El Gobierno ha aprobado este viernes en la reunión del Consejo de Ministros la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos mediante un decreto ley, tal y como se había avanzado esta semana y ha anunciado en la rueda de prensa posterior la Vicepresidenta, Carmen Calvo.

El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-Ley que deberá ser validado por el Congreso de los Diputados antes de 30 días para modificar la ley de Memoria Histórica de Zapatero por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

“El decreto permite cumplir con las indicaciones de Naciones Unidas, la ley de 2007 y la proposición del Congreso sin que hubiera ningún grupo en contra”, ha detallado Calvo. “Es inasumible una tumba de Estado para Franco en una democracia madura”, ha opinado.

“El Real decreto indica en un párrafo en el artículo 16 la urgencia para la exhumación una vez se convalide por el procedimiento de ley”, ha explicado la vicepresidenta. “Hay mucho por hacer en materia de memoria histórica en nuestro país”, ha añadido. El procedimiento administrativo irá al Consejo de Ministros de la semana que viene, lo que permitirá iniciar los trámites. Con todo el Ejecutivo de Sánchez cree que el proceso concluirá antes de final de año.

“La exhumación será con todas las garantías correspondientes y legales y la familia será oída y tendrá 15 días para hacerse cargo de los restos de su familiar”, ha explicado. En caso de que no se pronuncien o no planteen ningún lugar será el Gobierno quién decida a que lugar “digno y respetuoso se trasladen los restos”, por lo que habrá un segundo acuerdo en función de lo que diga la familia. Por ahora su posición ha llegado al Ejecutivo a través de la abadía de benedictinos del Valle.

El propósito del Ejecutivo es que sea una exhumación discreta para evitar incidentes y podría realizarse en dos meses, una vez la cámara baja le dé el visto bueno. El acuerdo de este viernes tendrá una duración de doce meses, si bien la vicepresidenta considera que podría ser antes de final de año y no ha querido pronunciarse sobre un lugar en caso de que la familia no se pronuncie. Calvo ha reconocido que la exhumación llega tarde y ha apuntado que el Gobierno de Rajoy dejó inane la ley de Memoria Histórica de Zapatero. Además ha recordado el informe de los expertos que consideraba preferencial la exhumación, que llega 40 años después de que se aprobara la Constitución.

El ministro de Cultura valoró en una entrevista con Europa Press que el Valle de los Caídos se podría convertir en “un Auschwitz del franquismo”, aunque matizó después que se trataba de una opinión personal y no del Ejecutivo. A partir de la exhumación “el Valle cumplirá una primera función prevista en la ley de Memoria Histórica, el respeto a las víctimas que están allí de ambos bandos y la paz”, ha señalado Calvo, que de ese modo sale a las críticas del PP que acusa al Gobierno “reabrir heridas”.

El Gobierno ha defendido que los restos de José Antonio Primo de Rivera, en tanto que víctima de la contienda, se mantengan en el Valle aunque deberían ser trasladados a un lugar no preeminente, según dictaminaba la proposición no de ley del Congreso del año pasado. Calvo se ha escudado en que la urgencia que señaló la ONU era sobre Franco.

El PP recurrirá el decreto al considerar que no hay urgencia y Ciudadanos lo tilda de “cortina de humo”

El PP tiene previsto un recurso al decreto de este viernes y Casado ya señaló que “no permitirán que deshagan la mejor historia de España, la reconciliación de la Transición, la del abrazo y la del pacto”. El sistema elegido del decreto ley, que lleva implícito un carácter de urgencia, será recurrido por el PP y no el fondo de la cuestión.

García Egea ha señalado en Onda Cero que recurrirán todos los decretos leyes que consideren que no son urgentes. Si bien Moncloa apuntó este jueves que se trata de una medida habitual en los primeros meses de un Gobierno y que quien más uso ha hecho de ellos ha sido el antecesor de Sánchez, Mariano Rajoy. El número dos del PP ha criticado que el presidente del Ejecutivo pretenda “enmendar la Transición” con 84 diputados.

Por su parte, la Fundación Francisco Franco ha anunciado que interpondrá acciones legales para impedir la exhumación del dictador y ha calificado la medida del Gobierno de “ejercicio mezquino de revanchismo”, al tiempo que ha acusado a Sánchez de cometer un “grave quebranto” del ordenamiento jurídico.

Fuentes de Moncloa apuntaron este jueves que “era urgente exhumar al dictador Franco del Valle de los Caídos”, ya que fue exigido con preferencia por el Congreso de los Diputados en mayo 2017, “sin que el Gobierno anterior hiciera nada”. “No podemos perder ningún instante”, ha señalado este viernes Calvo. José Guirao señaló este jueves en El Món a RAC1 que PP y Ciudadanos se excusan con el decreto para no respaldar la exhumación.

La vicesecretaria de política social de los populares, Cuca Gamarra, ha señalado en RNE que “abrir heridas de hace 40 años es irresponsable y únicamente intenta tapar otros tipos de problemas”, algo que también ha apuntado José Manuel Villegas, secretario General de Ciudadanos, que ha pedido que no se haga mediante decreto sino con una proposición de ley.

Podemos pide que se juzguen los crímenes franquistas

Desde Podemos, Ione Belarra advierte en una entrevista con la agencia Efe de que “no basta” con la exhumación, “además hay que juzgar a los criminales franquistas”. La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso sostiene que la situación del Valle de los Caídos no se soluciona sólo con sacar a Franco, sino con hacer una política coherente de memoria democrática y, por ello, avanza que en septiembre Unidos Podemos presentará una propuesta participada con asociaciones memoriales y de víctimas para ver qué se hace con el Valle de Cuelgamuros.

La portavoz adjunta explica que la propuesta estará también a disposición de los grupos parlamentarios “porque la recuperación de la memoria democrática no es exclusiva de un partido o de una asociación, es algo en lo que tiene que implicarse toda la ciudadanía”. Belarra también recalca que “hasta ahora no se ha juzgado a ningún criminal franquista” pero, además, se han puesto “piedras en el camino para que no se les juzgue”.

Los soberanistas piden que se anulen las condenas franquistas

El soberanismo ha celebrado el anuncio de la exhumación esta semana, pero también ha pedido que se anulen los juicios del franquismo, como el de Lluís Companys, y el PNV aboga por demoler el Valle de los Caídos. Aitor Esteban, su portavoz en el Congreso, cree que el PP y Ciudadanos “compiten” por “captar los votos de quienes se sienten los herederos de la dictadura”, al no respaldar el decreto de Ley del Gobierno de Sánchez. En una entrevista con Europa Press, el portavoz jeltzale rechaza que el Valle se convierta en un cementerio militar, en “el Arlington español” que ha pedido Ciudadanos.

A juicio de Esteban se tenía que haber ido mucho más allá” cuando se aprobó la Ley de Memoria histórica durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre la posibilidad de anular condenas franquistas señala que a su partido no le importan ya que consideran que “una condena franquista es una medalla”.