Viernes, a las 10. El gobernador Miguel Lifschitz está en la sede de la Gobernación en Rosario. Dos horas después se reunirá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en ese momento recorre el Centro de Justicia Penal, que fue tiroteado hace una semana.

Al encontrarse, se enterarán de otro ataque contra un edificio en pleno centro vinculado con la jueza Marisol Usandizaga, una de las integrantes del tribunal que condenó a Los Monos. Ya se produjeron 12 atentados contra magistrados y funcionarios que investigaron a esa banda narcocriminal. Es la principal preocupación del gobierno santafesino, pero el problema de la violencia no parece encontrar límites.

-¿ Está en juego la institucionalidad de Santa Fe si no se logra frenar los ataques?

-Hice un llamado a todas las fuerzas políticas para dar un fuerte respaldo a la Justicia, teniendo en cuenta que las balaceras tuvieron relación directa con el juicio a la banda de Los Monos. Buscan amedrentar e intimidar a quienes tienen responsabilidades en esos procesos judiciales. Había que hacer un llamado para tener una posición común en un momento en que los jueces no se sienten muy cómodos en estas circunstancias. El respaldo se concretó. Lo que está pasando es parte del trayecto que transitamos en la lucha para desarticular estas organizaciones criminales, que son un fenómeno nuevo en la Argentina. Antes estábamos acostumbrados a episodios de inseguridad individuales. Lo más organizado en el campo del delito era una entradera o el robo a un banco. Esto fue así hasta que apareció el narcotráfico. Ahora estamos viendo la aparición de estas bandas más complejas. Y combatirlas requiere de otras estrategias del Estado, tanto a nivel policial como judicial. Esa es la experiencia que venimos realizando, con resultados que son positivos. Hoy los grupos organizados están bajo proceso y desmembrados, aunque existen resabios activos, y como vimos en este caso, desde la cárcel se coordinan los ataques. Estamos sufriendo estos ataques porque decidimos no negociar ni convivir con los narcos, como ocurre en otros lugares, donde hay una especie de ecosistema de convivencia no formal, pero se tolera a este tipo de bandas. Nosotros tomamos el camino de enfrentar a los narcos y tiene algunos costos, como los picos de violencia que se dan.

-¿Desde el Estado se subestimó a este tipo de bandas?

-Hay circuitos de protección por fuera de la organización, profesionales que actúan y empresas que blanquean. Los Cantero han diversificado sus actividades por fuera del narcotráfico. Hay otras ramas de la economía que les brindan más dinero que la venta de drogas. Remises, usurpación de viviendas, boliches, entre otros. Son cosas en las que es fácil lavar el dinero y se combina siempre con la venta de droga. El Estado tiene que tener otra capacidad de reacción. Tiene que tener cuerpos más y mejor preparados tanto en las fuerzas de seguridad como en la Justicia.

-¿Se le hace difícil al Estado competir con el modelo de un auto importado, la pistola 9 mm que se impuso en los barrios?

-Tiene su complejidad. El narcotráfico es un resorte económico. Por ejemplo, una mujer sola con cuatro chicos, sin educación, que vive en un barrio pobre, con suerte puede aspirar a un trabajo doméstico, si consigue dejar a los chicos con algún familiar. Si vende droga en el barrio le deja un sueldo de $ 15.000, sin moverse de su casa mientras cuida a sus hijos. Es tentador. ¿Qué le puede decir uno a esa mujer? Es complejo competir con ese negocio. Pero creo que estamos a tiempo en Rosario. Hay otros lugares del país más complejos. Aquí tenemos presencia del Estado. En más de 30 barrios se está realizando el programa Nueva Oportunidad, que incluye a 10.000 jóvenes que abandonaron el colegio, muchos son adictos, con antecedentes penales. Se organizan grupos de 10 chicos con capacitadores y se hace un seguimiento con actividades tres veces por semana en capacitación en oficios y un tercer tiempo, que es un espacio de diálogo. Esos chicos están al borde, son potenciales víctimas o victimarios. Y hay que apostar a ellos, si no, vamos a tener más bandas como Los Monos, los Funes o los Caminos.

-¿ Hay cómplices para que las bandas narco puedan llevar adelante sus ataques?

-Debe haber. Sería raro que no los hubiera. Seguramente estas cosas que estamos viendo que suceden en las cárceles son atribuibles a penitenciarios que reciben dinero. Las condiciones de las cárceles no se adaptan a estas nuevas realidades del crimen organizado. Hay que tener mejores mecanismos de control. Está dando vuelta la idea de que podría haber complicidad policial en estos casos de los tiroteos a los jueces. Yo creo que puede haber, pero aún no aparece. Y no lo descarto. En el juicio a los Monos quedó claro la complicidad policial con esta banda. Y esto pasó hace poco tiempo, menos de cinco años. Muchos comisarios que actualmente están en funciones seguramente algo habrán visto o en algo habrán participado. El dilema es cómo transformás a la fuerza de seguridad. No podés prescindir de los policías. Los necesitás y al mismo tiempo tenés que producir cambios. Son claves las directivas políticas que les das. Si les dejás una hendija, te hacen un desastre y es muy difícil pararlo. A veces no admitirles que hagan nada por fuera de lo que tienen que hacer tiene un costo en materia de eficacia. Podrían resolver casos mucho más rápido.

-¿Fue efectivo el arribo de Gendarmería de manera intermitente desde 2014?

-Creo que en esta etapa hemos hecho un trabajo positivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene códigos. Las cosas que acordamos se cumplen. No nos ha hecho operaciones ni trató de sacar provecho político de la situación. Se logró un buen clima de trabajo.