cannabica. Al 3° día notamos que las convulsiones eran más leves y más cortas en duración. Al día 19 de utilizar la tintura mi hija se despertó. Hacía dos años que no se despertaba sin convulsionar. Hemos llegado a 800 convulsiones diarias. En fin, estuvo todo el día sonriendo. Conectada, girando la cabeza buscando a su papá. Jugando y lo más importante respirando sola. Todo esto con solo 7 gotitas por día. A los dos días volvió a desconectarse, pero sus convulsiones siguen siendo leves y menor cantidad”. Soraya sostuvo que el motivo que este estado ideal que tuvo no persistiera es que, como no cuentan con acceso a la cepa de alto contenido de CBD, han probado con el Cannabis que consiguieron. “Todo es prueba y error en dosis, cantidades y horarios. Necesitamos que esto esté regulado para poder conseguir el aceite y la cepa ideal para el tratamiento de la epilepsia para que mi hija, al menos, respire sola o se ría una vez por mes y al menos viva”.